Clases nítidas, sujetos opacos

La cadena de traducción entre posición de clase y sujeto político en América Latina (2008-2026)

José Raúl Dubón Huezo

Sociólogo y analista político · San Salvador, El Salvador

Octubre de 2026

Resumen

La primera parte de esta investigación sostuvo que las clases sociales son hoy más nítidas en la cúspide de la distribución y en la conversión de la riqueza en poder político, mientras sus expresiones colectivas se vuelven opacas. Este artículo toma esa disyunción como objeto y pregunta en qué punto se rompe, en América Latina, el recorrido que conduce de la posición de clase al sujeto político. Se propone un modelo de cinco eslabones (percepción, juicio, eficacia, voz y organización) y se contrastan, mediante la lógica de la inferencia fuerte, siete explicaciones rivales: el sesgo de ubicación, la legitimación meritocrática, el desplazamiento hegemónico del malestar, el fatalismo, la falsificación de preferencias, la salida migratoria y el déficit de vehículos organizativos. La evidencia combina los informes de Latinobarómetro de 2018, 2024 y 2026, estudios empíricos publicados y un análisis propio de datos abiertos de V-Dem (versión 16) para dieciocho países entre 2008 y 2025, del World Inequality Database y del Banco Mundial, que incluye una comparación entre la evaluación experta de la captura del poder y la percepción ciudadana en diecisiete países. Los resultados indican que la percepción y el juicio de injusticia están en buena medida intactos: el 72 % de la población considera que su país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio y el 76 % juzga injusta la distribución del ingreso. La ruptura se localiza en la eficacia y en la organización. Donde los vínculos partidarios son más programáticos, la riqueza se traduce menos en poder político, y la percepción de captura solo desciende de forma marcada en los dos países donde la legitimación del gobierno descansa con más fuerza en la persona del líder. Se propone interpretar la delegación personalista como la forma política de la opacidad de clase: el agravio no desaparece, sino que es representado desde arriba. El artículo cierra con un protocolo para contrastar el modelo con microdatos de encuesta.

Palabras clave: formación de clase; eficacia política; delegación; personalismo; falsificación de preferencias; América Latina.

Sharp classes, opaque subjects: the translation chain between class position and political subject in Latin America (2008-2026)

Abstract

The first part of this research argued that social classes are now sharper at the top of the distribution and in the conversion of wealth into political power, while their collective expressions have become opaque. This article takes that disjunction as its object and asks where, in Latin America, the path from class position to political subject breaks down. It proposes a five-link model (perception, judgement, efficacy, voice and organization) and, following the logic of strong inference, tests seven rival explanations: location bias, meritocratic legitimation, the hegemonic displacement of grievance, fatalism, preference falsification, migratory exit and the lack of organizational vehicles. The evidence combines the Latinobarómetro reports of 2018, 2024 and 2026, published empirical studies and an original analysis of open data from V-Dem (version 16) for eighteen countries between 2008 and 2025, the World Inequality Database and the World Bank, including a comparison between expert assessments of the capture of power and citizen perceptions in seventeen countries. The results indicate that perception and the judgement of injustice remain largely intact: 72 % of the population believes their country is governed by a few powerful groups for their own benefit, and 76 % considers the distribution of income unfair. The break lies in efficacy and organization. Where party linkages are more programmatic, wealth translates less into political power, and the perception of capture falls markedly only in the two countries where government legitimation rests most heavily on the person of the leader. The article proposes to read personalist delegation as the political form of class opacity: grievance does not disappear but is represented from above. It closes with a protocol to test the model with survey microdata.

Keywords: class formation; political efficacy; delegation; personalism; preference falsification; Latin America.

1. Introducción

La economía política de la democracia formuló hace más de cuatro décadas una expectativa sencilla. Si el votante decisivo tiene un ingreso inferior al promedio, cuanto mayor sea la desigualdad mayor será la presión electoral a favor de la redistribución (Meltzer y Richard, 1981). La historia comparada no confirmó esa expectativa. Lindert (2004) llamó paradoja de Robin Hood a la regularidad inversa: la redistribución tiende a ser menor allí donde parece más necesaria. América Latina ofrece una versión aguda del problema, porque combina una desigualdad persistente con una percepción ciudadana que no la ignora. En 2024, el 72 % de la población de los países encuestados por Latinobarómetro consideraba que su país estaba gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio, y el 76 % juzgaba injusta o muy injusta la distribución del ingreso (Corporación Latinobarómetro, 2024, pp. 51, 54). Esa percepción no se ha traducido en organizaciones de clase de alcance comparable. En 2026, la confianza en los partidos políticos era del 15 %, el 76 % de la población no se sentía representada por el parlamento y el propio informe de Latinobarómetro constataba que los personalismos vienen a llenar el vacío dejado por la ausencia de partidos robustos (Corporación Latinobarómetro, 2026, pp. 19-20, 24).

La primera parte de esta investigación propuso la categoría de nitidez de clase, desagregada en cuatro dimensiones (distancia, cierre, visibilidad y traducción política), y sostuvo que la estructura de clases es hoy más nítida en la cúspide extrema de la distribución y en la conversión directa de la riqueza en poder (Dubón Huezo, 2026a). El mismo texto advirtió que esa nitidez objetiva coexiste con una opacidad subjetiva, es decir, con la debilidad de las identidades y organizaciones capaces de nombrar la separación entre posiciones como una relación social. La opacidad quedó allí formulada como hipótesis y funcionó, en rigor, como una caja negra: se sabía qué entraba (posiciones más distantes y más cerradas) y qué no salía (sujetos colectivos de clase), pero no dónde se perdía el recorrido.

Este artículo abre esa caja. Su pregunta es en qué punto se rompe, en América Latina, la cadena que conduce de la posición de clase al sujeto político, y por qué una desigualdad visible y juzgada como injusta por amplias mayorías no produce un actor colectivo que la dispute en esos términos. La pregunta no es nueva en la teoría social. Marx (2015) distinguió entre la existencia de una clase en sus condiciones materiales de vida y su constitución como comunidad y organización política; Thompson (2012) insistió en que la clase se forma en la experiencia y en la lucha antes que en la estructura; Przeworski (1977) la concibió como el efecto, siempre contingente, de luchas políticas e ideológicas; Bourdieu (2001) separó la clase probable, construida por el analista, de la clase movilizada. Lo que este artículo añade es una descomposición del problema en eslabones observables y un contraste sistemático de las explicaciones disponibles con evidencia regional reciente.

La tesis es que la opacidad de clase no reside principalmente en la percepción. Las mayorías latinoamericanas ven la concentración del poder y la juzgan injusta. La cadena se rompe después, en la eficacia, es decir, en la convicción de que esa situación puede cambiarse y de que existe un agente capaz de cambiarla, y en la organización, es decir, en la existencia de vehículos que transformen el agravio compartido en acción colectiva sostenida. Cuando esos dos eslabones fallan, el agravio no se disuelve. Encuentra otra forma política: la delegación en un liderazgo personalista que se presenta como representante del pueblo frente a los poderosos. La delegación es, en este argumento, la forma política de la opacidad. No se trata de una falsa conciencia ni de una ausencia de conflicto, sino de un modo específico de representar la experiencia de clase sin organización de clase, que la teoría latinoamericana identificó con distintos nombres desde Germani (1962) hasta O'Donnell (1994) y Laclau (2005), y cuyo antecedente analítico más preciso se encuentra en el examen que Marx dedicó al bonapartismo.

El argumento se sostiene en tres tipos de evidencia. El primero son los informes publicados de Latinobarómetro de 2018, 2024 y 2026, de los que se toman los porcentajes regionales y nacionales con indicación de la página. El segundo es la literatura empírica sobre percepción de la desigualdad, legitimación, eficacia, falsificación de preferencias, migración y organización partidaria. El tercero es un análisis propio de datos abiertos: la versión 16 de la base de datos de Variedades de la Democracia (V-Dem) para dieciocho países entre 2008 y 2025, las series de participación del decil superior en el ingreso del World Inequality Database (WID) y los indicadores de remesas y desigualdad del Banco Mundial. Ese análisis incluye una comparación entre la evaluación experta de cuánto se traduce la riqueza en poder político y la percepción ciudadana de que el país está gobernado por unos pocos.

El artículo realiza tres aportes. En el plano conceptual, sustituye la noción de opacidad subjetiva por una cadena de cinco eslabones (percepción, juicio, eficacia, voz y organización) cuya ruptura puede localizarse, y propone la noción de eficacia delegada para nombrar la situación en que la expectativa de cambio no desaparece, sino que se deposita en un tercero. En el plano metodológico, organiza siete explicaciones rivales según la lógica de la inferencia fuerte (Platt, 1964): para cada una se precisa qué debería observarse si fuera correcta y qué observación la debilitaría. En el plano empírico, presenta evidencia original sobre la relación entre organización partidaria y traducción de la riqueza en poder y sobre la brecha entre la evaluación experta y la percepción ciudadana, y propone un protocolo para contrastar el modelo con microdatos.

El estatuto del texto debe precisarse desde el inicio, porque de él depende el alcance de sus conclusiones. Se trata de un artículo teórico con evidencia exploratoria, no de una prueba decisiva. Los datos de encuesta proceden de informes publicados y no de microdatos procesados en esta investigación, de modo que las asociaciones entre países no autorizan inferencias sobre individuos. Los indicadores de V-Dem se basan en la codificación de expertos y no en la observación directa de las prácticas que describen. Las asociaciones estadísticas se estiman con dieciocho o diecisiete unidades, lo que limita su precisión. Por esas razones, el texto distingue en cada paso entre el dato, la inferencia que de él se extrae y la interpretación que el argumento propone, y el protocolo del Anexo A forma parte del argumento, porque indica qué observaciones permitirían refutarlo.

El texto se organiza en diez apartados además de esta introducción. El apartado 2 presenta el marco teórico, la cadena de traducción y las explicaciones rivales. El apartado 3 describe el diseño, los datos y los métodos. Los apartados 4 a 8 examinan, eslabón por eslabón, la evidencia sobre percepción, juicio, eficacia, voz y organización. El apartado 9 analiza la brecha entre la evaluación experta y la percepción ciudadana. El apartado 10 gradúa la evidencia, desarrolla la tesis de la delegación y la vincula con el circuito de reproducción del poder propuesto en la primera parte. El apartado 11 presenta las conclusiones y la agenda de investigación.

2. De la clase en el papel al sujeto político

2.1 Estructura, formación y conciencia

La sociología de las clases ha distinguido de manera reiterada entre la posición que las personas ocupan en las relaciones económicas y su existencia como colectivo político. Wright (1997) separó cuatro objetos de análisis que suelen confundirse: la estructura de clases, la formación de clase, la conciencia de clase y la lucha de clases. La estructura establece límites a lo que puede formarse, pero no determina qué se forma. La formación designa la constitución de colectividades organizadas a partir de esa estructura, y su resultado depende de procesos políticos, culturales e institucionales que la estructura no contiene. Katznelson (1986) propuso una distinción convergente en cuatro niveles: la clase como estructura, como modo de vida, como conjunto de disposiciones compartidas y como acción colectiva. Su argumento central es que el paso de un nivel al siguiente es contingente, de modo que estructuras semejantes pueden producir formaciones muy distintas, y que la tarea comparativa consiste en explicar esas diferencias.

