Universidad de El Salvador

El sentido común como campo de batalla

Poder político y consenso en El Salvador contemporáneo

Ensayo de reflexión sociológica

Lic. José Raúl Dubón Huezo

Sociólogo

Universidad de El Salvador

El sentido común como campo de batalla:

poder político y consenso en El Salvador contemporáneo

Por Lic. José Raúl Dubón Huezo · Universidad de El Salvador

I. Introducción: una pregunta incómoda

Hay una pregunta que recorre la sociología política desde hace un siglo y que en El Salvador contemporáneo adquiere una urgencia particular: ¿por qué amplios sectores de la población aceptan, justifican o incluso defienden con entusiasmo decisiones políticas que pueden afectar negativamente sus propios intereses materiales? La pregunta no es retórica ni busca señalar una supuesta ingenuidad de las mayorías. Por el contrario, parte de una convicción opuesta: que el consentimiento popular tiene siempre una racionalidad, una base de experiencia y una lógica que es preciso comprender antes que juzgar.

Quien escribe lo hace desde una tradición intelectual que ha hecho de esta pregunta su materia central. La sociología, desde sus orígenes, se ha interrogado por el orden social: por qué las personas obedecen, por qué consienten, por qué reproducen con sus propias prácticas las estructuras que las condicionan. La respuesta fácil —que las mayorías son manipuladas, engañadas o ignorantes— es a la vez teóricamente pobre y políticamente estéril. Pobre, porque atribuye a la «falsa conciencia» lo que merece una explicación más fina. Estéril, porque conduce al desprecio del pueblo al que se dice querer emancipar.

Este ensayo sostiene una tesis: el poder político se reproduce menos por la fuerza que por la capacidad de moldear el «sentido común» —ese conjunto de creencias, evidencias y certezas que damos por descontadas y que rara vez sometemos a examen—. Distintos proyectos políticos, de cualquier signo, compiten permanentemente por apropiarse de ese sentido común para convertir sus intereses particulares en aparentes intereses generales. No se trata de denunciar a un gobierno concreto, sino de iluminar un mecanismo que opera bajo cualquier color partidario, en cualquier época y en cualquier país.

El recorrido será el siguiente. Primero estableceremos el marco teórico, partiendo de Antonio Gramsci y sus herederos. Luego anclaremos ese marco en la realidad salvadoreña a través de los estudios de Alexander Segovia sobre el poder económico. A continuación examinaremos la base material verificable del consenso, el debilitamiento de los contrapesos sociales, la transformación de la esfera pública por las redes sociales y los mecanismos psicológicos del consentimiento. Cerraremos con los aportes de Bourdieu y Martín-Baró y con una síntesis que responda a la pregunta inicial.

II. Marco teórico: Gramsci y la batalla por el sentido común

El punto de partida obligado es Antonio Gramsci (1891-1937), el pensador y dirigente comunista italiano que escribió, encarcelado por el régimen fascista de Mussolini desde 1926 (con la redacción de los cuadernos iniciada en 1929), sus Quaderni del carcere (Cuadernos de la cárcel). Allí desarrolló de manera fragmentaria —en parte para eludir la censura carcelaria, en parte por las propias condiciones de su escritura— un conjunto de conceptos que transformaron la teoría política del siglo XX y que siguen siendo herramientas indispensables.

El concepto central es el de hegemonía. Frente a una concepción del poder reducida a la coerción del Estado —los ejércitos, la policía, las cárceles—, Gramsci observó que las clases dominantes mantienen su posición no solo mediante la fuerza, sino mediante la dirección intelectual y moral de la sociedad. Logran que su visión del mundo aparezca como la visión natural, sensata, de todos. La hegemonía es esa combinación de coerción y consenso, con predominio del segundo: gobierna mejor quien no necesita reprimir porque ha logrado que los gobernados consientan, e incluso deseen, el orden existente.

