ARTÍCULO ACADÉMICO

Soberanía económica sin instrumentos

Capacidades regulatorias y tecnológicas de América Latina ante la competencia geoeconómica entre Estados Unidos y China

José Raúl Dubón Huezo

San Salvador, junio de 2026

Análisis comparado de fuentes secundarias e índices internacionales

Resumen

La intensificación de la competencia geoeconómica entre Estados Unidos y China en América Latina plantea la pregunta de si los Estados de la región disponen de instrumentos jurídicos, institucionales y tecnológicos para proteger sectores estratégicos. Este artículo examina esa capacidad mediante un análisis comparado de fuentes secundarias e índices internacionales, articulado desde la economía política internacional, la teoría de la dependencia y los estudios sobre interdependencia armada y colonialidad del saber. Los hallazgos indican que América Latina figura entre las regiones más abiertas del mundo al capital extranjero según el índice de la OCDE, carece casi por completo de mecanismos de revisión de inversiones por motivos de seguridad nacional y presenta capacidades endógenas de ciencia, tecnología e innovación rezagadas: invierte alrededor de medio punto del producto en investigación y desarrollo frente a dos o tres puntos en las economías de la OCDE, y concentra la mayoría de sus solicitudes de patentes en titulares no residentes. La trayectoria descendente del financiamiento chino y el reposicionamiento estadounidense en torno a los minerales críticos reproducen, con distinto signo, la inserción regional como proveedora de recursos, mientras casos documentados —la distribución eléctrica en Chile y Perú, el megapuerto de Chancay y el cable submarino Humboldt— muestran nodos estratégicos cuya gobernanza última no reside en el Estado anfitrión. Se concluye que la disputa entre las potencias no fortalece por sí misma la autonomía latinoamericana: la apertura sin instrumentos equivale a vulnerabilidad, y la soberanía económica depende de capacidades estatales y tecnológicas deliberadamente construidas.

Palabras clave: soberanía económica, control de inversiones extranjeras, dependencia tecnológica, competencia geoeconómica, América Latina, interdependencia armada.

1. Introducción

América Latina recibe capital extranjero en sus sectores estratégicos —energía, infraestructura logística, telecomunicaciones, minería— en un escenario de competencia creciente entre las dos mayores economías del planeta. El problema sustantivo no es la presencia de ese capital, sino la asimetría entre la magnitud de la exposición y la escasez de instrumentos estatales para gobernarla. Mientras las economías avanzadas han multiplicado en la última década los mecanismos de revisión de inversiones por motivos de seguridad nacional, la región ha conservado marcos regulatorios diseñados para atraer capital, no para filtrarlo.

La pregunta que organiza este trabajo es si los países latinoamericanos poseen instrumentos jurídicos, institucionales y tecnológicos suficientes para proteger sectores estratégicos frente a la competencia geoeconómica entre Estados Unidos y China. El interrogante supone tres dimensiones analíticamente distinguibles: la capacidad regulatoria para controlar la entrada y el control del capital; la exposición efectiva de los sectores estratégicos a la propiedad externa; y las capacidades endógenas —científicas, tecnológicas, industriales— que sustentan cualquier autonomía duradera.

La pertinencia del problema no descansa en su actualidad mediática sino en una transformación verificable del entorno internacional: la securitización de la política de inversiones en el Norte global y la conversión de los minerales críticos, las redes digitales y la infraestructura logística en objetos de disputa estratégica (OCDE, 2025; UNCTAD, 2023). En ese entorno, la posición de un Estado ya no se define solo por cuánto capital atrae, sino por cuánto control conserva sobre los activos que condicionan su seguridad y su desarrollo. La evidencia disponible sugiere una paradoja inicial: la región es estadísticamente abierta y, a la vez, institucionalmente desarmada.

El artículo se ordena como sigue. La segunda sección articula el marco teórico que provee las categorías de lectura. La tercera explicita el diseño documental-comparado y sus límites. La cuarta presenta los resultados en cuatro dimensiones —regulatoria, sectorial, geopolítica y endógena—. La quinta discute esos hallazgos a la luz de la teoría, y la sexta sintetiza sus implicaciones y formula hipótesis para investigación futura.

2. Marco teórico

El análisis se construye en la intersección de cuatro debates de la economía política internacional y el pensamiento crítico latinoamericano. No se trata de exégesis de autores sino del uso de sus conceptos como herramientas para leer la evidencia.