Las tradiciones de las que parte este artículo coinciden en ese punto. Marx (2015) observó, a propósito de los campesinos parcelarios franceses, que millones de familias pueden compartir condiciones económicas de existencia que las separan de otras clases y, sin embargo, no formar una clase en sentido político, porque la identidad de sus intereses no engendra entre ellas comunidad ni organización. Thompson (2012) sostuvo que la clase sucede en las relaciones humanas y que se forma cuando personas con experiencias comunes sienten y articulan la identidad de sus intereses frente a otros. Przeworski (1977) radicalizó la idea al concebir las clases como efectos de luchas cuyo resultado no está dado por la estructura, y mostró después, con Sprague, que los partidos que buscan mayorías electorales enfrentan un dilema entre interpelar a los trabajadores como clase y diluir esa interpelación para atraer a otros grupos (Przeworski y Sprague, 1986). Bourdieu (2001) distinguió entre las clases construidas por el analista, que son clases en el papel o clases probables, y los grupos efectivamente movilizados, y atribuyó el paso de unas a otros a un trabajo de representación que realizan portavoces e instituciones.

Dos consecuencias de esa tradición orientan el argumento. La primera es que la ausencia de un sujeto político de clase no constituye una anomalía que deba explicarse por un error de las personas. Lukács (1975) llamó conciencia atribuida, o adjudicada según las traducciones, a la que correspondería racionalmente a una posición de clase, y midió contra ella la conciencia efectiva. Esa operación tiene un costo analítico: convierte la distancia entre ambas en una falta de quienes no actúan según lo previsto. Este artículo evita esa premisa normativa. No pregunta por qué las personas no tienen la conciencia que deberían tener, sino en qué punto observable del recorrido entre posición y acción colectiva se pierde la traducción, y qué mecanismos sociales producen esa pérdida. La segunda consecuencia es que la formación de clase depende de la política. Gramsci (1981-2000) describió el paso del momento económico-corporativo, en el que un grupo reconoce intereses comunes, al momento ético-político, en el que esos intereses se presentan como universales y disputan la dirección de la sociedad, y situó en las organizaciones y en los intelectuales el trabajo de ese paso. Si la formación es política, su ausencia también lo es.

La literatura latinoamericana añadió a esa discusión un diagnóstico de época. Roberts (2002) mostró que la era neoliberal produjo en la región desigualdades sociales sin clivajes de clase: la reestructuración del mercado de trabajo fragmentó a los asalariados, debilitó a los sindicatos y quitó a los partidos que habían organizado a los sectores populares la base social y la capacidad redistributiva que sostenían sus apelaciones. Portes y Hoffman (2003) documentaron, para el mismo periodo, la contracción relativa del proletariado formal, el crecimiento de un proletariado informal y la expansión del microempresariado como estrategia de supervivencia, es decir, una estructura de clases en la que las posiciones subordinadas se multiplican y se dispersan. Roberts (2014) mostró después que el modo en que cada país atravesó las reformas de mercado condicionó la estabilidad o el colapso de su sistema de partidos. La opacidad de clase que la primera parte de esta investigación registró en el plano subjetivo tiene, por tanto, una genealogía organizativa precisa.

2.2 La cadena de traducción

Para localizar dónde se pierde la traducción, el artículo descompone el recorrido entre posición y sujeto político en cinco eslabones. La descomposición recoge tres antecedentes. Felstiner et al. (1981) mostraron que una experiencia perjudicial solo se convierte en disputa si pasa por tres transformaciones: ser nombrada como perjuicio, ser atribuida a alguien responsable y dar lugar a una reclamación. La psicología social de la acción colectiva identificó en el sentimiento de injusticia, la eficacia percibida y la identidad compartida los tres predictores principales de la participación, y el metaanálisis de van Zomeren et al. (2008) mostró que la identidad opera a la vez de forma directa y como puente entre los otros dos. La teoría de la salida y la voz, por último, advirtió que el descontento puede expresarse o evitarse mediante el abandono, y que ambas respuestas se condicionan mutuamente (Hirschman, 1977).

El primer eslabón es la percepción y la ubicación: el reconocimiento de que la distribución del ingreso y del poder es desigual, y de la posición propia en ella. El segundo es el juicio y la atribución: la evaluación de esa distribución como injusta y su atribución a causas sociales y a agentes identificables, antes que al mérito individual o al azar. El tercero es la eficacia: la convicción de que la situación puede cambiarse y la identificación del agente capaz de cambiarla. La literatura distingue una eficacia interna, referida a la propia capacidad de comprender e influir en la política, y una eficacia externa, referida a la receptividad de las instituciones (Craig et al., 1990); el argumento de este artículo añade una tercera posibilidad, la de una eficacia depositada en un tercero. El cuarto eslabón es la voz: la posibilidad de expresar públicamente el agravio sin costos prohibitivos y la preferencia por expresarlo antes que por abandonar la situación. El quinto es la organización: la existencia de vehículos, como partidos, sindicatos o movimientos, que agreguen agravios individuales, los traduzcan en programas y los sostengan en el tiempo (Kitschelt, 2000; De Leon et al., 2009).

La cadena es un instrumento analítico y no una secuencia cronológica necesaria. La relación entre eslabones puede invertirse: las organizaciones producen percepción cuando politizan la desigualdad, y la evidencia comparada sugiere que los clivajes de clase del voto cambian con la oferta programática de los partidos (Gethin et al., 2022). Tampoco supone que la ruptura de un eslabón produzca pasividad. Una cadena interrumpida puede desembocar en apatía, pero también en salida, en movilización bajo otras identidades o en formas de representación que no pasan por la organización de clase. Esa última posibilidad es la que el argumento desarrolla.

2.3 Siete explicaciones rivales y la tesis de la delegación

La literatura ofrece explicaciones de la opacidad que pueden ordenarse según el eslabón en que sitúan la ruptura. Siguiendo la recomendación de Platt (1964) de trabajar con hipótesis múltiples y formular para cada una la observación que la descartaría, el artículo examina siete. La primera (E1) es el sesgo de ubicación. Las personas tienden a situarse en el centro de la escala social con independencia de su posición objetiva (Evans y Kelley, 2004), y la evidencia experimental muestra que la información sobre la posición real modifica las preferencias redistributivas (Cruces et al., 2013). Si la opacidad residiera allí, la ruptura aparecería en el primer eslabón: amplios sectores no verían la concentración o no se reconocerían en las posiciones desfavorecidas.

La segunda explicación (E2) es la legitimación meritocrática. La desigualdad sería percibida, pero aceptada como resultado del esfuerzo y del talento. Mijs (2021) mostró que en los países más desiguales la creencia meritocrática es más extendida, Trump (2018) encontró que la exposición a niveles altos de desigualdad desplaza lo que las personas consideran diferencias legítimas de ingreso, y la teoría de la justificación del sistema sostiene que incluso los grupos desfavorecidos tienden a legitimar el orden existente (Jost y Banaji, 1994; Jost et al., 2003). La tercera (E3) es el desplazamiento hegemónico del malestar. El agravio sería percibido y juzgado, pero atribuido a otros antagonistas, como la delincuencia, la corrupción, la clase política o enemigos culturales, en un proceso que la tradición gramsciana describe como la reorganización del sentido común y que la primera parte de esta investigación asoció con la economía de la atención de las plataformas digitales (Gramsci, 1981-2000; Laclau, 2005; Dubón Huezo, 2026a). Ambas explicaciones sitúan la ruptura en el segundo eslabón.

La cuarta explicación (E4) es el fatalismo. Martín-Baró (1998) describió el fatalismo latinoamericano como una actitud socialmente producida, que interioriza la imposibilidad de cambiar el propio destino y que no se explica por rasgos individuales sino por la experiencia histórica de la dominación. Este artículo distingue dos variantes. En la primera, la expectativa de cambio desaparece. En la segunda, que se denomina aquí eficacia delegada, la expectativa persiste pero se deposita en un agente externo dotado de capacidad extraordinaria. Ambas sitúan la ruptura en el tercer eslabón, pero tienen implicaciones distintas: el fatalismo predice retraimiento y la eficacia delegada predice apoyo a liderazgos fuertes que prometen resultados.

La quinta (E5) y la sexta (E6) explicaciones se refieren al cuarto eslabón. La falsificación de preferencias supone que el agravio existe en privado pero no se expresa en público, porque expresarlo tiene costos. Kuran (1995) mostró que, cuando eso ocurre, las opiniones visibles dejan de informar sobre las preferencias reales, y Scott (2000) describió los discursos ocultos con que los grupos subordinados elaboran fuera de escena la crítica que no pueden pronunciar ante el poder. La salida migratoria supone que la emigración y las remesas sustituyen a la voz: quienes podrían reclamar se van, y los ingresos que envían amortiguan los costos del deterioro para quienes se quedan (Hirschman, 1978; Germano, 2018). La séptima explicación (E7) es el déficit de vehículos organizativos: el agravio, el juicio y aun la eficacia existirían, pero faltarían las organizaciones capaces de traducirlos en acción colectiva sostenida, como consecuencia de la informalización del trabajo, del colapso de los sistemas de partidos y de la sustitución de vínculos programáticos por vínculos clientelares o personalistas (Roberts, 2002, 2014; Kitschelt y Wilkinson, 2007; Lupu, 2016).

Las siete explicaciones no son excluyentes y el propósito no es elegir una ganadora. La inferencia fuerte permite, en cambio, localizar dónde opera cada una y con qué peso, porque cada una predice que la pérdida se concentra en un eslabón distinto. La Tabla 1 resume las implicaciones observables de cada explicación y las observaciones que la debilitarían.

Tabla 1

Eslabones de la cadena de traducción, explicaciones rivales e implicaciones observables

Nota. Elaboración propia. La numeración de los eslabones corresponde a la Figura 1. Las implicaciones observables orientan la gradación de la evidencia que resume la Tabla 4.

La tesis del artículo resulta de combinar dos de ellas. Si la ruptura se produce en la eficacia y en la organización, y si la eficacia no desaparece, sino que se desplaza hacia un tercero, el agravio de clase puede persistir sin organización de clase y encontrar representación en un liderazgo personal. La idea tiene antecedentes precisos. Marx (2015) concluyó que los campesinos parcelarios, incapaces de hacer valer su interés de clase en nombre propio, no podían representarse y debían ser representados, y que su representante debía aparecer a la vez como su señor, como un poder gubernamental ilimitado que los protegiera desde arriba. Germani (1962) analizó la incorporación de masas disponibles, desplazadas de sus marcos tradicionales y sin organizaciones propias, a movimientos conducidos desde arriba. O'Donnell (1994) describió la democracia delegativa como aquella en la que quien gana la presidencia se considera autorizado a gobernar según su criterio, con la sola limitación de las relaciones de poder existentes y de la duración constitucional de su mandato. Weyland (2001) definió el populismo como una estrategia política mediante la cual un líder personalista busca o ejerce el poder sobre la base del apoyo directo, no mediado y no institucionalizado de grandes números de seguidores en su mayoría no organizados. Laclau (2005) mostró que la oposición entre el pueblo y los poderosos puede articular demandas heterogéneas en torno a un nombre.

