El nombre del miedo

La disputa por el Estado y el retorno del anticomunismo como arma política

José Raúl Dubón Huezo

Sociólogo | Consultor en investigación social

San Salvador, agosto de 2026

Ensayo de análisis político y sociológico

Resumen

El resurgimiento del término «comunismo» como categoría de descalificación política —desde los discursos de Donald Trump contra Zohran Mamdani en 2026 hasta su uso en la política latinoamericana— constituye el punto de partida de este ensayo. La hipótesis que se examina es que el fortalecimiento de discursos de extrema derecha y la reactivación del anticomunismo pueden interpretarse, al menos parcialmente, como reacción frente a la recuperación de demandas redistributivas que cuestionan posiciones consolidadas durante el ciclo neoliberal. Mediante una reconstrucción histórica del Estado de bienestar de posguerra, un análisis de la crisis neoliberal, una lectura del Estado como campo de disputa y un examen del panorama regional latinoamericano —incluyendo casos como el argentino, el chileno y el salvadoreño—, el trabajo argumenta que la palabra «comunismo» opera hoy menos como descripción de un programa que como dispositivo de clausura del debate: sirve para expulsar del campo de lo aceptable a demandas que hace medio siglo formaban el consenso de posguerra. El ensayo mantiene una cautela metodológica explícita: presenta la hipótesis como uno de los mecanismos en juego, no como clave única, y contrasta la argumentación central con explicaciones alternativas robustas.

Palabras clave: anticomunismo; Estado de bienestar; neoliberalismo; hegemonía; América Latina; disputa política.

* * *

1. Introducción: el retorno de un vocabulario

En julio de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani —quien se define a sí mismo como socialista democrático— de «comunista», y en un discurso en Mount Rushmore advirtió sobre un «resurgimiento de la amenaza comunista» en suelo estadounidense.[1] El fenómeno no se limita al Norte: en distintos países de América Latina, dirigentes de derecha recurren de nuevo a la palabra «comunista» para describir a sus adversarios. La palabra «comunismo», que muchos daban por enterrada tras 1991, ha vuelto al centro del vocabulario político.

Este ensayo se pregunta por qué. La hipótesis de trabajo es que el fortalecimiento de discursos de extrema derecha y el uso creciente del término «comunismo» para descalificar políticas progresistas pueden interpretarse, al menos parcialmente, como una reacción frente a la recuperación de demandas redistributivas y de ampliación de derechos que cuestionan posiciones consolidadas durante la etapa neoliberal. La secuencia analítica —dejando abiertas explicaciones alternativas y variación por país— es la siguiente: fortalecimiento de demandas sociales, recuperación de posiciones redistributivas, reacción de sectores dominantes, polarización ideológica, reactivación del anticomunismo y ofensiva política de la derecha. Esta cadena se somete a contraste histórico, teórico y empírico, aceptando desde el inicio que podría operar de manera distinta según el país.

El artículo procede en tres bloques. El primero (secciones 2 a 5) reconstruye la génesis histórica del Estado de bienestar, la crisis del régimen de posguerra y el Estado como campo de disputa. El segundo (secciones 6 a 10) examina la reconfiguración estatal contemporánea, el uso inflacionario de la etiqueta «comunismo», la paradoja de los subsidios y el panorama latinoamericano, con una discusión metodológicamente cauta del caso Hondurasgate. El tercero (secciones 11 a 14) analiza la posición de la Generación Z, propone la noción de un «pliego petitorio generacional» y contrasta la hipótesis central con explicaciones alternativas antes de concluir.

2. La conquista del bienestar: conflicto, negociación y concesión

El Estado de bienestar que se consolidó en Occidente tras 1945 no fue una dádiva ni una victoria exclusivamente obrera: fue producto de una correlación de fuerzas históricamente específica. Reconstruirlo exige una explicación multicausal. La Primera Guerra Mundial destruyó el orden liberal del siglo XIX; la Revolución rusa de 1917 introdujo, por primera vez, la amenaza creíble de una alternativa sistémica al capitalismo; los movimientos obreros de entreguerras, el fortalecimiento sindical y la expansión del sufragio universal ampliaron el peso político de las clases trabajadoras. La Gran Depresión de 1929 desacreditó la fe en el mercado autorregulado, y la Segunda Guerra Mundial, con su movilización total, creó expectativas de reciprocidad social que ningún gobierno podía ignorar.