2.1. Poder estructural y la primacía del conocimiento

Strange (1988) distingue el poder relacional —la capacidad de un actor de hacer que otro haga lo que de otro modo no haría— del poder estructural, esto es, la capacidad de configurar los marcos dentro de los cuales otros operan. Identifica cuatro estructuras: seguridad, producción, finanzas y conocimiento. La soberanía sobre sectores estratégicos no se juega, desde esta óptica, en la titularidad nominal de un activo, sino en quién controla las estructuras que lo condicionan. La estructura de conocimiento ocupa un lugar decisivo: quien define qué se sabe, cómo se produce tecnología y quién la posee, gobierna las demás estructuras. Esta jerarquía orienta el peso analítico que el artículo concede a las capacidades de ciencia, tecnología e innovación.

2.2. Interdependencia armada

Farrell y Newman (2019) muestran que las redes globales —financieras, digitales, logísticas— no son neutrales: generan asimetrías que los Estados con posición central explotan mediante efectos de panóptico (extracción de información) y de cuello de botella (denegación de acceso). La interdependencia, lejos de pacificar, se convierte en instrumento de coerción. Para una región que no controla los nodos tecnológicos, financieros ni digitales de los que depende, la interdependencia es un pasivo: el lugar donde el poder de otros se ejerce, no donde el propio se acumula.

2.3. Centro, periferia y desarrollo dependiente

La tradición estructuralista y dependentista provee la lectura de larga duración. Prebisch (1949) cifró la inserción periférica en el deterioro de los términos de intercambio entre productores de bienes primarios y de manufacturas. Cardoso y Faletto (1969) desplazaron el eje del estancamiento al de la forma del desarrollo: la dependencia es compatible con el crecimiento, pero condiciona su estructura y sus beneficiarios. Frente a la versión estancacionista de Frank (1967), la noción de desarrollo dependiente resulta más apta para un escenario de inversión y crecimiento que, sin embargo, reproduce la subordinación. Amin (1974), Dos Santos (1970) y Wallerstein (2004) inscriben el caso en un sistema-mundo de jerarquías centro-periferia, y Arrighi (1994) ofrece la clave para leer la rivalidad Estados Unidos-China como un momento de transición hegemónica que no se resuelve, por sí mismo, en autonomía para la periferia.

2.4. Colonialidad del saber y espacio de política

La estructura de conocimiento de Strange encuentra eco en la crítica latinoamericana a la colonialidad del saber (Quijano, 2000; Santos, 2010): la dependencia tecnológica no es solo un rezago material sino una forma de subordinación epistémica, visible cuando la propiedad intelectual de un territorio reside mayoritariamente en agentes externos. Rodrik (2011), por su parte, advierte que el régimen de comercio e inversión de las últimas décadas estrechó el espacio de política del que dependen los Estados desarrollistas, lo que vuelve costosa la reconstrucción de instrumentos. La tensión productiva entre estas tradiciones es explícita: mientras el dependentismo subraya la reproducción estructural, Strange y Farrell-Newman destacan el margen de agencia que abren los instrumentos. La posición estructural restringe, pero no determina; es en la existencia o ausencia de instrumentos donde opera la agencia estatal.

De este marco se derivan cuatro categorías analíticas que se operacionalizan en los resultados: la capacidad regulatoria de control del capital, la exposición sectorial a la propiedad externa, la configuración geopolítica de las potencias externas y las capacidades endógenas de conocimiento.

3. Metodología

El diseño es un análisis documental comparado de fuentes secundarias e índices internacionales estandarizados. La elección epistemológica responde a la naturaleza del objeto: la capacidad regional para construir soberanía económica se aprehende mejor mediante la comparación entre marcos estatutarios y el contraste de indicadores armonizados que a través de un estudio de caso único, porque la pregunta es relacional —cuán desarmada está la región frente a un patrón de referencia—.

La unidad de análisis es el Estado latinoamericano, con agregados regionales cuando el dato nacional desagregado no estuvo disponible. El corpus integra fuentes institucionales de tres tipos: índices y bases comparadas (Índice de Restrictividad Regulatoria a la IED de la OCDE, 2025; relevamiento de mecanismos de escrutinio de la UNCTAD, 2023; Índice Global de Innovación de la WIPO, 2025; El Estado de la Ciencia de la RICYT-OEI-UNESCO, 2024; base de financiamiento chino del Diálogo Interamericano y la Universidad de Boston, en Ray y Myers, 2024); estudios comparados especializados (CELIS Institute, 2025); y fuentes de coyuntura jurídica y de política para los desarrollos recientes (notas de práctica jurídica, prensa especializada e informes de organismos).