La tesis de la delegación no reproduce esas teorías, sino que las usa para formular una hipótesis sobre la opacidad de clase con implicaciones propias. Si es correcta, la percepción de captura debería disminuir allí donde el gobierno se legitima en las cualidades personales del líder, aunque la evaluación experta no registre una menor traducción de la riqueza en poder; la delegación debería coexistir con baja densidad organizativa; la eficacia debería expresarse como confianza en el gobernante y en el voto que lo eligió antes que como confianza en la acción colectiva; y debería observarse una disposición extendida a aceptar formas de gobierno menos democráticas a cambio de resultados. La Figura 1 representa la cadena, las explicaciones rivales y el lugar de la delegación en el modelo.

Figura 1

La cadena de traducción entre posición de clase y sujeto político, explicaciones rivales y delegación

Nota. Elaboración propia. Los eslabones describen un recorrido analítico y no una secuencia cronológica necesaria. Cada explicación rival se sitúa junto al eslabón en que localiza la ruptura (Tabla 1). Las flechas hacia la izquierda indican la tesis del artículo: cuando la cadena se rompe en la eficacia o en la organización, el agravio puede ser representado desde arriba por un liderazgo personalista.

3. Diseño, datos y método

3.1 Estrategia

El artículo no pretende estimar el efecto causal de un factor sobre la formación de clase, sino localizar la ruptura de una cadena y graduar el apoyo que la evidencia disponible ofrece a explicaciones rivales. Para ello sigue la lógica de las implicaciones observables (King et al., 2000): cada explicación se traduce en predicciones sobre lo que debería observarse en cada eslabón, y la evidencia se organiza según favorezca, contradiga o deje indeterminada cada predicción. La Tabla 1 fija esas predicciones antes de examinar los datos. El balance final, presentado en el apartado 10, distingue entre evidencia a favor, evidencia en contra, evidencia ambigua y ausencia de evidencia, porque esta última categoría es tan informativa como las otras para orientar la investigación posterior.

3.2 Fuentes

La primera fuente son los informes de la Corporación Latinobarómetro correspondientes a 2018, 2024 y 2026. La ola de 2024 aplicó 19 214 entrevistas cara a cara, con muestras nacionales representativas de la población de 18 años y más en diecisiete países y un margen de error de 3 puntos porcentuales por país (Corporación Latinobarómetro, 2024, p. 16). La ola de 2026 aplicó 19 207 entrevistas entre el 7 de mayo y el 17 de junio de ese año, con 1 200 casos en los países de América del Sur y México y 1 000 en los de Centroamérica y República Dominicana; Nicaragua no fue medida por motivos de seguridad (Corporación Latinobarómetro, 2026, p. 2). Los porcentajes se toman de los informes y se citan con su página. Para los tres ítems de 2024 que se usan en el análisis entre países, el promedio simple de los diecisiete valores nacionales difiere a lo sumo en un punto porcentual del valor regional publicado, de modo que puede trabajarse con ellos sin suponer ponderaciones adicionales. La formulación literal de las preguntas empleadas, tal como aparece en los informes, se presenta en la Tabla A1 del Anexo A.

La segunda fuente es la base de datos país-año de V-Dem en su versión 16 (Coppedge et al., 2026), obtenida mediante el paquete oficial vdemdata (Maerz et al., 2026). El análisis comprende los dieciocho países que Latinobarómetro mide habitualmente (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) entre 2008 y 2025. El año inicial coincide con el de la primera parte de esta investigación. Se emplean once indicadores. El de poder distribuido según la posición socioeconómica mide en qué medida la riqueza y el ingreso se traducen en poder político, en una escala que va de 0, cuando las personas ricas tienen un virtual monopolio del poder político, a 4, cuando no tienen más poder que las de ingresos medios o bajos. El de vínculos partidarios mide la forma predominante de relación entre los partidos principales y sus electores, de 0 (clientelar: bienes, dinero o empleos a cambio de apoyo) a 4 (programática: respuesta a posiciones sobre políticas nacionales), con un punto intermedio de bienes colectivos locales. Se usan además los índices de institucionalización partidaria, de sociedad civil, de clientelismo y de democracia liberal, y los indicadores de represión gubernamental de las organizaciones de la sociedad civil, de difusión gubernamental de información falsa en redes sociales, de legitimación del gobierno por la persona del líder y por el desempeño, y de movilización de masas a favor de objetivos autocráticos (Hellmeier y Bernhard, 2023). Los indicadores de legitimación, introducidos por Tannenberg et al. (2021), están disponibles en la versión 16 hasta 2023. Las definiciones proceden del libro de códigos de la versión 16.

La tercera fuente son las series de participación del decil superior en el ingreso nacional antes de impuestos del WID (World Inequality Database, 2026; variable sptincj992, adultos, reparto igualitario entre cónyuges). La base asigna a cada serie un código de calidad. Para siete de los dieciocho países (Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela), los valores recientes proceden de imputaciones regionales y no de datos propios (Chancel y Piketty, 2021); para los once restantes, las series posteriores a 2000 descansan en la combinación de encuestas, registros tributarios y cuentas nacionales propuesta por De Rosa et al. (2024). Los análisis con datos del WID se restringen a esos once países. La cuarta fuente son los indicadores de remesas personales recibidas como porcentaje del producto interno bruto y del índice de Gini de los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial, consultados mediante su interfaz de programación el 9 de octubre de 2026 (Banco Mundial, 2026a, 2026b). Para el Gini se toma el último valor disponible entre 2019 y 2025, que existe para dieciséis de los dieciocho países.

3.3 Procedimientos

Los cambios entre 2008 y el último año disponible se describen con un criterio conservador. V-Dem publica, junto con cada estimación, los límites de su intervalo de credibilidad del 68 % (V-Dem Institute, 2026). Un cambio se considera sustantivo cuando el intervalo del último año no se superpone con el de 2008, en la escala latente del modelo de medición para los indicadores ordinales y en la escala del índice para los demás. Las asociaciones entre países se estiman mediante correlaciones de rangos de Spearman, adecuadas para muestras pequeñas y menos sensibles a valores extremos. La covariación dentro de los países se estima con un panel de dieciocho países y dieciocho años (324 observaciones) mediante mínimos cuadrados ordinarios con efectos fijos de país y de año, de modo que los coeficientes reflejan cambios dentro de cada país una vez descontadas las tendencias comunes a la región. Los errores estándar se agrupan por país. Como dieciocho conglomerados son pocos para que esos errores sean fiables, la inferencia se complementa con un bootstrap salvaje por conglomerados con pesos de Rademacher y la hipótesis nula impuesta, con 1 999 réplicas (Cameron et al., 2008), y con la reestimación del modelo excluyendo cada vez un país. La comparación entre evaluación experta y percepción ciudadana usa los diecisiete países medidos por Latinobarómetro en 2024 y regresiones lineales con errores robustos de tipo HC3, apropiados para muestras pequeñas (MacKinnon y White, 1985). Todas las correlaciones y modelos estimados se informan en el texto o en las tablas; ninguno se omitió por su resultado. El procesamiento se realizó en Python y se replicó en R; el código de replicación acompaña a este artículo.

3.4 Límites

Seis límites acotan el alcance de los resultados. El primero es la naturaleza de los indicadores de V-Dem, que agregan juicios de expertos mediante un modelo bayesiano de medición. Una controversia reciente advirtió que la percepción general de un régimen puede influir en la codificación de muchos indicadores a la vez (Little y Meng, 2024), mientras los responsables del proyecto sostienen que los indicadores objetivos no capturan dimensiones que sí registran los expertos (Knutsen et al., 2024). Ese posible efecto de halo puede inflar la covariación entre indicadores y es directamente pertinente para el apartado 9, que compara juicios expertos con percepciones ciudadanas. El segundo límite es el de la inferencia ecológica: una asociación entre países no informa sobre la relación entre las mismas variables en los individuos. El tercero es el tamaño de las muestras de países, que vuelve imprecisas las estimaciones y aproximados los valores de p. El cuarto es el uso de porcentajes publicados, que impide controlar la composición de las muestras o estimar relaciones individuales. El quinto es que, en contextos donde expresar opiniones políticas se percibe como riesgoso, las respuestas a encuestas pueden no reflejar las preferencias privadas; ese problema es a la vez un límite de la evidencia y el objeto de una de las explicaciones examinadas. El sexto es la cobertura desigual de las series de distribución del ingreso, que obliga a excluir del análisis distributivo a siete países. Las conclusiones del artículo deben leerse como restricciones empíricas a las explicaciones rivales y no como su prueba definitiva.

4. Primer eslabón: percepción y ubicación

4.1 Lo que se percibe

Si la opacidad de clase residiera en la percepción, debería observarse que amplios sectores no reconocen la concentración del poder ni la desigualdad de la distribución. Los datos regionales muestran lo contrario. Desde que Latinobarómetro comenzó a medir el indicador en 2004, la proporción de personas que considera que su país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio fue siempre mayoritaria: el 71 % en 2004, el 61 % en 2006, un máximo del 79 % en 2018 y el 72 % en 2024 (Corporación Latinobarómetro, 2018, p. 38; 2024, p. 51). La respuesta opuesta, según la cual se gobierna para el bien de todo el pueblo, tuvo su valor más alto en 2009, con el 33 %, cayó a un mínimo del 17 % en 2018 y se ubicó en el 24 % en 2024 (Corporación Latinobarómetro, 2024, p. 52). En quince de los diecisiete países medidos en 2024, la percepción de captura oscila entre el 62 % de Uruguay y el 90 % de Perú. Solo dos países se apartan de ese rango, México, con el 50 %, y El Salvador, con el 34 %; en este último, el 62 % respondió que se gobierna para la mayoría, un resultado que el informe describe como el primero de ese tipo en tres décadas de mediciones (Corporación Latinobarómetro, 2024, p. 52).

El juicio sobre la distribución acompaña esa percepción. En 2024, el 21 % de la población regional consideraba justa o muy justa la distribución del ingreso, y el máximo de la serie iniciada en 1997 había sido del 25 % en 2013; en el extremo opuesto, el 76 % la juzgaba injusta o muy injusta, con valores del 89 % en Chile y del 86 % en Argentina y mínimos del 48 % en El Salvador y del 58 % en México (Corporación Latinobarómetro, 2024, pp. 53-54). Cuando se pregunta quién tiene más poder en el país, con la posibilidad de nombrar hasta tres actores, el 60 % menciona al gobierno, el 49 % a las grandes empresas, el 38 % a los partidos políticos y el 32 % al parlamento, mientras solo el 16 % menciona a los ciudadanos (Corporación Latinobarómetro, 2024, p. 54). El dato tiene dos lecturas que conviene separar. La primera es que la concentración del poder es percibida tanto en su forma política como en su forma económica. La segunda, que se retoma en el apartado 5, es que el poder económico ocupa en esa percepción un lugar subordinado al poder político.