Polanyi (1944) ofreció el marco teórico más influyente para entender este proceso: su concepto de «doble movimiento» describe cómo la expansión del mercado autorregulado provoca, casi mecánicamente, un contramovimiento social protector —leyes laborales, seguridad social, regulación— sin el cual la sociedad se destruiría a sí misma. Mann (2013), en el cuarto volumen de The Sources of Social Power, describe cómo liberales, socialdemócratas y demócrata-cristianos de posguerra lograron «humanizar el capitalismo» mediante derechos de ciudadanía y políticas económicas neokeynesianas de consumo de masas, antes de que esa «breve edad dorada» cediera paso a regímenes neoliberales más duros.

Como fuente institucional primaria, la Organización Internacional del Trabajo adoptó el 1 de julio de 1949 el Convenio n.º 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, en vigor desde el 18 de julio de 1951 (OIT, 1949). El convenio obliga a proteger a los trabajadores contra actos de discriminación antisindical y a promover la negociación colectiva voluntaria. Su adopción muestra que el reconocimiento del conflicto capital-trabajo y su encauzamiento institucional fueron parte constitutiva del orden de posguerra: no un accidente, sino un pilar.

3. La edad dorada del capitalismo: el sistema también aprendió a conceder

¿Por qué un sistema fundado en la propiedad privada aceptó impuestos altos, protección laboral, seguridad social, negociación colectiva y servicios públicos? Tres explicaciones operan simultáneamente y no se excluyen. La primera es la presión desde abajo: sindicatos fuertes, partidos de masas y sufragio ampliado convirtieron la redistribución en condición de gobernabilidad. La segunda es la necesidad de estabilidad del propio sistema: sostener la demanda agregada, reducir la conflictividad, ampliar el mercado interno, reproducir la fuerza de trabajo, legitimar la democracia frente al bloque soviético y contener alternativas revolucionarias. La tercera es la reconfiguración institucional: la negociación de una distribución parcial del crecimiento entre capital, trabajo y Estado.

Esta lectura tiene raíces teóricas sólidas. Esping-Andersen (1990) demostró que no hubo un único Estado de bienestar sino al menos tres regímenes —liberal, conservador-corporativo y socialdemócrata—, lo que refuta cualquier explicación monocausal. O'Connor (1973) y Offe (1984) mostraron que el Estado capitalista avanzado enfrenta una tensión estructural: debe favorecer simultáneamente la acumulación privada y legitimarse ante la población, y ambas funciones tienden a entrar en conflicto fiscal. La formulación rigurosa, entonces, es esta: el Estado de bienestar fue una construcción histórica de una correlación de fuerzas, pero también fue compatible con las necesidades de acumulación y estabilidad del capitalismo de posguerra. Ambas cosas son verdad a la vez, y perder de vista cualquiera de ellas empobrece el análisis.

4. La crisis de los setenta y el giro neoliberal

El régimen de posguerra entró en crisis en los años setenta: inflación, desaceleración del crecimiento, choques petroleros de 1973 y 1979, conflictos laborales intensos, crisis fiscal del Estado y presión sobre la rentabilidad empresarial. Sobre este diagnóstico convergen tradiciones muy distintas; la controversia es sobre su significado.

Harvey (2005) interpreta la neoliberalización como un «proyecto político para la restauración del poder de clase» y sitúa el punto de inflexión en 1979-1980, con Thatcher y Reagan. Su lectura enfatiza que el giro reconfiguró la correlación de fuerzas más de lo que respondió a imperativos técnicos.[2]

Este marco debe equilibrarse con interpretaciones que no lo comparten. Para muchos economistas, la crisis de los setenta fue una crisis objetiva del régimen de acumulación: la combinación de inflación y estancamiento, la insostenibilidad fiscal de sistemas de bienestar en expansión, el envejecimiento poblacional, la globalización productiva y el cambio tecnológico erosionaron el modelo keynesiano con independencia de cualquier «proyecto de clase» consciente. La lectura más defendible integra ambas dimensiones: hubo una crisis objetiva del régimen de posguerra y una lucha política por quién pagaría sus costos. Reducir todo a una conspiración de élites es tan simplista como negar que el desenlace favoreció sistemáticamente al capital.