El procedimiento analítico operacionaliza cada categoría teórica en indicadores observables, compara el desempeño latinoamericano con el de las economías de la OCDE y lee los contrastes a través de las categorías del marco. No se construyen datos primarios ni se imputan valores ausentes.

El diseño tiene límites que acotan el alcance de las conclusiones. Primero, descansa en fuentes secundarias y en índices agregados, de modo que los hallazgos se formulan al nivel del patrón regional y no de la causalidad nacional. Segundo, la exposición sectorial se documenta mediante casos paradigmáticos —la distribución eléctrica en Chile y Perú, el megapuerto de Chancay, el cable Humboldt— extraídos de prensa especializada y fuentes divulgativas confiables, que ilustran el patrón pero no equivalen a un censo país por país; las series históricas de inversión extranjera directa por origen del capital y el inventario completo de propiedad sectorial en toda la región permanecen como tareas de compilación primaria. Las afirmaciones sobre esos casos se sostienen en la convergencia de varias fuentes independientes, y su estatuto —ilustrativo, no exhaustivo— se mantiene explícito. Tercero, el índice de restrictividad de la OCDE mide restricciones estatutarias, no la práctica efectiva; su lectura se acota a ese plano.

4. Resultados

4.1. Dimensión regulatoria: apertura sin escrutinio

El primer hallazgo es contraintuitivo. Según el Índice de Restrictividad Regulatoria a la IED de la OCDE (2025), América Latina y el Caribe figura entre las regiones más abiertas del mundo al capital extranjero, con un puntaje de 0,056 en una escala de 0 (totalmente abierto) a 1 (cerrado). La región es más abierta que Norteamérica (0,102) y se sitúa cerca de Europa y Asia Central (0,043), muy por debajo de Asia oriental y el Pacífico (0,198) o del Medio Oriente y Norte de África (0,239). El promedio de los países de la OCDE es 0,0496, frente a 0,1595 de los no miembros. La apertura, en este índice, no mide virtud sino ausencia de barreras estatutarias discriminatorias; un puntaje bajo indica pocos instrumentos defensivos.

Tabla 1. Restrictividad regulatoria a la IED por región (OCDE, 2024)

Fuente: elaboración propia a partir de OCDE (2025). El índice refleja restricciones estatutarias vigentes; no mide la práctica efectiva.

La contracara es la expansión acelerada, concentrada en las economías de la OCDE, del escrutinio de inversiones por motivos de seguridad nacional (OCDE, 2025). El relevamiento de la UNCTAD (2023) cuantifica la brecha: de treinta y siete países que habían establecido mecanismos de escrutinio por seguridad nacional en el período examinado, veintidós eran economías desarrolladas europeas, nueve de Asia, dos de Norteamérica, dos de Oceanía y solo uno de América Latina. El estudio del CELIS Institute (2025) sintetiza la situación regional: la mayoría de los países latinoamericanos depende intensamente de la inversión extranjera para modernizar sus economías y, a la vez, carece de marcos jurídicos adecuados para atender los riesgos de seguridad derivados de la propiedad externa en sectores sensibles.

El examen de casos confirma el patrón y revela su heterogeneidad. En México, la Ley de Inversión Extranjera permite la IED sin revisión previa por seguridad nacional, salvo prohibiciones y topes en sectores determinados; un memorando de entendimiento con Estados Unidos en 2023 anticipa un futuro órgano de escrutinio, cuya legislación tomará años (Skadden, 2023). Brasil posee la regulación de IED más desarrollada de la región y documentos oficiales que identifican sectores estratégicos —con límites sectoriales en banca, telecomunicaciones, radiodifusión, pesca, propiedad rural y salud, y límites constitucionales en el sector nuclear, los servicios postales y la actividad aeroespacial (DLA Piper, s.f.)—, pero el proceso legislativo hacia un mecanismo de escrutinio se ha estancado (CELIS Institute, 2025). Chile exhibe una regulación débil y, al mismo tiempo, el mayor compromiso político de la región para crear un mecanismo, invocando explícitamente los modelos estadounidense y europeo, aunque su proyecto de ley no ha avanzado desde 2021. Argentina muestra un desarrollo regulatorio mínimo y escaso interés político en la materia (CELIS Institute, 2025).