El terreno donde se libra esa batalla es el sentido común (senso comune). Aquí Gramsci introduce una distinción que es la clave de todo nuestro análisis y que conviene precisar con cuidado, pues la traducción puede inducir a error. Gramsci distingue entre el sentido común —la «filosofía de los no filósofos», es decir, la concepción del mundo absorbida acríticamente de los diversos ambientes sociales y culturales en que se desarrolla la individualidad moral de las personas— y el buen sentido (buon senso), que es el núcleo sano, crítico y experimental contenido dentro de ese mismo sentido común. En el Cuaderno 11, Gramsci describe el sentido común como un concepto equívoco, contradictorio y multiforme, y advierte que referirse a él como prueba de verdad es un sinsentido; añade que es groseramente conservador y hostil a lo nuevo. Su proyecto político e intelectual consistía precisamente en partir del sentido común realmente existente —no despreciarlo— para elaborar críticamente el buen sentido que late en él. Esta es una lección decisiva: la crítica no puede edificarse contra el saber popular, sino desde dentro de él.

Vinculados a la hegemonía aparecen otros conceptos que utilizaremos. Los intelectuales orgánicos son aquellos que cada clase o grupo social genera para darse homogeneidad y conciencia de su propia función, no solo en el campo económico sino en el social y político; se distinguen de los «intelectuales tradicionales» (el clero, los académicos) que se presentan como independientes pero cumplen también funciones de articulación. El bloque histórico es la unidad orgánica entre estructura (las relaciones materiales de producción) y superestructura (las ideologías, las instituciones, la cultura): no una relación de mero reflejo, sino una totalidad articulada por los intelectuales. Y la dialéctica entre consenso y coerción atraviesa toda la reflexión gramsciana sobre cómo se gobierna realmente una sociedad: el Estado, dirá, es «hegemonía acorazada de coerción».

Los herederos: Hall, Crehan, Williams, Laclau y Mouffe

El pensamiento gramsciano fue retomado por una tradición que resulta especialmente pertinente para nuestro análisis.

Stuart Hall (1932-2014), el teórico cultural británico de origen jamaicano y figura central de los estudios culturales, aplicó las categorías gramscianas al análisis del thatcherismo en The Hard Road to Renewal: Thatcherism and the Crisis of the Left (Verso, 1988). El ensayo más célebre de ese volumen, «Gramsci and Us», muestra cómo Margaret Thatcher logró traducir una doctrina económica monetarista al lenguaje de la experiencia, el imperativo moral y el sentido común. Hall acuñó las nociones de «populismo autoritario» y «modernización regresiva» para describir cómo un proyecto puede explotar el descontento popular para construir consenso. Su tesis nuclear es que el poder político no puede comprenderse sin examinar los desplazamientos en el terreno cultural e ideológico, y que la izquierda fracasa cuando se limita a denunciar el «engaño» en vez de preguntarse por qué millones consienten.

Kate Crehan, profesora emérita de antropología de la City University of New York, ofrece en Gramsci's Common Sense: Inequality and Its Narratives (Duke University Press, 2016) la relectura contemporánea más útil del concepto. Crehan caracteriza el sentido común como un cuerpo heterogéneo de certezas asumidas: un conocimiento dado por sentado que no necesita demostrarse ni apoyarse en evidencia —si su «verdad» no es inmediatamente obvia para cualquier persona razonable, entonces no es sentido común—. Analizando casos como el Tea Party y Occupy Wall Street, Crehan muestra cómo las narrativas del sentido común estructuran la experiencia de la desigualdad y cómo, en una época de «posverdad», la construcción de relatos se vuelve un terreno de disputa decisivo.

Raymond Williams (1921-1988), el crítico cultural galés, aportó desde el materialismo cultural la noción de que la cultura es un proceso vivo y disputado —con elementos «dominantes, residuales y emergentes»— y no un mero reflejo pasivo de la economía. Esta idea refuerza la lectura gramsciana: lo cultural tiene eficacia propia.

Finalmente, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, en Hegemonía y estrategia socialista: hacia una radicalización de la democracia (publicado en inglés en 1985), radicalizaron la noción de hegemonía hacia una teoría del discurso. Para estos autores posmarxistas, conceptos como «pueblo», «libertad», «patria» o «democracia» funcionan como significantes vacíos o flotantes: símbolos amplios, con los que casi todos podemos identificarnos, cuyo contenido distintos proyectos políticos buscan fijar a su favor mediante «cadenas de equivalencia». La lucha hegemónica es, en buena medida, la lucha por llenar de sentido esos significantes. Esta perspectiva es útil —aunque Laclau y Mouffe hayan sido criticados por desligar la hegemonía de la base económica— para entender cómo un mismo discurso (por ejemplo, «el cambio», «lo nuestro», «la gente») puede aglutinar demandas heterogéneas e incluso contradictorias.