5. El Estado como campo de disputa

Conviene abandonar dos caricaturas: la que sostiene que el Estado «pertenece a la burguesía» y la que afirma que «representa a todos por igual». El Estado es más bien un espacio institucional atravesado por relaciones de poder y correlaciones de fuerza. El mismo Estado que garantiza la propiedad privada y protege la acumulación también cobra impuestos, redistribuye, financia educación y salud, protege derechos laborales, subsidia empresas e interviene en las crisis. No es un instrumento neutral ni un instrumento cautivo: es un terreno en disputa.

De ahí que la pregunta políticamente relevante no sea «¿cuánto Estado?», sino «¿para quién, con qué instrumentos, bajo qué reglas y con qué distribución de costos y beneficios?». Esta reformulación es decisiva porque desactiva el falso dilema entre «más Estado» y «menos Estado» que estructura buena parte del debate contemporáneo, y lo reemplaza por la pregunta por la orientación distributiva de la acción estatal. Como se verá, esa reformulación es precisamente la que el discurso del «Estado mínimo» busca impedir.

6. De la reducción del Estado a su reconfiguración

Puede proponerse una periodización, con la advertencia expresa de que no es universal y difiere por país y región: 1945-1970/73, expansión del compromiso social; 1970/73-1980, crisis del modelo de posguerra; 1980-2000, consolidación neoliberal; 2000-2008, gobiernos progresistas y nuevos ciclos redistributivos; 2008-actualidad, crisis, reacción, polarización y disputa por el modelo de Estado.

En América Latina, el Estado de bienestar europeo nunca funcionó como modelo mecánico. La región combinó economías dependientes y exportadoras de materias primas, desigualdad estructural, altísima informalidad laboral, sindicatos comparativamente débiles, dictaduras militares, intervención estadounidense, reformas estructurales impuestas por la crisis de la deuda de los años ochenta, ajustes, privatizaciones y liberalización comercial. Hablar de «desmontaje del bienestar» en América Latina exige, por tanto, precisar que en muchos casos ese bienestar nunca alcanzó la universalidad europea. La heterogeneidad productiva y social de la región vuelve arriesgada cualquier extrapolación directa desde la experiencia europea.

7. Cuando todo lo progresista comienza a llamarse comunismo

El rasgo más llamativo del momento presente es la expansión del término «comunismo» como etiqueta de estigmatización. El rigor conceptual obliga a distinguir: el comunismo histórico —propiedad estatal de los medios de producción, partido único— no es lo mismo que la socialdemocracia, ni que el progresismo, ni que el socialismo democrático, ni que el Estado de bienestar, ni que el liberalismo social, ni que las políticas redistributivas dentro de una economía de mercado.

Los ejemplos empíricos abundan. En Estados Unidos, Trump ha calificado de «comunista» o «marxista» a figuras cuyo programa se limita a la sanidad pública, la congelación de alquileres o el apoyo al cuidado infantil —agenda más cercana a la socialdemocracia europea que al comunismo—.[3] El propio Mamdani respondió: «No lo soy. Soy un socialista democrático. Lo he dicho una y otra vez».[4] Patrones semejantes, con intensidades distintas, se observan en varios países de América Latina, donde la etiqueta «comunista» se aplica a agendas de política social o a la oposición. La paradoja es evidente: al llamar «comunismo» a políticas socialdemócratas ordinarias, el discurso desplaza el centro del debate político, de modo que lo que hace medio siglo era consenso de posguerra hoy se presenta como amenaza revolucionaria. El efecto no es describir al adversario, sino redibujar la frontera de lo pensable.