Tabla 2. Mecanismos de control de inversiones: casos seleccionados

Fuente: elaboración propia a partir de CELIS Institute (2025), Skadden (2023) y DLA Piper (s.f.).

4.2. Dimensión sectorial: peso estratégico ejercido como proveeduría

El sector donde la posición latinoamericana es más nítida es el de los minerales críticos. El llamado Triángulo del Litio —Argentina, Bolivia y Chile— concentra cerca del 49,6 % de los recursos mundiales de litio, y la región alberga aproximadamente el 60 % de las reservas mundiales; Chile y Perú aportaron más de un tercio de la producción global de cobre en 2024 (White & Case, 2025). Esta dotación confiere a la región un nodo de cuello de botella en cadenas tecnológicas globales. Sin embargo, ese peso se ejerce como proveeduría de materia prima y no como control de la cadena de valor: en 2021, China absorbía el 65 % de las exportaciones minerales de Chile y era el principal mercado de exportación de Sudamérica (National Interest, 2025). El nodo existe, pero pertenece a las cadenas de valor de otros.

En el sector eléctrico, la evidencia documentada permite pasar del enunciado general al caso concreto. En Chile, empresas estatales chinas controlan más de la mitad de la distribución eléctrica del país: State Grid Corporation of China adquirió Chilquinta en 2019 (cerca de 2.200 millones de dólares) y la Compañía General de Electricidad en 2020 (alrededor de 3.000 millones), de modo que en conjunto suman aproximadamente el 57 % del mercado de distribución, mientras China Southern Power Grid participa en cerca del 30 % de la empresa de transmisión Transelec (Dialogue Earth, 2022; SwissInfo, 2021). En Perú, la misma State Grid controla el 83,6 % de Luz del Sur, distribuidora de más de un millón de clientes en Lima (ReporteAsia, 2021). La operación de la CGE fue autorizada por la autoridad de competencia chilena sin oposición, y un proyecto de ley que habría exigido aprobación parlamentaria reforzada para inversiones de empresas estatales extranjeras en sectores estratégicos no prosperó, lo que confirma en el plano de los hechos la ausencia de instrumentos de escrutinio descrita en la sección anterior.

En la infraestructura logística, el megapuerto de Chancay, en Perú, condensa la dinámica. Inaugurado en noviembre de 2024 en ceremonia con la presencia del presidente chino, con una inversión total estimada entre 3.000 y 3.400 millones de dólares, es operado por Cosco Shipping Ports —que posee el 60 % del proyecto, frente al 40 % de la peruana Volcan— y reduce el tránsito marítimo hacia Asia de treinta y cinco-cuarenta días a cerca de veintitrés (La República, 2025; Infobae, 2024). Su gobernanza reveló el déficit regulatorio: tras haberse otorgado a la empresa la exclusividad de operación, la Autoridad Portuaria Nacional intentó anularla, y el operador objetó el cambio de reglas invocando seguridad jurídica (Infobae, 2024). El episodio muestra a un Estado que negocia el control después de haber concedido el activo, no antes.

En la infraestructura digital, el cable submarino Humboldt ofrece el caso paradigmático. Concebido en 2016 para unir por primera vez Sudamérica y Asia mediante una conexión directa con China, su trazado fue redefinido —hacia Nueva Zelanda y Australia— tras la presión diplomática estadounidense durante la visita del entonces secretario de Estado, y hoy se desarrolla con participación de Google y del Estado chileno; tres de los seis trazados evaluados contemplaban conexión con China, y en 2018 Beijing había ofrecido construirlo a condición de que lo operara exclusivamente China Mobile, oferta rechazada (Fast Check CL, 2026; Interferencia, 2026). Analistas leen el episodio como recordatorio de los límites reales de la autonomía digital chilena: los cables submarinos son infraestructura comercial con dimensión estratégica —control de rutas, intercepción potencial, doble uso—, y su trazado se decidió por consideraciones geopolíticas, no soberanas. La cuantificación exhaustiva, país por país, de la propiedad en generación renovable, hidrocarburos, concesiones aeroportuarias y ferroviarias, centros de datos y redes 5G excede una síntesis basada en fuentes secundarias; los casos anteriores, sin embargo, son paradigmáticos y verificables, y sostienen el patrón sin necesidad de un censo regional.