4.2 Lo que se sabe sobre la ubicación

La primera explicación rival no se refiere a la percepción de la estructura, sino a la ubicación de cada persona en ella. Evans y Kelley (2004) mostraron, con datos de veintiún países, que las personas tienden a situarse en el centro de la jerarquía social con independencia de su posición objetiva, porque construyen su imagen de la sociedad a partir de grupos de referencia próximos y relativamente homogéneos. Cruces et al. (2013) mostraron en un experimento con población argentina que los errores de ubicación tienen consecuencias políticas: quienes sobrestimaban su posición relativa demandaron más redistribución una vez informados de su lugar real. Gimpelson y Treisman (2018) encontraron, en comparaciones internacionales, que la demanda de redistribución se asocia con la desigualdad percibida y no con la desigualdad medida, y que las percepciones del nivel de desigualdad contienen errores sistemáticos.

La evidencia latinoamericana precisa la dirección del sesgo. Castillo et al. (2013) encontraron en Chile una tendencia general a ubicarse en el centro de la escala social, más pronunciada entre quienes tienen un estatus objetivo alto, que se perciben por debajo de su posición real. Ese resultado tiene un alcance teórico. La primera parte de esta investigación sostuvo que la nitidez de clase se produce sobre todo por arriba, en la cúspide de la distribución (Dubón Huezo, 2026a). Si quienes ocupan las posiciones superiores se perciben como clase media, la opacidad no es solo un problema de los sectores subordinados que no reconocen su posición, sino también de una cúspide que no se reconoce como tal. En el plano regional, Reyes y Gasparini (2022) mostraron, con datos de dieciocho países latinoamericanos entre 1997 y 2015, que la percepción de injusticia distributiva sigue la evolución de la desigualdad medida: cuando el coeficiente de Gini desciende, la percepción de injusticia también tiende a hacerlo.

4.3 Lo que muestran los datos abiertos

El análisis propio añade dos resultados. El primero es que, entre países, la relación entre la desigualdad medida y la percepción de injusticia es débil en 2024. La correlación entre el último coeficiente de Gini disponible del Banco Mundial y la proporción que juzga justa la distribución es negativa, como cabe esperar, pero no puede distinguirse de cero (ρ = −.25, p = .36, n = 16). Con la participación del decil superior en el ingreso según el WID, la correlación es más alta y del mismo signo, también sin precisión suficiente (ρ = −.51, p = .11, n = 11). La debilidad de esas asociaciones no contradice a Reyes y Gasparini (2022), que trabajan con variaciones en el tiempo dentro de los países, pero indica que, en un momento dado, la percepción de injusticia no ordena a los países según su nivel de desigualdad. Una razón probable es estadística: cuando tres de cada cuatro personas juzgan injusta la distribución en casi todos los países, la variación entre países se comprime y se vuelve difícil de explicar.

El segundo resultado se refiere a la estructura misma. En los once países con series propias del WID, el decil superior captaba en promedio el 55.0 % del ingreso nacional antes de impuestos en 2008 y el 51.9 % en 2023, con descensos en nueve de ellos; en 2023, la participación iba del 44.1 % de El Salvador al 59.9 % de Colombia. El dato matiza la primera parte de esta investigación. La nitidez de la estructura en la región no procede de un aumento de la participación del decil superior en el periodo, sino de la persistencia de niveles en los que una décima parte de la población adulta recibe alrededor de la mitad del ingreso nacional, y de la concentración en la cúspide extrema que la primera parte documentó con otras fuentes. Para los siete países restantes, los valores recientes del WID son imputaciones regionales idénticas entre sí (Chancel y Piketty, 2021). Esa ausencia de datos propios en un tercio de la región, y en cuatro de los seis países centroamericanos, constituye una forma de opacidad distinta de la subjetiva, que puede llamarse estadística: la distancia entre las posiciones no puede medirse con la precisión que exigiría su disputa pública, porque la información sobre los ingresos más altos no está disponible.

4.4 Balance del primer eslabón

La evidencia no permite situar la ruptura en la percepción. Amplias mayorías reconocen que el poder está concentrado y que la distribución es injusta, y lo hacen en países con niveles de desigualdad medida muy distintos. El sesgo de ubicación existe, pero su expresión mejor documentada en la región es la subestimación de la propia posición entre los grupos de estatus alto, y su efecto conocido sobre las preferencias se refiere a la intensidad de la demanda redistributiva y no a la percepción de la estructura. El primer eslabón está, en lo esencial, intacto. Lo que el sesgo de ubicación sí podría afectar es la identificación con una posición subordinada, es decir, el paso de la percepción de la estructura a la pertenencia a un colectivo; esa posibilidad requiere microdatos y queda incluida en el protocolo del Anexo A. Los dos casos que se apartan del patrón regional, El Salvador y México, tampoco se explican por la desigualdad medida: México figura entre los países con mayor participación del decil superior, y los países con participaciones cercanas a la de El Salvador, como República Dominicana, Ecuador o Argentina, registran percepciones de captura de entre el 66 % y el 81 %. Ambos casos se examinan en el apartado 9.

5. Segundo eslabón: juicio y atribución

5.1 Legitimación sin consentimiento mayoritario

La segunda explicación rival sostiene que la desigualdad se percibe, pero se legitima. La versión más influyente de esa tesis procede de Mijs (2021), quien mostró con veinticinco años de datos del International Social Survey Programme que cuanto más desigual es una sociedad, más tienden sus ciudadanos a explicar el éxito en términos meritocráticos y menos importancia atribuyen a factores como la riqueza familiar o las conexiones. Trump (2018) aportó evidencia experimental de un mecanismo compatible: la exposición a niveles altos de desigualdad desplaza lo que las personas consideran diferencias legítimas de ingreso. La teoría de la justificación del sistema añadió la hipótesis más fuerte, según la cual incluso los grupos desfavorecidos tenderían a legitimar el orden que los perjudica (Jost y Banaji, 1994; Jost et al., 2003).

La evidencia latinoamericana confirma que la legitimación existe y que tiene consecuencias políticas, pero no que sea mayoritaria. Solano-Silva et al. (2025) encontraron, con datos de Latinobarómetro de 2020 para unas veinte mil personas, que la percepción de justicia social, entendida como evaluación de la distribución del ingreso y del acceso a la educación, la salud y la justicia, aumenta con el estatus social; que en los contextos más neoliberales las diferencias entre grupos de estatus se reducen; y que quienes perciben la sociedad como más justa están más satisfechos con la democracia y con el sistema económico y tienen menos intención de participar en protestas. El resultado indica que la legitimación desmoviliza a quienes la sostienen y que el contexto ideológico puede extenderla a grupos que no se benefician de la distribución. Cramer y Kaufman (2011), con datos de Latinobarómetro de 1997, 2001 y 2002, encontraron que los juicios sobre la justicia de la distribución se explican mejor por la privación relativa que por el nivel de concentración del ingreso o por el desarrollo económico, lo que es coherente con la debilidad de las asociaciones entre países descritas en el apartado anterior.

Pero el dato agregado es inequívoco. En 2024, tres de cada cuatro personas juzgaban injusta la distribución del ingreso, y la demanda de cambio era amplia: el 29 % de la población regional consideraba que la sociedad necesitaba reformas profundas y el 26 % que debía cambiarse radicalmente, frente a un 35 % que creía posible mejorarla con pequeños cambios y un 8 % que la consideraba bien como estaba (Corporación Latinobarómetro, 2024, p. 28). Las proporciones más altas de quienes reclamaban un cambio radical se registraban en Bolivia (40 %), Honduras (38 %), Venezuela y Perú (37 %), y la preferencia por pequeños cambios era más extendida en El Salvador (47 %), República Dominicana y México (45 %) (Corporación Latinobarómetro, 2024, p. 28). Franetovic y Castillo (2022) mostraron, con datos del Barómetro de las Américas entre 2008 y 2018, que en la región no se observa una asociación clara entre ingreso y preferencias redistributivas en un momento dado, y que la confianza en el sistema político figura entre los factores que las afectan de manera consistente. La legitimación meritocrática opera, por tanto, en el margen: puede reducir la intensidad del agravio entre quienes la sostienen, pero no ha producido un consentimiento mayoritario con la distribución.

Dubet (2020) ofreció una interpretación que permite articular ambos resultados. En las sociedades contemporáneas, sostuvo, las desigualdades se multiplican e individualizan, de modo que cada persona las experimenta como una combinación singular de desventajas que no comparte del mismo modo con nadie. El resultado no es la aceptación, sino un malestar extendido que se expresa como resentimiento, indignación o frustración y que no encuentra un nosotros en el que reconocerse. Si esa lectura es correcta, el problema no está en el juicio de injusticia, que sobrevive, sino en la atribución, es decir, en la identificación de un responsable común.

5.2 Un antagonismo de referente flotante

La tercera explicación rival sitúa precisamente allí la ruptura: el malestar se juzga injusto, pero se atribuye a antagonistas distintos de las élites económicas. Los datos disponibles no permiten medir la atribución individual, porque las encuestas regionales no incluyen de forma sistemática preguntas sobre los responsables de la desigualdad. Ofrecen, sin embargo, tres indicios. El primero ya se mencionó: cuando se pregunta quién tiene más poder, el gobierno precede a las grandes empresas (60 % frente a 49 %), y los partidos y el parlamento aparecen inmediatamente después (Corporación Latinobarómetro, 2024, p. 54). La oposición entre la mayoría gobernada y unos pocos poderosos tiene así un referente que oscila entre el poder económico y el poder político, con predominio del segundo. El segundo indicio es la centralidad de la inseguridad. El informe de 2026 registra que el 63 % de la población considera que un poco de mano dura del gobierno no viene mal, frente al 59 % de 1995, y señala que esa disposición se activa particularmente con el miedo a la violencia del crimen organizado (Corporación Latinobarómetro, 2026, pp. 33-34). El tercero es la transformación del entorno informativo. En treinta años, la televisión pasó de ser mencionada como fuente de información política por el 75 % de la población al 49 %, aunque sigue siendo la fuente más citada; la familia (32 %) y los amigos (24 %) conservan su peso, las fuentes digitales se dispersan entre redes sociales e internet, y el 78 % de la población considera que en las redes sociales circula mucha o alguna información falsa (Corporación Latinobarómetro, 2026, pp. 24, 26).

La codificación de V-Dem añade un dato sobre la oferta. El indicador de difusión gubernamental de información falsa en redes sociales, en el que valores más bajos indican mayor difusión, pasó de un promedio regional de 2.79 en 2008 a 2.28 en 2025, con deterioros sustantivos en ocho países (Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua, Perú y Venezuela) y una mejora en República Dominicana. La primera parte de esta investigación sostuvo que las plataformas digitales funcionan como trincheras hegemónicas en las que la circulación de contenidos de alta carga afectiva favorece los antagonismos identitarios (Dubón Huezo, 2026a). Los datos presentados aquí no permiten verificar ese mecanismo en el nivel individual, pero muestran que las condiciones que supone, un entorno informativo fragmentado y una participación gubernamental creciente en la difusión de información engañosa, se extendieron en la región durante el periodo.

