No eres pobre por falta de esfuerzo

Nadie es pobre porque quiere

Extractivismo, salud y el nuevo darwinismo social en la costa salvadoreña

Por José Raúl Dubón Huezo

Sociólogo · rauldubon.org

En una vivienda de tablas y lámina en la costa salvadoreña, una familia puede sostener hasta tres oficios distintos —pesca artesanal, jornal agrícola, comercio informal— y aun así no completar la canasta básica del mes. Mientras tanto, en redes sociales y sobremesas urbanas, circula una pregunta que pretende pasar por sentido común: ¿por qué esa gente no se esfuerza más? Quiero sostener aquí lo contrario de lo que esa pregunta presupone. La pobreza que se observa en estas comunidades costeras no es el resultado de una falta de esfuerzo individual, sino el producto medible de decisiones estructurales —económicas, territoriales, sanitarias— tomadas por otros. Y quiero sostener, además, que la ignorancia que sostiene esa pregunta no es inocente: puede y debe ser objeto de la misma condena moral que sus portadores reservan, sin ningún derecho, para los pobres.

Estas líneas se apoyan en una colaboración que hice en un proceso de recolección sobre hábitos alimentarios en la costa salvadoreña, y en literatura académica y datos oficiales que permiten verificar, más allá de la anécdota, que lo observado responde a patrones estructurales documentados para El Salvador y la región.

Tres oficios, ningún margen

La primera evidencia contra el mito de la pereza es empírica y se llama pluriactividad. En las comunidades pesqueras de la costa salvadoreña es común que un mismo hogar combine la pesca artesanal con la extracción de curiles y otros moluscos, la agricultura de subsistencia, el jornal temporal y el comercio menor. No se trata de una elección de vida ni de informalidad por gusto: la literatura sobre estrategias de subsistencia rural —desde el trabajo seminal de Frank Ellis (2000) sobre diversificación de medios de vida hasta los estudios reunidos por Hubert Carton de Grammont y Patricia Arias (2009) para FLACSO sobre pluriactividad en el campo latinoamericano— muestra que los hogares diversifican sus fuentes de ingreso precisamente cuando ninguna actividad por sí sola alcanza para cubrir las necesidades básicas, y cuando el riesgo de cada actividad —clima, vedas, precios— exige un respaldo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura documenta que el 90% de quienes pescan en el mundo lo hacen en la pesca de pequeña escala, y que estas comunidades suelen estar entre las más pobres y las que enfrentan mayor marginación política y social, con ingresos que varían según la temporada.

Si el problema fuera la falta de esfuerzo, la multiplicación de oficios sería la prueba en contrario más contundente que existe: nadie sostiene tres trabajos por pereza. El problema, en cambio, es estructural: ninguna de esas actividades, tomada por separado, genera ingreso suficiente, porque todas operan en los márgenes de cadenas de valor —turísticas, agroindustriales, comerciales— diseñadas para extraer valor de la zona y no para distribuirlo dentro de ella.

Enfermarse lejos de la capital

La segunda evidencia tiene que ver con la geografía de la salud. Casi todos los servicios médicos de tercer nivel en El Salvador —los hospitales Rosales, Bloom, de Maternidad, Psiquiátrico y Saldaña— están concentrados en San Salvador. La región oriental, que incluye los departamentos de La Unión, Usulután, San Miguel y Morazán, cuenta apenas con un hospital regional de segundo nivel en San Miguel; cualquier afección que requiera una subespecialidad obliga a viajar a la capital. La propia Organización Panamericana de la Salud reconoce, en su perfil de país más reciente, que persisten brechas territoriales en el acceso oportuno a servicios especializados.

Esa brecha no es solo geográfica: es económica. En mis visitas de campo he registrado casos de traslados de emergencia hacia San Salvador con costos de hasta 120 dólares —cifra que no pretendo generalizar como estadística oficial, porque no existe, hasta donde he podido verificar, un dato agregado público sobre el costo promedio de estos traslados desde el oriente del país—. Sí existen, en cambio, aproximaciones que confirman la magnitud del problema: el pasaje de bus interdepartamental entre La Unión y San Salvador ronda los 17 a 21 dólares (no estoy considerando solo pasaje, hay más elementos en los viajes interdeparatmentales), en un trayecto de más de cuatro horas; un estudio econométrico publicado en 2025 en la Revista Económica, con datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, encontró que cada incremento porcentual de hogares en zona rural eleva el gasto en salud en 27.1%, que los hogares sin seguro médico gastan 25.7% más, y que los hogares en pobreza gastan 17.7% más que el resto. En otras palabras: la ruralidad y la pobreza no solo coexisten con peor salud, sino que activamente encarecen el acceso a ella.