Tabla 3. Penetración del capital externo en sectores estratégicos: casos documentados

Fuente: elaboración propia a partir de Dialogue Earth (2022), SwissInfo (2021), ReporteAsia (2021), La República (2025), Infobae (2024), Fast Check CL (2026) e Interferencia (2026). Casos ilustrativos, no censo regional.

4.3. Dimensión geopolítica: dos estrategias centradas en el recurso

La presencia china siguió una trayectoria descendente en su componente de financiamiento. La banca de desarrollo china comprometió más de 125.000 millones de dólares en préstamos a la región desde 2005, con un pico en 2015 —segundo año más alto en el registro, con cerca de 29.000 millones—, seguido de un descenso pronunciado: 863 millones en 2022 y 1.300 millones en 2023, estos últimos dirigidos únicamente a Brasil (Ray y Myers, 2024). El patrón se ha desplazado de los megaproyectos y los grandes préstamos hacia una participación más selectiva en transmisión eléctrica, puertos y sectores asociados a la innovación; la participación de América Latina en la Iniciativa de la Franja y la Ruta es decreciente, con apenas 1,14 % de los proyectos de construcción y 0,4 % de la inversión total en el primer semestre de 2025 (Myers, 2025).

Tabla 4. Financiamiento de la banca de desarrollo china a AL y el Caribe

Fuente: elaboración propia a partir de Ray y Myers (2024), Diálogo Interamericano y Universidad de Boston.

La estrategia estadounidense, tras el desdibujamiento de iniciativas previas como América Crece y la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica —que, según el análisis especializado, se diluyeron sin inversión a escala (National Interest, 2025)—, se reorganizó en torno a la seguridad de las cadenas de suministro. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025, según su reporte, prioriza el Hemisferio Occidental, enmarca los minerales críticos como asunto de seguridad nacional y busca excluir a competidores extrahemisféricos de la propiedad y el control de minerales, puertos e infraestructura (Mexico Business News, 2025). Desde enero de 2025, Estados Unidos canalizó más de 1.000 millones de dólares hacia minerales críticos en la región mediante su corporación de financiamiento al desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo, bajo una arquitectura bilateral de tipo radial (White & Case, 2025). La lectura conjunta es que ambas potencias abordan a la región principalmente como fuente de recursos y como terreno de exclusión del rival; ninguna de las dos configuraciones se organiza en torno a la construcción de capacidad industrial o tecnológica regional.

4.4. Dimensión endógena: la brecha de conocimiento

El rezago en capacidades endógenas es el hallazgo más consistente. En 2022, América Latina destinó alrededor del 0,56 % de su producto a investigación y desarrollo, e Iberoamérica el 0,73 %, frente a niveles de entre 2,5 % y 3 % en Estados Unidos, Japón y Corea, cerca del 2 % en la Unión Europea, y valores aún mayores en los líderes (Corea del Sur, 4,81 %; Israel, 5,44 %) (RICYT-OEI-UNESCO, 2024). La región representa apenas el 2,5 % de la inversión mundial en I+D. La composición del financiamiento agrava el cuadro: en América Latina la I+D la financian principalmente los gobiernos, a diferencia de la OCDE, donde el sector empresarial asume una porción mayor, lo que delata una demanda privada de innovación débil (CEPAL, s.f.).

Tabla 5. Gasto en I+D como porcentaje del PIB

Fuente: elaboración propia a partir de RICYT-OEI-UNESCO (2024); valores de Corea e Israel según Universidad Austral, citada en prensa (2023).

La estructura de conocimiento revela su carácter subordinado en la propiedad intelectual. En 2022, el 83 % de las solicitudes de patentes presentadas en las oficinas de la región correspondió a no residentes —principalmente empresas extranjeras que protegen sus productos en los mercados locales—, proporción que en México alcanzó el 94 % (RICYT-OEI-UNESCO, 2024). Las solicitudes internacionales por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes fueron 1.395 para América Latina y el Caribe y 3.024 para Iberoamérica, una fracción marginal del total mundial. En recursos humanos, Argentina encabeza la región con cerca de tres investigadores por cada mil integrantes de la población económicamente activa, cifra que las economías desarrolladas más que triplican.