El análisis entre países ofrece un resultado adicional, de carácter exploratorio. Donde la evaluación experta registra una distribución más pareja del poder entre grupos económicos, una proporción menor de la población juzga justa la distribución del ingreso (ρ = −.43, p = .087, n = 17), y la asociación se mantiene con la exclusión de El Salvador y México (ρ = −.42, p = .12, n = 15). El resultado no alcanza los umbrales convencionales y admite dos lecturas compatibles. La primera es que la competencia política organizada politiza la desigualdad y la vuelve visible como injusticia, como sugiere la literatura comparada sobre clivajes (Gethin et al., 2021). La segunda es que la legitimación de la distribución es más fácil allí donde la riqueza domina la política. Ambas lecturas apuntan en la misma dirección: el juicio de injusticia no depende solo de la distribución, sino también de la organización política que la tematiza.

5.3 Balance del segundo eslabón

El juicio de injusticia está extendido y la legitimación meritocrática, aunque existe y desmoviliza a quienes la sostienen, no explica el déficit agregado de traducción. El punto débil del segundo eslabón es la atribución. El antagonismo entre pueblo y poderosos, ampliamente compartido, tiene un referente flotante, que se desplaza con facilidad del poder económico al político y de este a la delincuencia. La tercera explicación rival recibe, por ello, un apoyo parcial: no suprime el agravio, pero lo vuelve disponible para ser dirigido contra blancos distintos de las élites económicas. Esa disponibilidad es una condición de la delegación, porque un liderazgo que se presenta contra la clase política tradicional puede apropiarse del antagonismo sin tocar la distribución que lo origina.

6. Tercer eslabón: eficacia

6.1 El colapso de la eficacia institucional

El tercer eslabón pregunta si las personas creen que la situación que juzgan injusta puede cambiarse y quién podría cambiarla. La psicología social de la acción colectiva mostró que esa creencia es un predictor propio de la participación, distinto del sentimiento de injusticia (van Zomeren et al., 2008), y que la decisión de participar depende de la expectativa de que la acción produzca resultados (Klandermans, 1984). Un resultado experimental de Kuziemko et al. (2015) ilustra lo que ocurre cuando ese eslabón falla: informar a las personas sobre la magnitud de la desigualdad aumentó su preocupación por ella, pero modificó muy poco su apoyo a políticas redistributivas concretas, en parte por la desconfianza en la capacidad del gobierno de ejecutarlas. En América Latina, Franetovic y Castillo (2022) encontraron que la confianza en el sistema político afecta de manera consistente las preferencias redistributivas. El juicio de injusticia, por sí solo, no basta: hace falta un agente creíble.

Los datos regionales muestran un deterioro sostenido de la eficacia atribuida al Estado. En 2026, el 73 % de la población consideraba que el Estado había hecho poco o nada por ella, diez puntos más que en 2011, y solo el 26 % respondía que había hecho mucho o algo (Corporación Latinobarómetro, 2026, p. 15). La satisfacción con la educación pública cayó del 55 % en 2011 al 40 % en 2026 y la satisfacción con los hospitales públicos del 46 % en 2009 al 28 % en 2026 (Corporación Latinobarómetro, 2026, p. 16). La eficiencia atribuida al Estado descendió de 5.3 a 4.7 en una escala de 1 a 10 entre 2011 y 2026, y el 78 % desconfiaba de que los impuestos fueran a gastarse bien (Corporación Latinobarómetro, 2026, pp. 18-19). La eficacia interna también es baja: en 2024, el 51 % de la población opinaba que la política es tan complicada que no se entiende, frente a un 45 % que consideraba posible entenderla (Corporación Latinobarómetro, 2024, p. 73).

Ese deterioro no se extiende, sin embargo, a todas las formas de eficacia. En 2024, el 62 % de la población regional creía que la manera como uno vota puede hacer que las cosas sean diferentes en el futuro, con máximos del 75 % en Argentina y del 74 % en Uruguay y mínimos del 51 % en Honduras y del 52 % en Colombia (Corporación Latinobarómetro, 2024, p. 76). La combinación es reveladora. La mayoría no espera nada del Estado tal como funciona, pero conserva la expectativa de que una elección puede cambiar el rumbo. El informe de 2026 describe un electorado que vota de manera pragmática antes que ideológica, a partir del malestar y en el contexto del declive de los sistemas de partidos (Corporación Latinobarómetro, 2026, pp. 13, 15). La inferencia que se extrae de esos datos es que la eficacia no ha desaparecido: se concentra en el momento electoral y, a través de él, en quien resulta elegido.

6.2 Fatalismo o eficacia delegada

La cuarta explicación rival admite, como se indicó en el apartado 2, dos variantes con implicaciones distintas. Martín-Baró (1998) describió el fatalismo como una actitud socialmente producida que interioriza la imposibilidad de cambiar el propio destino, y que predice retraimiento, conformidad y ausencia de demandas. La eficacia delegada supone, en cambio, que la expectativa de cambio persiste pero se deposita en un agente externo, y predice demanda de resultados y disposición a conceder poder a quien prometa obtenerlos. Los datos regionales favorecen la segunda variante. El acuerdo con la afirmación de que no importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas pasó del 44 % en 2002 al 52 % en 2026, superaba el 50 % en nueve países y alcanzaba el 71 % en Paraguay, el 69 % en Honduras y el 62 % en El Salvador (Corporación Latinobarómetro, 2026, p. 31). El propio informe interpreta esa evolución como la activación de opiniones iliberales latentes ante la falta de respuesta de los gobiernos. La proporción que considera que un poco de mano dura del gobierno no viene mal llegó al 63 % (Corporación Latinobarómetro, 2026, p. 33). Al mismo tiempo, la proporción que considera la democracia como el mejor sistema de gobierno pese a sus problemas descendió del 79 % en 2013 al 65 % en 2026 y solo el 30 % de la población combina apoyo y satisfacción con la democracia (Corporación Latinobarómetro, 2026, p. 32).

El fatalismo no ha desaparecido, pero no es la actitud dominante. Una población fatalista no demandaría cambios profundos ni creería que su voto puede alterar el futuro, y la mayoría latinoamericana hace ambas cosas. Lo que muestran los datos es una expectativa de cambio que se ha desprendido de las instituciones y de la acción colectiva y se ha vuelto disponible para quien ofrezca resultados. Ese desplazamiento es lo que el artículo denomina eficacia delegada: la creencia de que la situación puede cambiar se mantiene, pero el agente del cambio deja de ser el propio colectivo o las instituciones que lo representan y pasa a ser un gobernante dotado de capacidad excepcional.

6.3 La legitimación del gobierno según V-Dem

Los indicadores de legitimación de V-Dem permiten observar el lado de la oferta. El indicador de legitimación por la persona del líder mide en qué medida el jefe del ejecutivo es presentado como dotado de características personales o capacidades de liderazgo extraordinarias, en una escala de 0 (en absoluto) a 4 (casi exclusivamente). Su promedio regional apenas varió entre 2008 y 2023 (de 1.55 a 1.43), pero esa estabilidad oculta dos movimientos opuestos. En el conjunto formado por los países sudamericanos, México y República Dominicana, el indicador descendió de 1.96 a 1.35, con caídas sustantivas en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela; en los cuatro casos, la legitimación personal del presidente en funciones en 2008 había sido codificada en niveles altos, y en 2023 gobernaba otro presidente. En Centroamérica, en cambio, el indicador pasó de 0.74 a 1.57, con aumentos sustantivos en Costa Rica, El Salvador y Honduras; fuera de la subregión, solo México registró un aumento sustantivo. La legitimación por el desempeño, que mide la invocación del crecimiento, la reducción de la pobreza, la eficacia del gobierno o la seguridad para justificar el régimen, se mantuvo en un promedio de 3.01 y solo cambió de forma sustantiva en dos países: aumentó en El Salvador y descendió en Colombia. El indicador de movilización de masas a favor de objetivos autocráticos pasó de 0.46 a 0.80, con aumentos sustantivos en Bolivia, Brasil, Honduras, Nicaragua y Perú y descensos en México y Venezuela.

El caso salvadoreño reúne, según los datos publicados, la expresión más completa de la eficacia delegada en la región, y conviene describirlo con precisión antes de interpretarlo. En 2026, El Salvador era el país donde una mayor proporción de la población respondía que el Estado había hecho mucho o algo por ella (52 %, frente al 40 % de 2011), donde el Estado era percibido como más eficiente (6.8 en la escala de 1 a 10) y el único donde la desconfianza sobre el gasto de los impuestos era inferior a la mitad (44 %) (Corporación Latinobarómetro, 2026, pp. 15, 18-19). Era también uno de los tres países con mayor aceptación de un gobierno no democrático que resuelva los problemas (62 %), y la confianza en el presidente alcanzaba el 78 %, en el gobierno el 70 %, en las fuerzas armadas el 75 % y en la policía el 71 % (Corporación Latinobarómetro, 2026, pp. 24, 31). En 2024, el 68 % de la población salvadoreña creía que el voto puede cambiar el futuro (Corporación Latinobarómetro, 2024, p. 76). En la codificación de V-Dem, la legitimación por la persona del líder pasó de 0.39 en 2008 a 3.13 en 2023 y la legitimación por el desempeño de 1.69 a 3.19, los dos cambios sustantivos.

Los datos describen, por tanto, una eficacia percibida alta y depositada en el gobierno, acompañada de una legitimación oficial que combina las cualidades del gobernante con sus resultados. Lo que esos datos no permiten establecer es en qué medida las respuestas reflejan preferencias privadas, una cuestión que se examina en el apartado siguiente, ni cuál es el juicio que merece esa combinación, que no es objeto de este artículo. Para el argumento basta registrar que la eficacia delegada no es una hipótesis abstracta: es un patrón observable en los datos publicados de la región.

6.4 Balance del tercer eslabón

La evidencia sitúa en el tercer eslabón una de las dos rupturas principales de la cadena. La eficacia atribuida al Estado y a la propia comprensión de la política es baja y se ha deteriorado en la última década y media. La cuarta explicación rival recibe un apoyo fuerte, pero en su variante de eficacia delegada y no en la del fatalismo. La expectativa de cambio persiste, se concentra en el voto y se deposita en el gobernante, y se acompaña de una disposición extendida a aceptar formas de gobierno menos democráticas a cambio de resultados. En la cadena de traducción, eso significa que el agravio juzgado injusto no se convierte en confianza en la acción colectiva, sino en demanda de un agente que actúe en nombre del colectivo.