Para una familia que vive de la pesca artesanal y el jornal, ese costo no se mide solo en dólares, sino en jornadas de trabajo perdidas: las que exige el viaje, las que exige el acompañamiento, las que exige la recuperación. El antropólogo y médico Paul Farmer llamó a esto violencia estructural: un daño que no proviene de un agresor identificable, sino del orden social mismo, ejercido de manera sistemática e indirecta sobre quienes ocupan sus posiciones más desfavorecidas. Enfermarse lejos de la capital, en El Salvador, es una forma concreta de esa violencia.

Cuando el mar deja de ser de quien lo trabaja

La tercera evidencia es el extractivismo costero, y aquí la costa salvadoreña ofrece un caso documentado con nombre propio: El Icacal, un caserío de pescadores artesanales en el distrito de Intipucá, La Unión, con cerca de mil habitantes repartidos en 75 grupos familiares que han vivido ahí por al menos tres generaciones, junto a un manglar protegido bajo la convención Ramsar. Desde 2023, la organización comunitaria MILPA y medios independientes como Expediente Público y Diario Co Latino han documentado el reclamo de una empresa turística sobre 11.5 kilómetros de playa en esa zona, la tala de más de cien árboles de manglar protegido en mayo de 2024, el ingreso de hombres armados y encapuchados, el cercado con seguridad privada, y al menos siete desalojos judiciales de familias que llevan generaciones en el lugar, entre ellas el de Luz Antonia Castillo Ramírez, expulsada en agosto de 2024. Según MILPA, en menos de dos años, dieciocho comunidades del oriente salvadoreño han enfrentado amenazas similares de desalojo.

El gobierno, por su parte, presenta una narrativa distinta: la primera fase de Surf City 2 se inauguró en abril de 2025 con una inversión oficial de 41 millones de dólares y la promesa —todavía una proyección, no un resultado verificado— de 600 empleos directos y 1,200 indirectos. Ninguna de las dos versiones anula a la otra; conviven, y esa misma convivencia es el dato sociológico relevante: el desarrollo turístico y el despojo territorial no son fenómenos opuestos en esta costa, sino procesos simultáneos. Lo que para la inversión es litoral disponible, para quienes lo han trabajado por generaciones es el manglar donde se cría el curil, el banco de pesca que conocen, la única base material de su pluriactividad. El mismo patrón —desplazamiento de comunidades pesqueras por desarrollo turístico e inmobiliario costero— ha sido documentado en Costa Rica, en balnearios como Tamarindo, Santa Teresa y Jacó, y en México, donde el pueblo pesquero de Sisal, en Yucatán, fue declarado «Pueblo Mágico» en 2020 y analizado después como un caso de despojo territorial bajo ropaje de promoción turística. La costa salvadoreña no es una excepción regional: es la versión local de un patrón centroamericano.

Cuando una economía le quita a una comunidad la base de sus tres oficios y, al mismo tiempo, no le ofrece acceso real a los empleos que dice generar, el resultado no es pereza: es despojo con apariencia de progreso.

El mito de la pereza: de la cultura de la pobreza a la culpa estructural

Conviene, en este punto, ir a la raíz del prejuicio. La idea de que los pobres son pobres por una falta de carácter tiene una genealogía intelectual concreta, y vale la pena conocerla para desmontarla con precisión. El antropólogo Oscar Lewis acuñó en los años sesenta el concepto de «cultura de la pobreza» para describir un conjunto de rasgos —fatalismo, desconfianza hacia las instituciones, orientación al presente— que, según él, se transmitían de generación en generación en ciertos sectores empobrecidos. Es revelador, sin embargo, que el propio Lewis estimara que esa subcultura describía a lo sumo a un 20% de los pobres urbanos que estudió, y que distinguiera explícitamente entre la pobreza como condición económica y la cultura de la pobreza como fenómeno aparte. El matiz se perdió en el camino: lo que sobrevivió en el sentido común no fue la cautela de Lewis, sino una caricatura que sirve para culpar a la víctima.

Esa caricatura fue refutada, ya en 1968, por el antropólogo Charles Valentine, quien advirtió que el modelo de Lewis podía prestarse, incluso sin esa intención, a una lectura que desvía la atención de la desigualdad económica y la discriminación hacia el carácter de quienes la padecen. Carol Stack, en su etnografía clásica sobre una comunidad afroamericana pobre (1974), fue más allá: mostró que la idea de una cultura de la pobreza tiene una naturaleza fundamentalmente política, porque permite racionalizar por qué unos no «lo logran» y, de paso, mantener bajos los salarios de quienes sí trabajan.