8. La nueva ofensiva de la derecha: la paradoja de los subsidios y el «Estado mínimo»

El discurso de la reducción del Estado convive con una intervención estatal masiva a favor del capital. El argumento —que solo se sostiene en la medida en que los datos lo respaldan— es que el «Estado mínimo» para ciertos derechos sociales suele coexistir con un «Estado fuerte» para las funciones de mercado, propiedad y acumulación.

Los datos permiten documentarlo. Black, Liu, Parry y Vernon (2023), en el documento de trabajo 2023/169 del Fondo Monetario Internacional, estimaron que los subsidios a los combustibles fósiles fueron de 7 billones de dólares en 2022, equivalentes al 7,1 % del PIB mundial; de esa cifra, los subsidios explícitos representan el 18 % del total y los implícitos el 82 %; los explícitos más que se duplicaron, pasando de 0,5 billones de dólares en 2020 a 1,3 billones en 2022. El matiz es esencial: la mayor parte de esos 7 billones corresponde a subsidios implícitos —costos ambientales y sanitarios no cobrados—, no a transferencias directas en efectivo. La porción de apoyo directo (1,3 billones) es la cifra rigurosa para el argumento. En Estados Unidos, los gastos tributarios corporativos —exenciones y créditos fiscales a empresas— rondaron los 264.000 millones de dólares en el año fiscal 2025, según estimaciones basadas en datos del Joint Committee on Taxation del Congreso.

El caso argentino es especialmente ilustrativo de la paradoja. El gobierno de Javier Milei ejecutó en 2024 un recorte del gasto primario del 27,5 % real, con superávit primario y fuerte reducción de jubilaciones, obra pública y subsidios a la energía y el transporte.[5] Y sin embargo, ese mismo gobierno creó, mediante la Ley 27.742 de 2024, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece a inversiones superiores a 200 millones de dólares una rebaja del impuesto a las ganancias del 35 % al 25 %, amortización acelerada y estabilidad tributaria por 30 años.[6] La «motosierra» recae sobre el gasto social, mientras se construye simultáneamente un andamiaje de incentivos para el gran capital. Esto no prueba una intención maquiavélica universal, pero sí desmiente la idea de que el proyecto sea, sin más, «menos Estado»: lo que cambia no es tanto el tamaño del Estado como aquello para lo que trabaja.

9. América Latina: reacción, polarización y disputa hegemónica

Conviene resistir la tentación de proclamar un «giro a la extrema derecha» como verdad regional homogénea. Los datos muestran un desplazamiento real pero desigual. Según el politólogo Andrés Malamud, «en la primera década de este siglo los candidatos de izquierda ganaron alrededor del 60 % de las elecciones presidenciales en América Latina. En la década siguiente ganaron cerca del 55 %. En la década actual, esa proporción ha caído a alrededor del 40 %».[7] Malamud añade un matiz decisivo: hoy los candidatos opositores ganan cerca del 75 % de las elecciones, de modo que «el favorito es el que no está en el poder». Es decir: hay un giro, pero puede deberse tanto a un desplazamiento ideológico como a un simple castigo a los oficialismos.

La tabla 1 sintetiza la heterogeneidad regional.

Tabla 1. Panorama político en América Latina (2026): orientación de gobiernos y discurso anticomunista

Nota. La orientación política y la caracterización del discurso son interpretativas; los datos electorales corresponden a resultados oficiales y a cobertura de agencias internacionales. Fuentes: cobertura verificada de Americas Quarterly, PBS/AP, CNN, NBC, France 24 y Congress.gov (véase apéndice metodológico).

La matriz muestra que «giro a la derecha» describe una tendencia mayoritaria pero no universal: Brasil, México y Uruguay permanecen gobernados por la centroizquierda, y en Chile la candidata comunista Jeannette Jara obtuvo un 41,84 % nada despreciable. La explicación del giro es multicausal: inseguridad y crimen organizado, inflación y bajo crecimiento, corrupción, frustración con gobiernos progresistas, crisis de representación, migración, polarización cultural, redes sociales y, en algunos casos, intervención externa. Ninguno de estos factores por sí solo lo explica, y varios —inseguridad, inflación— no requieren de una «estrategia consciente de las élites» para producir alternancia.

El caso salvadoreño ilustra bien esta pluralidad de factores. La política de seguridad aplicada bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 ha estado acompañada de un amplio respaldo electoral, expresado en la reelección presidencial de 2024. Es un caso en el que la demanda de orden y seguridad —más que la disputa redistributiva— parece pesar de forma decisiva en el apoyo ciudadano, lo que refuerza la advertencia contra las lecturas monocausales del giro regional.

10. «Hondurasgate»: entre evidencia, acusación e hipótesis

El caso conocido como «Hondurasgate» debe tratarse con máxima cautela, distinguiendo cada plano. Los hechos verificables son los siguientes: a partir del 30 de abril de 2026, la plataforma Hondurasgate —operando desde Suiza junto con el medio español Diario Red / Canal Red— comenzó a difundir una serie de audios (los reportes hablan de 37 grabaciones) atribuidos a intercambios de WhatsApp, Signal y Telegram, fechados entre enero y abril de 2026. La difusión de los audios es un hecho comprobado; su contenido es materia de disputa.

En las grabaciones, una voz atribuida al expresidente Juan Orlando Hernández —condenado en 2024 en Nueva York por narcotráfico e indultado por Trump en diciembre de 2025— aparece describiendo un plan para restaurar su poder y apoyar al presidente Nasry Asfura como figura de transición. Se trata de una acusación difundida por los medios citados, no probada judicialmente. Hernández respondió en X: «Esa claramente no es mi voz», declaración cuya existencia sí es un hecho comprobado.

Sobre la autenticación: según The Tico Times, la verificación se realizó con el software de análisis de voz Phonexia Voice Inspector; Drop Site News tituló que los audios fueron hallados auténticos «con confianza moderada». Que esos medios lo reportaran así es un hecho; que «confianza moderada» equivalga a certeza forense no lo es: no lo hace. Es esencial subrayar, además, que la mayoría de los medios que difunden el caso —Drop Site News, People's World, Orinoco Tribune, Reactionary International— tienen una orientación ideológica de izquierda, lo que no invalida su reporte pero obliga a la prudencia interpretativa.

Lo que no puede confirmarse con la evidencia pública disponible es lo siguiente: primero, la autenticidad plena e independiente de los audios mediante peritaje judicial; segundo, la existencia probada de una coordinación política internacional formal entre los actores mencionados (Trump, Milei, Netanyahu); y tercero, las afirmaciones más graves atribuidas a las voces. Estos elementos permanecen en el terreno de la acusación y la hipótesis, no del hecho comprobado. El término «Hondurasgate» fue acuñado por los propios difusores; usarlo no implica avalar sus conclusiones. Presentar una hipótesis de conspiración internacional como hecho establecido sería una grave falta de rigor.

11. Generación Z: del progresismo cultural a la cuestión económica

Sería simplista afirmar que «la Generación Z es de izquierda». Los datos son ambivalentes y, en política electoral, incluso apuntan a veces en dirección contraria: la Konrad-Adenauer-Stiftung ha documentado que en varios países latinoamericanos los votantes jóvenes han sido base de apoyo de candidatos de derecha y antisistema. La pregunta más precisa es otra: ¿emerge una generación que combina progresismo cultural con demandas económicas capaces de producir una nueva agenda de derechos sociales?

En el plano económico, la evidencia de malestar es robusta. Según la firma SSRS, los miembros de la Generación Z tienen casi el doble de probabilidad de describir su situación financiera como mala (39 %) que como buena (21 %), mientras que todas las demás generaciones reportan evaluaciones más positivas que negativas. Pew Research Center (2026) halló, en una encuesta a 10.091 adultos estadounidenses realizada del 4 al 17 de mayo de 2026, que mayorías de todas las edades consideran que hoy es más difícil para los jóvenes encontrar empleo, comprar vivienda y pagar la universidad que para la generación de sus padres. La 51.ª Harvard Youth Poll (Harvard Institute of Politics, 2025), con entrevistas realizadas del 3 al 7 de noviembre de 2025 (n = 2.018), encontró que solo el 13 % de los jóvenes cree que el país va en la dirección correcta, frente a un 57 % que considera que va por el camino equivocado. Su director de sondeos, John Della Volpe, resumió: «La inestabilidad está moldeando casi todos los aspectos de la vida de los jóvenes».