III. El poder económico en El Salvador: la tesis de Alexander Segovia

Para anclar la teoría en la realidad salvadoreña conviene recurrir a los trabajos del economista Alexander Segovia, doctor en economía por la Universidad de Londres, máster en políticas públicas por Oxford, ex Secretario Técnico de la Presidencia de El Salvador (2009-2014) y presidente del Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social (INCIDE). Sus investigaciones son fundamentales para entender la transformación del poder económico en el país y la región.

En Transformación estructural y reforma económica en El Salvador (F&G Editores, 2002), Segovia analiza cómo las reformas neoliberales de los años noventa —liberalización comercial, privatizaciones, «modernización del Estado»— redefinieron el mapa económico. En Integración real y grupos de poder económico en Centroamérica (Fundación Friedrich Ebert, 2005), documenta cómo los grupos económicos centroamericanos se integraron y expandieron regionalmente. Y en su obra posterior Economía y poder: recomposición de las élites económicas salvadoreñas (F&G Editores, 2018), profundiza en la diversificación y transnacionalización de esas élites.

La tesis de Segovia es directamente relevante para nuestra pregunta. Tras la guerra civil y los Acuerdos de Paz, las élites económicas salvadoreñas se transformaron profundamente: dejaron de basarse en la tenencia de la tierra y el modelo agroexportador del café para diversificarse hacia las finanzas, los servicios y el comercio y, posteriormente, transnacionalizarse —invirtiendo en múltiples países y, en muchos casos, vendiendo sus activos a capitales extranjeros—. Segovia ha sostenido que el poder económico de las élites centroamericanas hoy es mucho mayor que el de los antiguos oligarcas, pero su incidencia política directa ha cambiado: los viejos oligarcas controlaban el Estado en regímenes dictatoriales, mientras que las nuevas élites han debido negociar, pactar y a veces perder. Más aún: subraya que las élites ya no piensan de manera homogénea, pues su diversificación sectorial genera intereses distintos.

La conclusión sociológica es importante: en el El Salvador de posguerra, el poder ya no opera principalmente por coerción oligárquica directa, sino por construcción de legitimidad, negociación y consenso —exactamente el terreno gramsciano—. La pregunta de cómo se fabrica ese consenso, y de cómo cualquier proyecto político (de las élites tradicionales, de la izquierda que gobernó entre 2009 y 2019, o de los proyectos posteriores) busca apropiarse del sentido común, se vuelve así central.

IV. La base material del consenso: el contexto socioeconómico salvadoreño

Ninguna batalla por el sentido común ocurre en el vacío. Se libra sobre una base material concreta, y los datos verificables sobre El Salvador dibujan un cuadro de precariedad e incertidumbre que es preciso comprender, porque es esa experiencia cotidiana la que el discurso político busca interpretar y organizar.

Demografía. Según el VII Censo de Población y VI de Vivienda 2024, realizado por la Oficina Nacional de Estadística y Censos del Banco Central de Reserva entre el 2 de mayo y el 26 de junio de 2024 —el primer censo digital del país y el primero en 17 años—, El Salvador tiene 6,029,976 habitantes, de los cuales el 52.8% son mujeres (3,181,443) y el 47.2% hombres (2,848,533). Existen 1,920,668 hogares —cerca de medio millón más que en 2007—, de los cuales el 45% están encabezados por mujeres. La población creció apenas 5% en 17 años, y el país atraviesa una transición demográfica con descenso de la natalidad y envejecimiento progresivo.

Pobreza y desigualdad. El Banco Mundial documenta en su Evaluación de la pobreza y la equidad en El Salvador 2024 (diciembre de 2024) un hallazgo aparentemente paradójico: aunque los ingresos promedio crecen, las cifras oficiales indican que la pobreza aumentó del 26.8% de la población en 2019 al 30.3% en 2023, y que la pobreza extrema acumulaba cuatro años consecutivos de aumento. El coeficiente de Gini se ubicaba en 39.8 en 2023 —una desigualdad de las más bajas de la región, pero aún considerable—. El crecimiento económico ha sido estructuralmente bajo: el PIB creció a una tasa promedio anual de apenas 2.1% durante 2000-2024. El propio Banco Mundial atribuye la persistencia de la pobreza a la combinación de informalidad laboral, baja escolaridad y acceso limitado a servicios básicos, un círculo difícil de superar.

Informalidad laboral. La informalidad es estructural y masiva: alrededor de siete de cada diez ocupados (69.1%) trabaja en la informalidad, una de las tasas más altas de la región, según el mapa socioeconómico del PNUD (2024) y los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del BCR. Esta precariedad —ausencia de seguridad social, ingresos volátiles, jornadas extensas— configura la experiencia material de las mayorías.

Remesas. Las remesas familiares se han convertido en el principal sostén de la economía y en el primer generador de divisas del país. En 2025 alcanzaron un récord histórico de US$9,987.9 millones (+17.8% interanual), equivalentes al 24% del PIB, según el Banco Central de Reserva. Cerca de uno de cada cuatro hogares recibe remesas. Esta dependencia tiene una doble cara: alivia la pobreza y sostiene el consumo, pero vuelve al país estructuralmente vulnerable a la economía y a la política migratoria de Estados Unidos. Existe además un déficit habitacional significativo: la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO) lo estimó en julio de 2024 en más de 400,000 unidades, probablemente medio millón, entre déficit cuantitativo y cualitativo.

Opinión pública. Las encuestas confirman cómo esta base material se traduce en percepción. La encuesta de evaluación de 2024 del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA —instituto fundado por Ignacio Martín-Baró en 1986, con trabajo de campo en diciembre de 2024 y 1,266 entrevistas válidas— halló que el 75.8% de la población identifica el económico como el principal problema del país (la cifra subió desde el 69.9% en 2023). Al mismo tiempo, la confianza institucional es marcadamente dispar: los partidos políticos son la institución en la que menos confía la población, mientras que la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil encabezan la confianza.

El enigma de la democracia. El Latinobarómetro 2024 («La democracia resiliente») añade un dato revelador para nuestra pregunta. El Salvador aparece como el país con mayor incongruencia de apoyo a la democracia de la región: una diferencia de 32 puntos entre quienes están de acuerdo en que la democracia es el mejor sistema de gobierno (79%) y quienes la consideran expresamente preferible a cualquier otra forma de gobierno (47%). Es, simultáneamente, el país con mayor satisfacción con la democracia de la región y el que más percibe que su país progresa (72%). Esta tensión entre adhesión difusa y exigencia de resultados es precisamente el espacio donde se disputa el sentido común.

V. El debilitamiento de los contrapesos sociales

La capacidad de una sociedad para examinar críticamente su propio sentido común depende en buena medida de la existencia de actores organizados que ofrezcan interpretaciones alternativas: sindicatos, movimientos, universidades, prensa independiente, organizaciones comunitarias. Sin ellos, el campo queda despejado para una única articulación hegemónica. En El Salvador, esos actores tienen una historia notable y un presente complejo.

Durante el siglo XX, y especialmente durante la guerra civil (1980-1992), los sindicatos, las organizaciones campesinas, las comunidades eclesiales de base inspiradas por la teología de la liberación, las asociaciones estudiantiles y la propia universidad jugaron un papel central, a costa de una represión brutal. La movilización sostenida de sectores populares y trabajadores presionó hacia la salida negociada que culminó en los Acuerdos de Paz de Chapultepec del 16 de enero de 1992, los cuales pusieron fin a doce años de guerra que dejaron unos 75,000 muertos. Esos acuerdos fortalecieron el sistema de pesos y contrapesos: desmilitarizaron la vida política, redujeron y depuraron la Fuerza Armada, convirtieron al FMLN en partido político y crearon instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Conviene matizar, sin caer en idealizaciones: la sociedad civil tuvo escasa participación directa en la mesa de negociación, y la reforma política no fue acompañada de la reforma económica pendiente.

En la actualidad, diversos analistas y organizaciones de derechos humanos documentan un debilitamiento sostenido de estos contrapesos. Sin tomar posición sobre la legitimidad de ninguna política específica, el dato sociológico relevante es este: cuando se reducen las voces organizadas capaces de producir y difundir interpretaciones alternativas, la batalla por el sentido común se vuelve más asimétrica. El monopolio interpretativo —cualquiera sea su signo— es la condición ideal de toda hegemonía.

VI. La esfera pública fragmentada: redes sociales y emociones

El terreno donde hoy se disputa el sentido común ha cambiado radicalmente respecto del que conoció Gramsci. El concepto de esfera pública de Jürgen Habermas —el espacio de deliberación racional entre ciudadanos privados que se forma históricamente en cafés, salones y prensa, y que media entre la sociedad y el Estado— ha sido transformado, y según muchos autores erosionado, por la irrupción de las plataformas digitales. Críticos como Nancy Fraser ya habían señalado que la esfera pública nunca fue única ni igualitaria; las redes sociales añaden una fragmentación de nuevo tipo.

En El Salvador, la penetración digital es muy alta. Según DataReportal (Digital 2024: El Salvador), a inicios de 2024 había 4.58 millones de usuarios de internet (una penetración del 71.7%) y 3.90 millones de usuarios de redes sociales, equivalentes al 61.1% de la población. Esta intensa mediación digital es el nuevo escenario de la formación del sentido común.

Aquí entran conceptos verificables de la teoría de la comunicación. Eli Pariser acuñó en 2011, en The Filter Bubble, la noción de «filtro burbuja»: los algoritmos de personalización nos exponen cada vez menos a puntos de vista divergentes, encerrándonos en un ecosistema personal de información que refuerza lo que ya creemos. Zeynep Tufekci, socióloga de la cultura digital, ha analizado cómo las plataformas configuran cámaras de eco. Conviene la honestidad epistémica: la evidencia empírica sobre la magnitud real de las burbujas y cámaras de eco es objeto de debate académico, y algunos estudios matizan su alcance. Pero el fenómeno apunta a algo innegable: la fragmentación de la esfera pública potencia la posverdad —la primacía de la adhesión emocional sobre la verificación factual— y una comunicación política emocional, directa y simplificada, que conecta con audiencias golpeadas por la inseguridad y la precariedad. La alfabetización mediática e informacional aparece así como un recurso escaso y desigualmente distribuido.

VII. Psicología y emociones colectivas

La incertidumbre económica, la inseguridad y la frustración social facilitan consensos políticos simplificados. No por debilidad moral de las personas, sino por mecanismos cognitivos universales que la psicología política ha documentado.

El concepto clave es el de razonamiento motivado (motivated reasoning), desarrollado por la psicóloga Ziva Kunda en su influyente artículo «The Case for Motivated Reasoning» (Psychological Bulletin, 1990). Kunda mostró que nuestros deseos, metas y motivaciones moldean la manera en que procesamos la información: cuando estamos motivados a llegar a una conclusión, reunimos selectivamente las pruebas que la sostienen y descartamos las que la contradicen, todo ello sin conciencia de estar sesgados. La imagen recurrente es la del aficionado que solo protesta las decisiones arbitrales que perjudican a su equipo. Aplicado a la política, el razonamiento motivado explica por qué las personas defienden a sus líderes o proyectos incluso ante información desfavorable: revisar la propia creencia genera disonancia cognitiva, y resulta psicológicamente más económico defender la posición que abandonarla. Junto con el sesgo de confirmación y la heurística de disponibilidad, el razonamiento motivado configura una arquitectura psicológica que hace del consentimiento algo perfectamente racional desde la perspectiva del sujeto, aunque contradiga sus intereses materiales objetivos.

VIII. Anclaje latinoamericano: Bourdieu y Martín-Baró

Dos aportes permiten anclar y profundizar la perspectiva, conectándola con la teoría social crítica y, en el segundo caso, con la propia historia intelectual salvadoreña.

Pierre Bourdieu (1930-2002), el sociólogo francés, ofrece tres conceptos convergentes con el de sentido común. La violencia simbólica es esa forma de dominación que se ejerce con la complicidad —en buena medida inconsciente— de quien la padece: las categorías con las que los dominados perciben el mundo son las mismas que produce el orden dominante, de modo que la jerarquía social se les aparece como natural y legítima. El habitus es el sistema duradero de disposiciones adquiridas mediante la socialización en una posición social determinada; es el mecanismo por el cual la estructura social se inscribe en los cuerpos y se reproduce sin necesidad de coacción explícita. Y la doxa es el conjunto de creencias fundamentales que se aceptan como evidentes, que no necesitan afirmarse como dogma porque están más allá de toda discusión, y que impiden siquiera concebir un orden alternativo. La convergencia entre la doxa de Bourdieu y el senso comune de Gramsci es notable: ambos nombran ese fondo de evidencias incuestionadas sobre el que se asienta la reproducción del poder.

Ignacio Martín-Baró (1942-1989), psicólogo social jesuita de origen español y salvadoreño por opción, vicerrector de la UCA y asesinado por el Ejército salvadoreño el 16 de noviembre de 1989 junto a otros cinco jesuitas y dos colaboradoras, es la bisagra perfecta entre la teoría crítica y la realidad salvadoreña. Formado en la psicología social estadounidense, descubrió pronto su insuficiencia para dar cuenta de la realidad centroamericana. Propuso una psicología de la liberación cuyo aporte central es la desideologización: la tarea de desmontar las ideologías que legitiman la dominación y de devolver a los sectores populares un conocimiento crítico y verdadero de su propia realidad. Sostenía que esa desideologización debe hacerse en un proceso de participación crítica en la vida de los sectores populares, y no como imposición desde arriba. Para ello fundó el IUDOP en 1986, con el propósito de conocer las necesidades reales del pueblo mediante la investigación rigurosa de la opinión pública. Su obra ofrece un modelo metodológico y ético: comprender el sentido común salvadoreño no para despreciarlo, sino para colaborar críticamente con el buen sentido que contiene.

IX. Síntesis: por qué se defiende lo que perjudica

Reuniendo los hilos teóricos y empíricos, podemos responder con aproximación a la pregunta central. Los amplios sectores que aceptan, justifican o defienden decisiones que pueden perjudicar sus intereses materiales no lo hacen por ignorancia, manipulación pasiva ni irracionalidad. Lo hacen porque opera un conjunto articulado de mecanismos:

El sentido común dominante ofrece un marco coherente y emocionalmente satisfactorio que da orden y sentido a su experiencia cotidiana de inseguridad y precariedad —una experiencia real, documentada en los datos de pobreza, informalidad y dependencia de remesas—.
Ese sentido común ha sido construido y articulado por intelectuales orgánicos (en el sentido amplio: comunicadores, líderes, productores de contenido) y traducido, como mostró Hall, al lenguaje de la experiencia y el imperativo moral, no al de la doctrina abstracta.
La base material de incertidumbre vuelve atractivos los consensos emocionales y simplificados frente a la complejidad y la ambigüedad; el 75.8% que identifica lo económico como principal problema es terreno fértil para cualquier proyecto que prometa orden y resultados.
El debilitamiento de los contrapesos sociales reduce drásticamente las interpretaciones alternativas disponibles, volviendo asimétrica la disputa hegemónica.
La esfera pública fragmentada y los mecanismos del razonamiento motivado refuerzan la adhesión: la información que confirma la creencia se acepta, la que la contradice se descarta, y los algoritmos amplifican el proceso.
La dominación opera, en última instancia, como violencia simbólica y doxa: se interioriza, se incorpora al habitus y se vive como el orden natural de las cosas, no como una opción entre otras.

La incongruencia que registra el Latinobarómetro —altísima satisfacción y, a la vez, apoyo expreso minoritario a la democracia como principio— se ilumina desde aquí: no es una contradicción de las personas, sino la huella de un sentido común donde el desempeño y la promesa de seguridad pesan más que las normas abstractas. Y, crucialmente, esto no es exclusivo de ningún signo político: la izquierda que gobernó entre 2009 y 2019 también buscó apropiarse del sentido común, como lo hacen las élites económicas que Segovia estudia y como lo hace todo proyecto que aspire a dirigir.

Hacia un «buen sentido» crítico

La conclusión de este análisis no puede ser el desprecio ilustrado por las «masas que aplauden» —tentación elitista que tanto Gramsci como Martín-Baró rechazaron de manera explícita—. Si el sentido común es un campo de batalla, entonces es por definición disputable, y la tarea intelectual y cívica consiste en intervenir en él con honestidad y respeto. En términos escalonados:

Practicar la desideologización en el sentido de Martín-Baró. El primer paso es no imponer verdades desde arriba, sino acompañar críticamente la experiencia de los sectores populares para elaborar, desde dentro, el buen sentido que late en el sentido común. La crítica que desprecia a su destinatario está condenada al fracaso.
Reconstruir y proteger los contrapesos. Fortalecer las organizaciones sociales, sindicales, universitarias, comunitarias y la prensa independiente —los productores de interpretaciones alternativas— es la condición estructural de cualquier sentido común plural.
Invertir en alfabetización mediática e informacional. Frente a la fragmentación de la esfera pública y la economía de la atención, desarrollar capacidades críticas de verificación de información —en el sistema educativo y en la sociedad civil— es una inversión de largo plazo decisiva.
Comprender antes que juzgar. Cualquier proyecto de transformación democrática debe partir de la racionalidad del consentimiento popular y de la realidad material que lo sostiene, no de su negación. El sociólogo no es un juez de las mayorías, sino un intérprete que toma en serio sus razones.

La disputa política es, en el fondo, una disputa por la interpretación de la realidad. Fortalecer la investigación social, el periodismo crítico, la producción de evidencia, los observatorios ciudadanos y la formación de capacidades de análisis no es un lujo académico: es la condición necesaria para construir una ciudadanía capaz de cuestionar las narrativas dominantes y participar de manera más consciente en la vida democrática.

Nota metodológica: hechos, estimaciones e interpretaciones

En coherencia con el compromiso de no inventar fuentes ni cifras, este ensayo distingue tres niveles:

Hechos verificados con fuente: los datos del Censo 2024 (BCR/ONE: 6,029,976 habitantes), del Banco Mundial (pobreza 30.3% en 2023; Gini 39.8), del IUDOP-UCA (75.8% identifica lo económico como principal problema; diciembre 2024), del Latinobarómetro 2024 (incongruencia de 32 puntos), de DataReportal (3.90 millones de usuarios de redes sociales, 2024), del BCR (remesas US$9,987.9 millones, 24% del PIB en 2025) y del PNUD/EHPM (informalidad 69.1%); así como las obras citadas de Gramsci, Hall, Crehan, Williams, Laclau y Mouffe, Segovia, Bourdieu, Martín-Baró, Kunda y Pariser, con sus años y editoriales reales.
Estimaciones y datos con dispersión metodológica: la cifra de déficit habitacional (CASALCO estimó más de 400,000, probablemente medio millón, en 2024; el dato oficial consolidado más reciente proviene del Censo 2007: 360,301 viviendas), y algunos porcentajes de informalidad que varían según la fuente y el año.
Interpretaciones teóricas: la aplicación del marco gramsciano y de la teoría crítica al caso salvadoreño constituye una lectura argumentada del autor, no un hecho empírico. Igualmente, se ha advertido que conceptos como filtro burbuja y cámara de eco son objeto de debate sobre su alcance empírico real.

Se reitera que este ensayo no defiende ni ataca a ningún gobierno específico —ni el actual ni los anteriores—. Su objeto es un mecanismo general de reproducción del poder: cómo distintos proyectos políticos, de cualquier signo, buscan apropiarse del sentido común para convertir intereses particulares en aparentes intereses generales. Esa es, en último término, la lección perdurable de Antonio Gramsci.

Referencias bibliográficas

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Nota: las fechas de edición en español de algunas obras pueden variar según la editorial y reimpresión; se recomienda verificar la edición específica al citar.