7. Cuarto eslabón: voz y salida

7.1 Las condiciones de la voz

El cuarto eslabón se refiere a la posibilidad de expresar públicamente el agravio y a la preferencia por expresarlo antes que por abandonar la situación. La codificación de V-Dem registra un deterioro de las condiciones de la voz en una parte de la región. El indicador de represión gubernamental de las organizaciones de la sociedad civil, en el que 4 indica ausencia de represión, pasó de un promedio de 3.37 en 2008 a 2.88 en 2025, con deterioros sustantivos en siete países (Argentina, Bolivia, El Salvador, México, Nicaragua, Perú y Venezuela) y mejoras en dos (Colombia y Panamá). El índice de sociedad civil, que mide la autonomía de las organizaciones frente al Estado y la libertad con que la ciudadanía persigue sus objetivos colectivos, descendió de 0.83 a 0.70, con caídas sustantivas en Ecuador, El Salvador y Nicaragua y ninguna mejora sustantiva. El índice de democracia liberal pasó de 0.51 a 0.45, con descensos sustantivos en seis países (El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela) y aumentos en dos (Guatemala y República Dominicana).

Nicaragua presenta los valores extremos en todos esos indicadores: su índice de sociedad civil pasó de 0.57 a 0.04 y el de democracia liberal de 0.20 a 0.02. El caso añade un dato de otro orden. Latinobarómetro no realiza entrevistas en Nicaragua desde 2020 por razones de seguridad (Corporación Latinobarómetro, 2026, pp. 2, 5), de modo que el país donde la voz se ha cerrado de manera más completa es también aquel cuya opinión pública no puede medirse. La ausencia de datos es, en ese caso, una forma del objeto que se estudia.

7.2 Una voz privada

Los datos de Latinobarómetro de 2024 permiten observar la voz desde el lado de la ciudadanía. El 66 % de la población regional considera que la mayoría de las personas no dice lo que realmente piensa cuando se le pide su opinión política, frente al 57 % de 1995, y el informe interpreta esa evolución como un aumento de la autocensura respecto de la política (Corporación Latinobarómetro, 2024, p. 81). Los valores más altos se registran en Ecuador (80 %), Guatemala (73 %), Honduras y Colombia (72 %), y los más bajos en Chile (52 %), República Dominicana (53 %) y Argentina (55 %); El Salvador, México, Uruguay y Costa Rica comparten un valor del 65 %. El 56 % de la población considera que expresar públicamente sus opiniones sobre los problemas del país podría tener consecuencias negativas para ella, con máximos en Bolivia (72 %), Honduras (71 %) y Venezuela (69 %), valores del 65 % en Guatemala y El Salvador, y mínimos en Chile (34 %), México (38 %) y Argentina (40 %) (Corporación Latinobarómetro, 2024, p. 81). Cuando se pregunta dónde suelen expresar sus opiniones, el 44 % responde que no suele hacerlo, el 23 % lo hace en la familia, el 19 % entre amigos, el 9 % en redes sociales y el 4 % en manifestaciones o protestas; la proporción que no suele expresarlas es más alta en El Salvador (63 %), Brasil (62 %) y Honduras (60 %) (Corporación Latinobarómetro, 2024, p. 82).

Dos rasgos de esos datos son pertinentes para el argumento. El primero es que la voz dominante es privada: se ejerce en la familia y entre amigos, y solo una fracción pequeña de la población la lleva al espacio público, sea digital o físico. La cadena de traducción exige el paso inverso, del agravio privado a su formulación pública. El segundo es que la percepción de autocensura no distingue con claridad entre regímenes: Uruguay y Costa Rica, las democracias mejor evaluadas de la región según V-Dem, comparten el valor salvadoreño en el primer indicador. Esa pregunta parece medir, además del temor, una desconfianza generalizada hacia el discurso público. La pregunta sobre las consecuencias de expresarse discrimina más: la distancia entre Chile (34 %) y Bolivia (72 %) duplica la proporción.

7.3 Falsificación de preferencias

La quinta explicación rival sostiene que el agravio existe en privado y no se expresa en público porque expresarlo tiene costos. Kuran (1995) mostró que, en esas condiciones, las opiniones públicas dejan de informar sobre las preferencias privadas, y que los cambios políticos pueden producirse de manera súbita cuando el costo de la expresión desciende. Scott (2000) describió los discursos ocultos con que los grupos subordinados elaboran fuera de escena la crítica que no pronuncian ante el poder. Si la opacidad residiera en la falsificación, la cadena estaría completa en el plano privado y rota solo en su expresión.

La evidencia sobre la magnitud de la falsificación procede sobre todo de experimentos de lista, que estiman la prevalencia de una respuesta sensible sin que nadie tenga que declararla de forma individual (Blair e Imai, 2012). Sus resultados varían según el contexto. En Nicaragua, después de las elecciones municipales de 2008, la pregunta directa sobre ofrecimientos de bienes a cambio del voto arrojó un 2 %, mientras el experimento de lista estimó un 24 % (Gonzalez-Ocantos et al., 2012). En China, cuatro experimentos de lista estimaron que la autocensura en las mediciones habituales de apoyo al régimen se sitúa entre 24.5 y 26.5 puntos porcentuales (Robinson y Tannenberg, 2019), y Tannenberg (2022) mostró que el sesgo de autocensura en las respuestas sobre el régimen es mayor en los contextos más autocráticos. En Rusia, en cambio, Frye et al. (2017) estimaron con experimentos de lista un apoyo al presidente de entre el 79 % y el 81 %, frente al 86 % a 88 % de las preguntas directas, y concluyeron que la popularidad medida era en su mayor parte genuina. Los estudios de validación muestran, además, que las técnicas indirectas reducen pero no eliminan los sesgos (Rosenfeld et al., 2016). La falsificación existe, su magnitud puede ser considerable y no puede presumirse: debe medirse en cada caso.

7.4 El Salvador como pregunta abierta

El caso salvadoreño concentra la dificultad. En 2024, el 62 % de su población respondía que se gobierna para el bien de todo el pueblo; en 2026, la confianza en el presidente alcanzaba el 78 % (Corporación Latinobarómetro, 2024, p. 52; 2026, p. 24). Al mismo tiempo, el 65 % consideraba que expresar públicamente sus opiniones podía tener consecuencias negativas y el 63 % no solía expresarlas, el valor más alto de la región (Corporación Latinobarómetro, 2024, pp. 81-82). En la codificación de V-Dem, el indicador de represión de las organizaciones de la sociedad civil pasó de 3.48 en 2008 a 0.86 en 2025 y el índice de sociedad civil de 0.82 a 0.43.

Esos datos son compatibles con dos lecturas que los datos publicados no permiten separar. Según la primera, las respuestas expresan un apoyo genuino, fundado en resultados percibidos, en particular en materia de seguridad, y la percepción de riesgo coexiste con él sin determinarlo. Según la segunda, una parte del apoyo medido está inflada por la autocensura. Dos comparaciones regionales impiden tratar la segunda lectura como evidente. La percepción de riesgo salvadoreña es igual a la guatemalteca y menor que la boliviana, la hondureña y la venezolana, y en esos cuatro países la percepción de que se gobierna para unos pocos supera el 65 %. México, por su parte, combina una percepción baja de captura (50 %) con la segunda percepción de riesgo más baja de la región (38 %). La percepción de riesgo no produce por sí sola el patrón de baja captura percibida, y ese patrón aparece también donde el riesgo percibido es bajo. La cuestión solo puede resolverse con un diseño que compare preguntas directas con experimentos de lista en la misma población, como el que propone el Anexo A. Hasta entonces, el caso debe tratarse como una pregunta abierta y no como una confirmación de ninguna de las dos lecturas.

7.5 Salida

La sexta explicación rival sostiene que la salida sustituye a la voz. Hirschman (1978) advirtió que la posibilidad de emigrar reduce la presión sobre los Estados al drenar a quienes más podrían reclamar, aunque su análisis posterior de la República Democrática Alemana mostró que, en ciertas condiciones, la salida masiva y la voz pueden reforzarse mutuamente (Hirschman, 1993). En la región, la salida tiene una escala macroeconómica en cuatro países. Según el Banco Mundial (2026a), las remesas personales recibidas equivalían en 2024 al 26.6 % del producto interno bruto en Nicaragua, al 25.7 % en Honduras, al 24.3 % en El Salvador y al 19.1 % en Guatemala, frente al 9.6 %, 20.3 %, 20.9 % y 11.5 % de 2008; les seguían República Dominicana (9.1 %) y Ecuador (5.3 %), y en los demás países no superaban el 4 %. En 2018, el 27 % de la población regional declaraba haber pensado con su familia en la posibilidad concreta de irse a vivir a otro país, frente al 22 % de 2015, con valores del 53 % en República Dominicana y Venezuela y del 37 % en El Salvador y Honduras (Corporación Latinobarómetro, 2018, p. 79).

La literatura identifica mecanismos por los cuales esa salida puede debilitar la voz. Doyle (2015) mostró, con datos de dieciocho países latinoamericanos entre 1990 y 2009, que las remesas reducen el riesgo económico percibido por los hogares receptores y con ello la demanda de tributación y de seguro social, lo que se traduce en un menor gasto en transferencias sociales. Ahmed (2012) encontró, con datos de 97 países, que los gobiernos de regímenes más autocráticos pueden canalizar las remesas y la ayuda externa hacia el clientelismo, reducir el gasto en bienes de bienestar y prolongar su permanencia en el poder. Germano (2018) interpretó las remesas como un bienestar tercerizado, que cubre los vacíos del Estado y reduce el malestar. Goodman y Hiskey (2008) documentaron una menor implicación política en los municipios mexicanos de alta migración. La evidencia no es unívoca: Pérez-Armendáriz y Crow (2010) encontraron que los migrantes difunden actitudes y comportamientos democráticos hacia sus comunidades de origen, y Pfutze (2012) asoció la migración con una mayor probabilidad de victorias opositoras en elecciones municipales durante la transición mexicana. La salida puede, por tanto, debilitar la voz o alimentarla según el contexto, y la evidencia específica sobre su relación con la acción colectiva en Centroamérica es escasa.

7.6 Balance del cuarto eslabón

El cuarto eslabón está debilitado, pero no de la misma manera en todos los países. En un subconjunto de ellos, V-Dem registra un cierre sustantivo de las condiciones de la voz; en toda la región, la voz se ejerce sobre todo en el ámbito privado y una mayoría percibe riesgos en expresarse en público. La falsificación de preferencias es plausible donde esos riesgos se perciben como altos, pero su magnitud no ha sido medida en los casos donde más importaría saberla. La salida constituye una alternativa estructural a la voz en el norte de Centroamérica y en Nicaragua, donde las remesas equivalen a entre un quinto y un cuarto del producto. Ninguna de las dos explicaciones da cuenta por sí sola del patrón regional, porque la percepción de captura es alta tanto donde la voz está más restringida como donde lo está menos.