La brecha se prolonga aguas arriba, en la base educativa que alimenta cualquier sistema de innovación. Según datos de la CEPAL y la UNESCO, el gasto público en educación de la región promediaba en 2022 al menos uno de los dos compromisos globales —4 % del PIB o 15 % del gasto público—, pero incluso los países que más invierten lo hacen por debajo de prácticamente todas las economías de la OCDE, cuyo promedio ronda el 4,9 % del PIB; medido por estudiante, la OCDE invierte cerca de cinco veces lo que invierte América Latina y el Caribe (UNESCO, 2023). El rezago no es solo de I+D: es de toda la cadena que produce las capacidades humanas de las que depende la autonomía tecnológica.

El Índice Global de Innovación 2025 ordena estos elementos en una posición comparada. Los líderes mundiales son Suiza, Suecia, Estados Unidos, Corea del Sur y Singapur; China ingresó por primera vez al grupo de los diez primeros, en el décimo lugar (WIPO, 2025). En América Latina, Chile (51) encabeza, seguido por Brasil (52) y México (58); El Salvador ocupa el puesto 98 y Venezuela el 136. La región concentra la mayor proporción de economías que rinden por debajo de lo esperado para su nivel de desarrollo —trece economías— y arrastra una brecha persistente entre insumos y resultados de innovación (WIPO, 2025).

Tabla 6. Índice Global de Innovación 2025: América Latina (ranking global de 139)

Fuente: elaboración propia a partir de WIPO (2025).

5. Discusión

Los resultados permiten reinterpretar la apertura regional. Leída con Strange (1988), la baja restrictividad regulatoria no es un activo competitivo sino la expresión de una carencia de instrumentos de poder estructural: la región puntúa como abierta precisamente porque no ha edificado la arquitectura de escrutinio y seguridad que las economías centrales sí construyeron. La apertura sin instrumentos no es libertad de mercado en abstracto, sino exposición.

La interdependencia armada (Farrell y Newman, 2019) ofrece la clave de esa exposición. La ausencia de control endógeno sobre los nodos digitales, financieros y tecnológicos de los que la región depende la convierte en un escenario potencial de efectos de panóptico y de cuello de botella ejercidos por terceros, antes que en titular de tales efectos. Los casos documentados materializan el argumento: el control estatal extranjero de más de la mitad de la distribución eléctrica chilena y de una distribuidora limeña, o la redefinición del trazado del cable Humboldt por consideraciones geopolíticas ajenas, son nodos cuya gobernanza última no reside en el Estado anfitrión. El caso de los minerales críticos muestra el reverso instructivo: la región posee un cuello de botella material —litio, cobre—, pero no lo convierte en poder estructural porque carece de la capacidad de procesamiento, tecnológica y regulatoria para gobernarlo. Es un cuello de botella poseído por las cadenas de valor de otros.

La teoría de la dependencia ilumina el conjunto. La noción de desarrollo dependiente de Cardoso y Faletto (1969) describe mejor el cuadro que el estancacionismo de Frank: hay inversión y crecimiento, pero su forma reproduce la inserción periférica. Leída con Arrighi (1994), la rivalidad entre Estados Unidos y China constituye un momento de transición hegemónica que no abre, por sí mismo, una ventana de autonomía: ambas potencias organizan su vínculo en torno a la extracción de recursos y la exclusión del rival, no en torno a la construcción de capacidades regionales. De ahí la respuesta a una de las preguntas de síntesis: la disputa, tal como está configurada, tiende a profundizar la dependencia más que a aliviarla, salvo que medie una acción estatal deliberada que la convierta en palanca.

La dimensión de conocimiento opera como la restricción vinculante. La concentración de patentes en no residentes y la brecha de I+D no son meros indicadores rezagados, sino el mecanismo por el cual la región no puede gobernar los sectores que aloja: la soberanía sobre sectores estratégicos sin capacidad tecnológica es nominal. Esto conecta con la pregunta sobre la relación entre inversión en educación superior, innovación y soberanía económica. La evidencia es consistente con esa relación —los indicadores de capacidad y de autonomía tienden a moverse juntos—, pero el diseño documental no permite establecer causalidad ni dirección; afirmarlo sería exceder lo que los datos autorizan. Se trata, en rigor, de una asociación observada que demanda diseños específicos para su contrastación.

