El Salvador es, en este sentido, un caso que merece una reflexión particular. Somos un país pequeño, densamente poblado, con uno de los niveles de desigualdad más persistentes de la región, y con una historia de violencia que ha dejado heridas profundas en el tejido social.

La intensificación de la competencia geoeconómica entre Estados Unidos y China en América Latina plantea la pregunta de si los Estados de la región disponen de instrumentos jurídicos, institucionales y tecnológicos para proteger sectores estratégicos.

Hay una escena que se repite con frecuencia en debates públicos, reuniones de trabajo y conversaciones cotidianas: alguien cita una cifra y, de inmediato, el resto de la sala asiente.

Hay una pregunta que recorre la sociología política desde hace un siglo y que en El Salvador contemporáneo adquiere una urgencia particular: ¿por qué amplios sectores de la población aceptan, justifican o incluso defienden con entusiasmo decisiones políticas que pueden afectar negativamente sus prop