A esa crítica se suman tres herramientas conceptuales que conviene aplicar directamente a la costa salvadoreña. Amartya Sen definió la pobreza no como ingreso bajo, sino como privación de capacidades básicas: salud, educación, la libertad real de elegir la vida que se tiene razones para valorar. Bajo ese criterio, una comunidad que no puede acceder a salud especializada sin perder varias jornadas de trabajo no es pobre porque gane poco: es pobre porque el entorno le ha negado capacidades elementales. Pierre Bourdieu, por su parte, mostró que el capital social —las redes de solidaridad y reciprocidad, abundantes en cualquier comunidad pesquera— no se convierte en movilidad si no existe capital económico y cultural que lo respalde; de ahí que la densa red de ayuda mutua que sostiene a estas familias no alcance, por sí sola, para sacarlas de la pobreza. Y Paul Farmer, como ya se mencionó, permite nombrar lo que estos dos primeros conceptos describen: violencia estructural, ejercida sin agresor visible, a través del territorio, del mercado y de la falta de infraestructura.

Ninguno de estos autores necesita ser citado para que la conclusión sea evidente: la pobreza que se observa en estas costas no se explica por el carácter de quienes la viven, sino por la posición que ocupan en una estructura económica que extrae valor del territorio —pesca, manglar, playa, mano de obra barata— sin redistribuirlo.

Cuando el odio de clase se viste de biología

Hay, finalmente, una forma más reciente y más cruda del mismo prejuicio: la que cuestiona directamente el derecho de las personas pobres a tener hijos. No es una ocurrencia marginal de internet. En marzo de 2025 se celebró en Austin, Texas, la llamada NatalCon, una conferencia pronatalista que reunió, según reportajes de The New York Times, Wired y Newsweek, a figuras como Kevin Dolan —su organizador, quien ha declarado que sus eventos buscan excluir a «gente estúpida», y ha sido señalado por comentarios favorables a la eugenesia— y Jordan Lasker, divulgador pronatalista cuyas posturas sobre genética y raza esa misma cobertura describe como pseudocientíficas. La idea de fondo es vieja conocida de la historia de las ideas: hay personas cuya reproducción se considera deseable y personas cuya reproducción no lo es, y la pobreza —disfrazada de «condiciones»— se usa como criterio de selección.

Esa idea de fondo tiene una genealogía que conviene exponer con precisión, porque no nació en una conferencia de Texas. La teoría del control demográfico que dominó buena parte de la cooperación internacional durante el siglo veinte proviene, según documenta el International Center for Research on Women, del movimiento eugenésico, que consideraba a las personas de color, a quienes viven en la pobreza y a las personas con discapacidad como no aptas para la reproducción. En 1968 el entonces presidente del Banco Mundial, Robert McNamara, promovió el control de la natalidad en los países pobres como condición para el crecimiento económico, una postura que Eduardo Galeano, en Las venas abiertas de América Latina, llamó con ironía la doctrina de los «hijos de Malthus»: limitar a los pobres en lugar de redistribuir la riqueza. El lenguaje cambió —de la eugenesia explícita a la planificación familiar técnica, y de ahí al actual vocabulario de «responsabilidad reproductiva»—, pero la pregunta de fondo permaneció intacta: ¿quién decide cuántos hijos puede tener una mujer pobre?

Esa pregunta dejó de ser teórica en el Perú de los años noventa. Entre 1996 y 2000, el gobierno de Alberto Fujimori ejecutó, bajo la fachada de un programa de salud reproductiva, una campaña de esterilización masiva dirigida de manera desproporcionada a mujeres campesinas, indígenas y pobres, presentada explícitamente como estrategia de alivio a la pobreza. Las cifras varían según la fuente —la cifra exacta de esterilizaciones realizadas sin consentimiento genuino no se conoce con precisión, y los organismos de derechos humanos manejan estimaciones que van de algunos miles hasta, en el universo total de mujeres esterilizadas bajo ese programa, cerca de 300,000—, pero tanto el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en 2024, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia de marzo de 2026, concluyeron que se trató de una política de Estado que constituyó una forma de violencia reproductiva contra las mujeres más empobrecidas y excluidas del país. No es un antecedente lejano ni ajeno a la región: es la prueba de que decidir, desde el poder, quién no debería reproducirse no es una hipótesis retórica, sino una política que ya se ejecutó en América Latina contra exactamente la población que hoy se discute en redes sociales y conferencias pronatalistas.

Frente a esa genealogía, la teoría feminista ha propuesto un marco distinto: la justicia reproductiva, acuñada en 1994 por un colectivo de mujeres afrodescendientes en Estados Unidos y desarrollada después por Loretta Ross y Rickie Solinger (2017). El concepto sostiene que el derecho reproductivo no se agota en la libertad de no tener hijos, sino que incluye, con el mismo peso, el derecho a tenerlos y el derecho a criarlos en condiciones dignas y seguras. Leído desde este marco, el reclamo de que los pobres «no deberían tener hijos si no tienen las condiciones» invierte la responsabilidad de manera deshonesta: convierte en requisito moral del individuo lo que es, en realidad, una obligación social y estatal incumplida. Nadie elige nacer en una comunidad sin hospital cercano ni con el mar disputado por una inmobiliaria; pero alguien sí decide, cada año, cuánto invertir en que esas condiciones existan.