El argumento de Rodrik (2011) añade una capa de economía política: la apertura regional es en parte herencia de un régimen de comercio e inversión que estrechó el espacio de política desarrollista, de modo que reconstruir instrumentos no solo enfrenta resistencias externas, sino también el incentivo inmediato de atraer capital, que premia la desregulación. La heterogeneidad interna confirma que la posición estructural no es destino: Brasil y Chile muestran agencia parcial —regulación existente, voluntad política—, mientras Argentina y buena parte de Centroamérica presentan desarrollo mínimo. La brecha regulatoria respecto de la OCDE existe y es amplia, y los sectores de mayor exposición —minería estratégica, energía e infraestructura digital— son, no por azar, aquellos donde la capacidad tecnológica endógena es más escasa.

Conviene precisar lo que estos datos no pueden decir. Con índices agregados y fuentes secundarias, el análisis identifica un patrón regional y una brecha, no mecanismos causales nacionales; las dimensiones de propiedad sectorial y de dependencia digital permanecen aquí empíricamente indeterminadas. Las conclusiones se sostienen, por tanto, en el plano del patrón y de la tendencia.

6. Conclusiones

La región enfrenta la competencia geoeconómica más consecuente en una generación desde una posición de apertura estructural y debilidad endógena. Los instrumentos de soberanía económica —el escrutinio de inversiones, la gobernanza de sectores estratégicos y, sobre todo, la capacidad científica y tecnológica— están en su mayor parte ausentes o son incipientes. La implicación no es la autarquía, sino la construcción deliberada de capacidad estatal: la evidencia sugiere que la autonomía se edifica, no la concede el equilibrio entre potencias externas. La ventana que abre la rivalidad solo es aprovechable por Estados que han construido antes la capacidad de aprovecharla.

Del análisis se derivan tres hipótesis explicativas para investigación futura. Primera: la apertura regulatoria latinoamericana no obedece a una decisión soberana de exposición, sino a la persistencia de marcos heredados de un régimen que premió la atracción de capital, de modo que su corrección depende menos de la voluntad declarativa que de la reconstrucción de espacio de política. Segunda: el grado en que un país convierte su dotación de recursos estratégicos en poder estructural está condicionado por su capacidad tecnológica endógena, y no por el volumen de inversión extranjera que recibe. Tercera: la rivalidad entre potencias incrementa la autonomía regional solo cuando el Estado dispone de instrumentos de negociación —escrutinio, exigencias de transferencia tecnológica, gobernanza de cadena de valor—; en su ausencia, la competencia externa profundiza la especialización primaria.

La agenda de investigación que se desprende es precisa. Se requieren estudios nacionales sobre la propiedad sectorial efectiva y sobre la economía política de la adopción o no adopción de mecanismos de escrutinio; análisis de la infraestructura digital regional con datos de propiedad y dependencia; y diseños capaces de contrastar la asociación, aquí observada pero no establecida, entre inversión en ciencia, tecnología e innovación y capacidad de soberanía económica. Para la política pública, la conclusión es cauta pero direccional: sin capacidad tecnológica y sin instrumentos de gobernanza del capital, la soberanía económica permanece como aspiración, no como atributo.

Notas editoriales

Esta sección, externa al artículo, documenta el estatuto de la evidencia y las validaciones pendientes, en cumplimiento del principio de no completar afirmaciones sin respaldo verificable. Tras la incorporación de fuentes secundarias confiables, la dimensión sectorial quedó ilustrada con casos documentados; lo que resta son tareas de compilación sistemática que excederían un artículo de síntesis.

Pendiente de compilación sistemática (para profundización futura)

1. Censo país por país de propiedad y participación de mercado en los subsectores no cubiertos por los casos: generación renovable, hidrocarburos, concesiones aeroportuarias y ferroviarias, centros de datos y redes 5G.
2. Series históricas de inversión extranjera directa por país y por origen del capital, de al menos veinte años (fuentes sugeridas: UNCTAD, CEPAL, bancos centrales).
3. Patentes registradas por país y por millón de habitantes en serie, y exportaciones de alta tecnología por país (RICYT, WIPO).
4. Montos verificados de inversión china por proyecto y sector (Repositorio Regional del Núcleo Milenio ICLAC y el Diálogo Interamericano) y de financiamiento estadounidense por instrumento.

Validaciones pendientes

El contenido atribuido a la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de 2025 procede de una fuente secundaria y debe cotejarse con el documento primario. El dato sobre composición del financiamiento de la I+D (predominio del gasto público) se tomó de un comunicado de la CEPAL sin fecha confirmada; conviene reanclarlo a una fuente datada de la CEPAL o la RICYT. El Índice de Restrictividad de la OCDE mide restricciones estatutarias, no la práctica efectiva.

Referencias

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