8. Quinto eslabón: organización

8.1 La crisis de representación

El quinto eslabón pregunta si existen vehículos capaces de agregar agravios individuales, traducirlos en programas y sostenerlos en el tiempo. Los datos de opinión pública describen una crisis de representación prolongada. En 2026, los partidos políticos eran la institución que menos confianza recibía, con el 15 % (Corporación Latinobarómetro, 2026, p. 24). La proporción que no se sentía representada por el parlamento pasó del 70 % en 2015 al 76 % en 2026, y el país con mayor sentimiento de representación, El Salvador, solo alcanzaba el 35 % (Corporación Latinobarómetro, 2026, p. 20). La cercanía declarada hacia algún partido descendió del 45 % en 2010 al 33 % en 2024, con una dispersión amplia entre el 62 % de Uruguay y el 14 % de Perú y Guatemala (Corporación Latinobarómetro, 2024, p. 74). La proporción que considera que sin partidos políticos no puede haber democracia cayó del 58 % en 2013 al 44 % en 2023 y se recuperó al 55 % en 2026, mientras las elecciones conservaban una legitimidad del 74 % (Corporación Latinobarómetro, 2026, p. 21). El informe de 2026 describe sistemas en los que los partidos tradicionales desaparecieron o perdieron peso, se fragmentaron y fueron reemplazados por formaciones nuevas, muchas veces basadas en personalismos y caudillos, y concluye que los personalismos vienen a llenar el vacío de la ausencia de partidos robustos que ofrezcan representación (Corporación Latinobarómetro, 2026, p. 19).

La codificación de V-Dem matiza la cronología de esa crisis. Entre 2008 y 2025, el índice de institucionalización partidaria descendió en promedio de 0.63 a 0.58, pero solo en Nicaragua el cambio fue sustantivo. El indicador de vínculos partidarios pasó de 1.90 a 1.84, con un descenso sustantivo en Nicaragua y un aumento en Honduras, y el índice de clientelismo se mantuvo prácticamente estable (de 0.52 a 0.55), sin cambios sustantivos en ningún país. La debilidad organizativa no es, por tanto, un fenómeno del periodo, sino un rasgo persistente que el periodo hereda. Esa lectura coincide con la literatura que fecha la desalineación de los sectores populares en las décadas de reformas de mercado (Roberts, 2002, 2014) y que explica el colapso de partidos por la dilución de sus marcas cuando sus políticas en el gobierno contradijeron sus identidades (Lupu, 2016). La variación entre países es, sin embargo, muy amplia, como subrayó el estudio comparado de la institucionalización de los sistemas de partidos en la región (Mainwaring, 2018): en la codificación de V-Dem, los índices de 2025 van de 0.95 en Uruguay y 0.92 en Chile a 0.24 en Perú y 0.14 en Nicaragua.

8.2 Organización y traducción de la riqueza en poder

La primera parte de esta investigación incluyó entre las dimensiones de la nitidez de clase la traducción política de la riqueza, es decir, la facilidad con que las posiciones económicas se convierten en poder político. Los datos de V-Dem permiten examinar si esa traducción depende de la organización. La respuesta es afirmativa en los dos planos en que puede observarse. Entre países, la correlación entre el carácter programático de los vínculos partidarios y una distribución más pareja del poder según la posición socioeconómica era alta en 2025 (ρ = .72, p < .001, n = 18), mientras las correlaciones con la institucionalización partidaria (ρ = .45, p = .06) y con el índice de sociedad civil (ρ = .33, p = .18) eran menores y menos precisas. La concentración del ingreso, en cambio, no predice la traducción de la riqueza en poder en el sentido esperado. En los once países con series propias del WID, la correlación entre la participación del decil superior en 2023 y el indicador de V-Dem en 2025 es positiva (ρ = .62, p = .043): los países con mayor concentración del ingreso, como Brasil, Chile, Colombia y México, no son aquellos donde la riqueza domina más la política según la evaluación experta. Con once unidades, el resultado no permite afirmar una relación inversa, pero sí descartar una relación mecánica entre distancia distributiva y captura política.

Dentro de los países, la asociación se mantiene. En el panel de 2008 a 2025, con efectos fijos de país y de año, un aumento de un punto en la escala de vínculos programáticos se asocia con un aumento de 0.57 puntos en la escala de distribución del poder (error estándar agrupado = 0.21, p = .008). La magnitud es considerable si se compara con el descenso medio regional del indicador de poder entre 2008 y 2025, que fue de 0.24 puntos. El coeficiente es estable a la exclusión de cualquier país: oscila entre 0.42, cuando se excluye Honduras, y 0.69, cuando se excluye México, de modo que no depende de un caso aislado. La inferencia, sin embargo, es menos segura de lo que sugieren los errores agrupados. Con el bootstrap salvaje por conglomerados, apropiado para dieciocho países, el valor de p asciende a .07. Cuando se controla por el índice de democracia liberal, el coeficiente desciende a 0.43 (p = .060), lo que indica que una parte de la asociación es compartida con la calidad democrática general. Sin efectos fijos de país, el coeficiente es de 0.34 (p = .009).

El resultado admite tres lecturas causales que los datos no permiten separar. Los partidos programáticos pueden limitar la conversión de la riqueza en poder, porque agregan intereses de mayorías y elevan el costo de las políticas que favorecen a minorías. Una menor captura del poder puede, a la inversa, crear condiciones para la competencia programática. Y ambos procesos pueden responder a un tercer factor, como la trayectoria democrática o el efecto de halo en la codificación experta advertido en el apartado 3. Lo que el resultado establece es una restricción empírica: allí donde los vínculos partidarios son programáticos, la riqueza se traduce menos en poder político, y esa covariación se observa tanto entre países como dentro de ellos. La traducción política de la clase depende de la organización y no solo de la distancia entre las posiciones.

Tabla 2

Indicadores de V-Dem y participación del decil superior en el ingreso en dieciocho países de América Latina, 2008 y último año disponible

Nota. Elaboración propia con datos de V-Dem v16 (Coppedge et al., 2026) y del WID (World Inequality Database, 2026). Cada celda presenta el valor de 2008 y el del último año disponible: 2025, salvo la legitimación por el líder (2023) y el decil superior (2023). Valores más altos indican una distribución más pareja del poder, vínculos más programáticos, mayor institucionalización, una sociedad civil más robusta, menor represión y mayor legitimación personal. *: cambio sustantivo, es decir, intervalos de credibilidad del 68 % que no se superponen. Decil superior: participación del 10 % más rico en el ingreso nacional antes de impuestos; —: país con valores recientes imputados regionalmente (Chancel y Piketty, 2021), excluido del análisis. Las series de Chile y México tienen código de calidad 1 en 2023. El promedio del decil superior corresponde a los once países con series propias. OSC: organizaciones de la sociedad civil.

La Tabla 2 presenta los valores de cada país y la Figura 2 muestra la evolución de los dos indicadores principales. Cinco países registran descensos sustantivos en la distribución del poder según la posición socioeconómica (Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Uruguay) y ninguno registra aumentos sustantivos. Que tres de esos cinco descensos correspondan a países con vínculos partidarios relativamente programáticos en 2008 (Argentina, Bolivia y Uruguay) indica que la organización programática no es una garantía permanente, sino una condición que también puede erosionarse.

Figura 2

Poder político según posición socioeconómica y vínculos partidarios en dieciocho países de América Latina, 2008 y 2025

Nota. Elaboración propia con datos de V-Dem v16 (Coppedge et al., 2026). Escala original de cada indicador. En el panel izquierdo, 0 indica que las personas ricas tienen un virtual monopolio del poder político y 4 que no tienen más poder que las de ingresos medios o bajos. En el panel derecho, 0 indica vínculos clientelares, 2 bienes colectivos locales y 4 vínculos programáticos. El asterisco indica que los intervalos de credibilidad del 68 % de 2008 y 2025 no se superponen.

8.3 El personalismo institucionalizado

El informe de Latinobarómetro presenta el personalismo como un reemplazo de los partidos. Los datos de V-Dem sugieren una relación menos simple. En 2023, la correlación entre la institucionalización partidaria y la legitimación del gobierno por la persona del líder era prácticamente nula (ρ = .07, p = .79, n = 18), y también lo era la correlación entre el carácter programático de los vínculos y esa legitimación (ρ = −.16, p = .52). Dentro de los países, entre 2008 y 2023, los cambios en la institucionalización partidaria no se asocian con los cambios en la legitimación personal (b = −0.35, error estándar agrupado = 2.65, p = .90). Los casos de 2023 cubren las cuatro combinaciones posibles. México y El Salvador combinan una legitimación por la persona del líder muy alta (3.56 y 3.13) con índices de institucionalización partidaria elevados (0.74 y 0.88). Nicaragua combina una legitimación personal igualmente alta (3.38) con partidos poco institucionalizados (0.29). Chile y Uruguay combinan partidos muy institucionalizados (0.92 y 0.95) con una legitimación personal baja (0.10 y 0.50), y Perú combina partidos muy poco institucionalizados (0.23) con una legitimación personal también baja (0.25).

El personalismo no ocupa solo el vacío dejado por partidos débiles: puede institucionalizarse en partidos organizados en torno a un liderazgo. La distinción es pertinente para la tesis de la delegación. La delegación no requiere la ausencia de organización, sino una organización cuyo principio de cohesión es la relación con el líder antes que la agregación de intereses de clase. Esa forma organizativa resuelve el problema de la coordinación electoral, pero no transfiere a sus bases la capacidad de definir el programa, que es precisamente lo que la traducción de clase exige.

8.4 Contracasos y condiciones

La región ofrece contracasos que muestran que la articulación partidaria de la clase es posible. Gethin y Morgan (2021) documentaron que, a partir de 2002, el voto por el Partido de los Trabajadores en Brasil se concentró de manera creciente en los sectores de menores ingresos, en un proceso que describieron como una politización de la desigualdad. Anria (2018) mostró que el Movimiento al Socialismo boliviano, surgido de movimientos sociales, conservó durante años canales de influencia de sus bases sobre las decisiones del partido. Ambos casos indican que la articulación depende de vehículos con raíces organizativas propias, en línea con el argumento de que los partidos nuevos tienden a consolidarse cuando heredan infraestructuras organizativas de otros actores y surgen de periodos de conflicto intenso (Levitsky et al., 2016). La articulación es, además, reversible: en la codificación de V-Dem, Bolivia registra entre 2008 y 2025 uno de los cinco descensos sustantivos en la distribución del poder según la posición socioeconómica, mientras en Brasil el indicador se mantuvo estable.

La literatura identifica, además, los mecanismos que dificultan la articulación aun donde existen partidos. Przeworski y Sprague (1986) mostraron que los partidos de base obrera enfrentan un dilema electoral, porque la interpelación de clase moviliza a su base pero limita su crecimiento entre otros grupos. Luna (2014) describió estrategias de representación segmentada, en las que un mismo partido combina apelaciones programáticas hacia unos sectores con vínculos clientelares o personales hacia otros. La literatura sobre clientelismo mostró que el intercambio individualizado y contingente de bienes por apoyo, organizado mediante intermediarios, fragmenta el interés colectivo en relaciones diádicas (Kitschelt y Wilkinson, 2007; Stokes et al., 2013). En el plano centroamericano, el autor examinó en otro lugar la crisis de forma organizativa de las izquierdas de la subregión (Dubón Huezo, 2026b), y el resultado de este apartado ofrece una restricción empírica para esa discusión: la forma organizativa importa porque de ella depende cuánto se traduce la riqueza en poder.