Conviene diferenciar dos planos que a menudo se confunden: el progresismo cultural (derechos civiles, igualdad de género, diversidad) y el posicionamiento económico (redistribución, protección social). No siempre coinciden, y un mismo joven puede ser culturalmente liberal y económicamente conservador, o a la inversa. La hipótesis defendible es acotada: una generación que ingresa al mercado laboral bajo condiciones de precarización, endeudamiento y vivienda inaccesible podría formular un nuevo repertorio de reivindicaciones económicas. Esto no equivale a decir que se volverá comunista.

12. ¿Un nuevo pliego petitorio generacional?

Propongo un concepto para nombrar lo que podría estar gestándose: un «nuevo pliego petitorio generacional», no necesariamente construido con categorías marxistas tradicionales. Sus posibles componentes: vivienda accesible, empleo digno, reducción de la precariedad, salarios suficientes, educación y salud públicas, derechos laborales para trabajadores de plataformas, regulación de las grandes tecnológicas, protección ambiental, tributación de grandes patrimonios y conciliación de la vida laboral y personal.

La evidencia sobre concentración de riqueza da sustento a esta agenda. Piketty (2014) documentó que en Estados Unidos «el 10 % más rico posee alrededor del 70 % de todo el capital, la mitad de ello perteneciente al 1 % más rico», y mostró que las grandes fortunas han crecido muy por encima del promedio. Conviene señalar el matiz metodológico: las series históricas más antiguas de Piketty han sido cuestionadas por replicaciones posteriores, aunque los órdenes de magnitud contemporáneos se mantienen robustos.[8]

La tesis es que el conflicto político futuro podría no organizarse en torno a la dicotomía capitalismo/comunismo, sino en torno a quién asume los costos de una economía concentrada y quién recibe los beneficios de la productividad, la automatización y la acumulación. Aquí es imprescindible Gramsci. En sus Selections from the Prison Notebooks (1971), Gramsci mostró que el capitalismo se sostiene no solo por la coerción sino por la hegemonía: por el hecho de que los valores de la clase dominante se convierten en el «sentido común» de todos. La pregunta gramsciana es, entonces: ¿quién define qué es políticamente posible, razonable, deseable o inaceptable? Leído así, el uso inflacionario de la palabra «comunismo» cumple una función precisa: delimitar el campo de lo políticamente aceptable, empujando fuera de él cualquier demanda redistributiva antes incluso de que llegue a discutirse.

13. Lo que esta hipótesis no explica

La honestidad intelectual exige presentar las explicaciones alternativas con toda su fuerza. La primera es el fracaso de los gobiernos progresistas. En varios casos, el giro a la derecha se explica menos por una ofensiva de las élites que por malos resultados económicos, corrupción, ineficacia e inseguridad no resuelta bajo administraciones de izquierda. El voto de castigo es una explicación parsimoniosa que no requiere de ninguna conspiración, y los datos de Malamud sobre la ventaja sistemática del opositor la refuerzan.

La segunda es el cambio cultural. Migración, inseguridad, identidad nacional y reacción frente a agendas identitarias movilizan a electorados con independencia de la cuestión redistributiva. La tercera es la crisis de representación: buena parte del ascenso de outsiders expresa rechazo a los partidos tradicionales más que un desplazamiento ideológico coherente. La cuarta es la demanda de orden en contextos de altísima inseguridad, que explica fenómenos electorales mejor que cualquier teoría sobre la redistribución. La quinta la constituyen los factores económicos objetivos —inflación, desempleo, bajo crecimiento— que producen alternancia electoral por pura insatisfacción material.

Estas explicaciones no refutan la hipótesis central, pero la limitan severamente. La conclusión más sólida es que la reacción anticomunista es uno de los mecanismos en juego, probablemente sobredeterminado por los demás, y con un peso que varía enormemente según el país. Presentarla como la clave única sería incurrir en el mismo reduccionismo que este ensayo intenta evitar.

14. Conclusión: ¿una nueva disputa por las posiciones conquistadas?

El comunismo no está regresando como proyecto histórico. Lo que parece regresar es algo más antiguo y más básico: la disputa por quién paga, quién recibe, quién accede a los bienes públicos, quién controla el Estado y quién define los límites de lo políticamente posible. La palabra «comunismo» funciona hoy menos como descripción de un programa que como dispositivo de clausura del debate: sirve para expulsar del campo de lo aceptable a demandas que hace medio siglo formaban el consenso de posguerra.

Durante el siglo XX, las clases trabajadoras construyeron un repertorio de derechos que luego fue parcialmente desmontado —o que nunca se alcanzó plenamente en el Sur global—. La pregunta abierta —que este ensayo no pretende cerrar— es qué ocurrirá cuando una nueva generación descubra que muchas de sus dificultades económicas no son fracasos individuales sino problemas estructurales, y las convierta nuevamente en demandas colectivas. La cuestión decisiva no será si «la Generación Z se hará comunista», sino si volverá a politizar la economía. Y si lo hace, el nombre que sus adversarios elijan para el miedo —«comunismo» u otro— importará menos que la correlación de fuerzas que consiga construir.

Apéndice metodológico: notas de verificación

Este ensayo distingue tres niveles de estatus epistémico en sus afirmaciones: hechos verificados, acusaciones o hipótesis (aún no comprobadas) e interpretaciones teóricas. El presente apéndice consigna los datos empíricos utilizados y los elementos cuya fiabilidad requiere matices.

Afirmaciones verificadas. El Convenio n.º 98 de la OIT fue adoptado el 1 de julio de 1949 y entró en vigor el 18 de julio de 1951 (OIT, 1949). Elección de Colombia 2026: Abelardo de la Espriella ganó el balotaje del 21 de junio de 2026 con aproximadamente 49,7 % frente a Iván Cepeda y asumió el 7 de agosto de 2026. Elección de Chile 2025: José Antonio Kast ganó el balotaje del 14 de diciembre de 2025 con 58,16 % frente a Jeannette Jara (41,84 %). Legislativas de Argentina 2025: La Libertad Avanza obtuvo aproximadamente 40,8 %. Ajuste fiscal de Milei 2024: recorte del gasto primario del 27,5 % real; RIGI (Ley 27.742/2024): rebaja del impuesto a las ganancias del 35 % al 25 %, estabilidad tributaria de 30 años, umbral de inversión de 200 millones USD. Subsidios a combustibles fósiles: 7 billones USD en 2022 (7,1 % del PIB mundial), de los cuales 1,3 billones fueron explícitos (Black, Liu, Parry y Vernon, 2023). Gastos tributarios corporativos en Estados Unidos: aproximadamente 264.000 millones USD para el año fiscal 2025 (Joint Committee on Taxation). El Salvador: régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 y reelección presidencial en 2024. Uso del término «comunista» por Trump contra Mamdani y otros documentado por CNN, Time, PolitiFact y MS NOW en 2026; Mamdani se define socialista democrático. Encuestas generacionales: SSRS (39 % «mala» frente a 21 % «buena»); Pew Research Center (encuesta del 4 al 17 de mayo de 2026, n = 10.091); Harvard Youth Poll, 51.ª edición (3 al 7 de noviembre de 2025, n = 2.018). Datos comparativos de Malamud sobre victorias de la izquierda (aproximadamente 60 % en la primera década, 55 % en la segunda y 40 % en la actual) y ventaja del opositor (~75 %) publicados en Jerusalem Post.

Elementos no verificables o controvertidos. El caso Hondurasgate merece cuatro matices: la difusión de los audios es un hecho, pero la autenticidad forense independiente, la existencia probada de coordinación internacional formal y las afirmaciones más graves permanecen no confirmadas; la autenticación por «confianza moderada» reportada por Drop Site News no equivale a certeza pericial judicial; predominan medios de orientación de izquierda entre los difusores. Los montos totales de inversión asociados al RIGI (cifras que oscilan, según las fuentes, entre 7.820 y 95.000 millones USD) son autorreportados por el gobierno o la industria y no auditados independientemente; por eso no se incluyen como cifra firme. La cifra de 7 billones del FMI corresponde en aproximadamente un 82 % a subsidios implícitos (externalidades ambientales y sanitarias), no a transferencias directas; el dato riguroso de apoyo directo es 1,3 billones (subsidios explícitos). Las series históricas de Piketty anteriores a 1910 han sido cuestionadas metodológicamente. El documento del FMI es un working paper y lleva la advertencia de que sus opiniones son de los autores y no necesariamente de la institución.

Aclaración sobre atribuciones. La frase divulgativa «el capitalismo se cansó de conceder» no es una cita literal de David Harvey; es una glosa que resume, de manera simplificada, un argumento de A Brief History of Neoliberalism (Harvey, 2005). El ensayo no la atribuye al autor.

Nota sobre jerarquía de fuentes. La cobertura periodística citada —CNN, Al Jazeera, Americas Quarterly, PBS/AP, NBC, France 24, Infobae, La Nación, Página/12, Time, PolitiFact, MS NOW, The Tico Times, Drop Site News, Jerusalem Post y Konrad-Adenauer-Stiftung— corresponde a fuentes de nivel 1 a nivel 3 según una jerarquía editorial que privilegia agencias internacionales, medios de referencia y organismos de investigación. Los medios de menor nivel se han empleado únicamente para identificar debates posteriormente contrastados.

Referencias

Black, S., Liu, A. A., Parry, I. W. H., & Vernon, N. (2023). IMF fossil fuel subsidies data: 2023 update (IMF Working Paper No. 2023/169). International Monetary Fund.

Esping-Andersen, G. (1990). The three worlds of welfare capitalism. Princeton University Press.

Gramsci, A. (1971). Selections from the prison notebooks (Q. Hoare & G. Nowell Smith, Eds. y Trads.). International Publishers.

Harvard Institute of Politics. (2025). 51st Harvard youth poll. Harvard Kennedy School.

Harvey, D. (2005). A brief history of neoliberalism. Oxford University Press.

Mann, M. (2013). The sources of social power: Vol. 4. Globalizations, 1945-2011. Cambridge University Press.

O'Connor, J. (1973). The fiscal crisis of the state. St. Martin's Press.

Offe, C. (1984). Contradictions of the welfare state (J. Keane, Ed.). Hutchinson.

Organización Internacional del Trabajo. (1949). Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (núm. 98).

Pew Research Center. (2026, julio 17). Majorities of Americans say key financial milestones are harder for today's young adults to reach.

Piketty, T. (2014). Capital in the twenty-first century (A. Goldhammer, Trad.). Harvard University Press.

Polanyi, K. (1944). The great transformation: The political and economic origins of our time. Farrar & Rinehart.

SSRS. (s. f.). Gen Z's red flag: What the next generation tells us about America's economic future.

1. La cobertura del episodio y de los pronunciamientos de Trump en Mount Rushmore aparece contrastada en CNN, Time y PolitiFact durante julio de 2026. ↑

2. La formulación aparece en Harvey (2005). La glosa divulgativa «el capitalismo se cansó de conceder» no es una cita literal del autor y no se le atribuye como tal; véase el apéndice metodológico. ↑

3. Cobertura de CNN, Time, PolitiFact y MS NOW, 2026. ↑

4. Declaración de Mamdani recogida por CNN, 2026. ↑

5. Informes de IARAF y ASAP citados por Infobae y La Nación. ↑

6. Sitio oficial del gobierno argentino y análisis de PwC sobre la Ley 27.742 de 2024. ↑

7. Entrevista publicada en Jerusalem Post. ↑

8. Una réplica editada por Cambridge University Press ha discutido metodológicamente las series históricas más antiguas de Piketty; el propio autor ha reconocido la sensibilidad de los datos anteriores a 1910 a decisiones de imputación. ↑