Quiero añadir aquí una observación propia, que no encuentro sistematizada en la literatura académica que he podido revisar y que por tanto presento como hipótesis de lectura y no como hallazgo probado: en el mismo entorno discursivo donde se cuestiona el derecho de una familia pobre a tener hijos si «no tiene las condiciones», es común escuchar una indignación mucho más fluida y menos cuestionada ante el maltrato animal. No tengo una cifra que mida esa asimetría, y sería deshonesto presentarla como un hecho establecido. Pero si la intuición resiste el escrutinio —y creo que vale la pena que cada lector la examine en su propio entorno—, lo que revela no es amor por los animales, sino la facilidad con la que una sociedad jerarquiza el derecho a existir según la utilidad económica percibida de cada vida: un animal de compañía no compite por recursos escasos del Estado; un niño nacido en la pobreza, en el imaginario clasista, sí.

Frente a ese imaginario, la sociología y la evidencia histórica tienen algo concreto que decir: ni la pobreza en la costa salvadoreña ni en ningún otro lugar de América Latina es producto de la falta de esfuerzo o de decisiones reproductivas irresponsables. Es resultado de una economía que extrae valor del territorio sin redistribuirlo, de un sistema de salud centralizado que convierte la geografía en enfermedad, de transferencias estatales que para el hogar más pobre representan menos del 1% de su ingreso —frente al 8% del promedio centroamericano, según el Banco Mundial—, y de una larga historia, todavía no cerrada, de decidir por los pobres si merecen reproducirse.

Volvamos a la familia con tres oficios. No le falta esfuerzo: le falta una estructura que reconozca y remunere ese esfuerzo. No le falta responsabilidad: le falta un sistema de salud que no convierta un viaje a la capital en una semana de salario perdido. No le falta «condiciones» para tener hijos: lo que le falta es una sociedad dispuesta a proveerlas en lugar de exigírselas como requisito moral previo al derecho de existir.

El verdadero fracaso no está en esas comunidades. Está en quienes, sin haber pisado nunca un manglar disputado ni una sala de espera a tres horas de su casa, se sienten con autoridad moral para diagnosticar la pereza ajena. Si hay una pobreza que merece señalarse con el mismo desprecio que tan generosamente se reparte hacia los pobres, es esa: la pobreza de pensamiento de quien confunde la estructura con el carácter, y la ignorancia con sentido común.

Fuentes consultadas

Banco Mundial (2024). Evaluación de la pobreza y la equidad en El Salvador 2024: mejorar vidas y medios de subsistencia.

Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. En J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood.

Carton de Grammont, H. y Arias, P. (Eds.) (2009). La pluriactividad en el campo latinoamericano. FLACSO Ecuador.

Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer –CEDAW– (2024). Decisión sobre esterilización forzada en Perú.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2026). Sentencia sobre esterilizaciones forzadas en Perú (caso Celia Ramos y otras).

Diario Co Latino, Expediente Público y MILPA (2024–2025). Cobertura sobre el caso de la comunidad El Icacal, Intipucá, La Unión.

Ellis, F. (2000). Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries. Oxford University Press.

FAO. Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala.

Farmer, P. (2003). Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor. University of California Press.

Farmer, P. (2004). An Anthropology of Structural Violence. Current Anthropology, 45(3).

Galeano, E. (1971). Las venas abiertas de América Latina. Siglo XXI.

International Center for Research on Women –ICRW– (2022). Salud, derechos y justicia sexual y reproductiva.

Lewis, O. (1961). Antropología de la pobreza: cinco familias. Fondo de Cultura Económica.

Lewis, O. (1966). La Vida. Random House.

Newsweek, The New York Times y Wired (2025). Cobertura sobre la conferencia NatalCon, Austin, Texas.

Organización Panamericana de la Salud (2026). Salud en las Américas: perfil de país, El Salvador.

PNUD (2024). Mapa socioeconómico: guía para los 44 nuevos municipios de El Salvador.

Revista Económica (2025). Determinantes del gasto de salud en El Salvador.

Ross, L. y Solinger, R. (2017). Reproductive Justice: An Introduction. University of California Press.

Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Editorial Planeta.

Stack, C. (1974). All Our Kin: Strategies for Survival in a Black Community. Harper & Row.

Valentine, C. (1968). Culture and Poverty: Critique and Counter-Proposals. University of Chicago Press.

Nota: la colaboración mencionada, en un proceso de recolección sobre hábitos alimentarios en la costa salvadoreña, se menciona aquí de forma general como experiencia personal y no constituye una fuente citable; no se reproducen datos específicos de ese proceso.