8.5 Balance del quinto eslabón

El quinto eslabón es el que presenta la ruptura mejor documentada. La séptima explicación rival recibe un apoyo fuerte de los datos de opinión pública y de la codificación experta, y el análisis propio añade una precisión: la organización programática se asocia con una menor traducción de la riqueza en poder político, mientras la distancia distributiva no lo hace de manera mecánica. El análisis añade también una advertencia: la debilidad organizativa no produce un vacío que permanezca vacío. Puede ser ocupada por formas de organización centradas en el líder, que resuelven la coordinación electoral sin transferir a sus bases la capacidad de definir el programa.

9. La brecha entre la evaluación experta y la percepción ciudadana

9.1 Qué se compara

Los apartados anteriores examinaron cada eslabón por separado. Este apartado compara directamente dos mediciones que, si la percepción ciudadana reflejara sin mediaciones la estructura del poder, deberían estar asociadas. La primera es la evaluación experta de V-Dem sobre cuánto se traduce la riqueza en poder político en 2024, en la que valores más altos indican una distribución más pareja del poder entre grupos económicos. La segunda es la proporción de la población que, en el mismo año, consideraba que su país estaba gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio. Si la percepción siguiera a la estructura, los países con mayor captura según los expertos deberían registrar más percepción de captura. La comparación incluye además los indicadores de legitimación del gobierno por la persona del líder y por el desempeño en 2023 y el índice de democracia liberal en 2024. La Tabla 3 presenta los valores para los diecisiete países medidos por Latinobarómetro en 2024.

Tabla 3

Percepción ciudadana de captura y evaluación experta en diecisiete países de América Latina

Nota. Elaboración propia con datos de Corporación Latinobarómetro (2024, pp. 51-54) y V-Dem v16 (Coppedge et al., 2026). Grupos poderosos: porcentaje que considera que el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio; todo el pueblo: porcentaje que considera que se gobierna para el bien de todo el pueblo; distribución justa: porcentaje que juzga muy justa o justa la distribución del ingreso. Los indicadores de V-Dem van de 0 a 4, salvo la democracia liberal (0 a 1). Residuo: diferencia entre el porcentaje observado de «grupos poderosos» y el predicho por una regresión lineal sobre el poder según posición socioeconómica. América Latina: valores regionales publicados. Nicaragua no fue medida en 2024.

9.2 Resultados

El primer resultado es negativo. La percepción ciudadana de captura no se asocia con la evaluación experta de la captura (ρ = .19, p = .47, n = 17), y el signo de la correlación es incluso el contrario al esperado. En una regresión lineal, la evaluación experta explica el 8.5 % de la variación entre países en la percepción de captura (b = 8.51, error estándar HC3 = 9.70, p = .39). Tampoco se observa asociación con la legitimación por el desempeño (ρ = −.27, p = .29) ni con el índice de democracia liberal (ρ = .03, p = .91). La percepción de que se gobierna para unos pocos no sigue, entre países, ni la distribución del poder evaluada por los expertos ni la calidad democrática.

El segundo resultado es que la percepción de captura sí se asocia con la legitimación del gobierno por la persona del líder: donde el jefe del ejecutivo es presentado como dotado de cualidades extraordinarias, una proporción menor de la población percibe captura (ρ = −.47, p = .056). En una regresión que incluye ambas variables, cada punto adicional de legitimación personal se asocia con 7.6 puntos porcentuales menos de percepción de captura (error estándar HC3 = 3.56, p = .052), mientras el coeficiente de la evaluación experta sigue sin distinguirse de cero (b = 6.96, p = .45), y la proporción de variación explicada asciende al 42.5 %. La Figura 3 muestra ambas relaciones.

Figura 3

Percepción ciudadana de captura, evaluación experta y legitimación personal del gobierno en diecisiete países de América Latina

Nota. Elaboración propia con datos de Corporación Latinobarómetro (2024, p. 51) y V-Dem v16 (Coppedge et al., 2026). Nicaragua no fue medida por Latinobarómetro en 2024. Valores más altos en el eje horizontal del panel izquierdo indican una distribución más pareja del poder entre grupos económicos. Correlaciones de Spearman: panel izquierdo, ρ = .19 (p = .47); panel derecho, ρ = −.47 (p = .056); sin El Salvador ni México, ρ = −.23 (p = .40).

El tercer resultado acota el alcance del segundo. La asociación descansa en buena medida en dos casos. Cuando se excluyen El Salvador y México, la correlación entre legitimación personal y percepción de captura desciende a ρ = −.23 (p = .40, n = 15). Los residuos de la regresión que solo incluye la evaluación experta muestran lo mismo: El Salvador registra 31.4 puntos menos de percepción de captura que los esperados según la evaluación experta y México 23.7 puntos menos, seguidos a distancia por Uruguay (15.9) y Brasil (10.7); en el extremo opuesto, Perú y Paraguay registran unos 16 puntos más que los esperados. La Figura 3 permite advertir, además, un contracaso. Venezuela presenta una legitimación por la persona del líder alta (2.50) y la legitimación por el desempeño más alta de la región (3.66), y sin embargo el 77 % de su población percibía captura en 2024. La legitimación ofrecida desde el gobierno no basta, por tanto, para reducir la percepción de captura.

9.3 Tres interpretaciones

Los resultados admiten tres interpretaciones que el análisis agregado no permite descartar. La primera es la de la delegación. Según ella, la percepción de captura está mediada políticamente: donde un liderazgo se presenta como representante del pueblo frente a los poderosos y esa representación es reconocida, el gobierno deja de percibirse como parte de los grupos poderosos, aunque la evaluación experta no registre una menor traducción de la riqueza en poder. El contracaso venezolano sugiere una condición: el reconocimiento parece requerir resultados percibidos. En 2026, Venezuela y Perú eran los países donde el Estado se percibía como menos eficiente (3.6 en la escala de 1 a 10) y El Salvador aquel donde se percibía como más eficiente (6.8) (Corporación Latinobarómetro, 2026, p. 18). Si esa condición se confirma, la delegación que reduce la percepción de captura no es cualquier personalismo, sino aquel que combina la legitimación personal con una eficacia percibida, es decir, la eficacia delegada descrita en el apartado 6. Esta interpretación produce una predicción contrastable con microdatos: la reducción de la percepción de captura debería concentrarse entre quienes confían en el gobernante y atribuyen resultados a su gestión.

La segunda interpretación es la de la falsificación. En contextos donde expresarse se percibe como riesgoso, una parte de las respuestas favorables al gobierno podría ser estratégica. El apartado 7 mostró que esa interpretación no puede generalizarse a los dos casos, porque México combina una percepción de captura baja con una de las percepciones de riesgo más bajas de la región; para El Salvador, en cambio, no puede descartarse con los datos publicados. La tercera interpretación es la de un sesgo de la evaluación experta. Si los expertos codificaran la traducción de la riqueza en poder bajo la influencia de su juicio general sobre los gobiernos, como advierte la crítica de Little y Meng (2024), la brecha reflejaría en parte una diferencia de criterio entre expertos y ciudadanos y no un efecto de la delegación. El caso mexicano tampoco favorece esta lectura, porque los expertos no codifican a México como un país de alta captura (2.32, por encima de la mediana de los diecisiete países), y la percepción ciudadana se sitúa aun así muy por debajo de la esperada.

9.4 Lo que la brecha permite afirmar

La comparación permite tres afirmaciones acotadas. La primera es que, entre países, la percepción de que se gobierna para unos pocos no refleja la evaluación experta de la captura del poder. La segunda es que la variación de esa percepción, comprimida en niveles altos en quince países, se concentra en los dos casos donde la legitimación personal del gobierno es más intensa, y que en un tercer caso con legitimación personal alta, donde el Estado se percibe como poco eficiente, la percepción de captura permanece alta. La tercera es que ese patrón es el que predice la tesis de la delegación en su versión condicional, aunque descansa en muy pocos casos y no permite excluir las interpretaciones rivales. El análisis no autoriza a afirmar que la delegación reduzca la percepción de captura en las personas, ni a decidir si las respuestas salvadoreñas reflejan preferencias genuinas, falsificadas o una mezcla de ambas. Para eso se requieren los microdatos y los diseños del Anexo A.

10. Discusión: la delegación como forma política de la opacidad

10.1 Balance de la evidencia

La Tabla 4 gradúa la evidencia reunida para cada explicación rival y para la tesis del artículo. La gradación distingue entre evidencia a favor, evidencia en contra o ambigua y ausencia de evidencia, y resume el balance en una calificación cualitativa. Tres rasgos del balance merecen subrayarse. El primero es que las explicaciones que sitúan la ruptura en la percepción y en el juicio, es decir, el sesgo de ubicación y la legitimación meritocrática, operan pero no explican el déficit agregado, porque amplias mayorías ven la concentración del poder y la juzgan injusta. El segundo es que las explicaciones con mayor apoyo son las que sitúan la ruptura en la eficacia, en su variante delegada, y en la organización. El tercero es que las explicaciones del cuarto eslabón, la falsificación de preferencias y la salida, son plausibles en contextos específicos pero no están medidas donde más importaría medirlas; su estatuto actual es el de hipótesis abiertas antes que el de explicaciones descartadas o confirmadas.

Tabla 4

Balance de la evidencia por explicación

Nota. Elaboración propia a partir de los apartados 4 a 9. Las cifras de opinión pública proceden de Corporación Latinobarómetro (2024, 2026); las de remesas, de Banco Mundial (2026a); los coeficientes, del análisis propio con datos de V-Dem v16.

10.2 La forma política de una experiencia sin organización

El resultado central del artículo puede formularse así: en América Latina, la experiencia de clase no ha desaparecido de la conciencia política, pero su forma política predominante no es la organización de clase, sino la delegación. La percepción de que se gobierna para unos pocos es mayoritaria desde hace dos décadas, el juicio de injusticia es compartido por tres de cada cuatro personas y más de la mitad de la población reclama reformas profundas o cambios radicales. Lo que falta no es el agravio, sino la convicción de que el propio colectivo, o las instituciones que deberían representarlo, puedan remediarlo, y los vehículos organizativos que transformarían esa convicción en acción sostenida. En ese espacio se instala la delegación: un liderazgo que se presenta como representante del pueblo frente a los poderosos, que concentra la expectativa de cambio y que es juzgado por sus resultados.

La tesis tiene antecedentes que conviene distinguir. Marx (2015) describió el bonapartismo como la forma política de una clase que no podía representarse a sí misma. Germani (1962) analizó la movilización desde arriba de masas disponibles en sociedades en transición. O'Donnell (1994) describió una democracia en la que el presidente electo se presenta como encarnación de la nación y principal custodio de sus intereses. Weyland (2001) definió el populismo como la estrategia de un líder personalista que se apoya en seguidores no organizados, y Laclau (2005) mostró cómo la oposición entre el pueblo y los poderosos puede articular demandas heterogéneas en torno a un nombre. Lo que este artículo añade es una localización: la delegación aparece en el lugar exacto de la cadena donde se rompen la eficacia y la organización, y representa un agravio de clase que ha sido percibido y juzgado correctamente. