El sentido común como campo de batalla

Hay una pregunta que recorre la sociología política desde hace un siglo y que en El Salvador contemporáneo adquiere una urgencia particular: ¿por qué amplios sectores de la población aceptan, justifican o incluso defienden con entusiasmo decisiones políticas que pueden afectar negativamente sus propios intereses materiales? La pregunta no es retórica ni busca señalar una supuesta ingenuidad de las mayorías. Por el contrario, parte de una convicción opuesta: que el consentimiento popular tiene siempre una racionalidad, una base de experiencia y una lógica que es preciso comprender antes que juzgar.

Quien escribe lo hace desde una tradición intelectual que ha hecho de esta pregunta su materia central. La sociología, desde sus orígenes, se ha interrogado por el orden social: por qué las personas obedecen, por qué consienten, por qué reproducen con sus propias prácticas las estructuras que las condicionan. La respuesta fácil —que las mayorías son manipuladas, engañadas o ignorantes— es a la vez teóricamente pobre y políticamente estéril. Pobre, porque atribuye a la «falsa conciencia» lo que merece una explicación más fina. Estéril, porque conduce al desprecio del pueblo al que se dice querer emancipar.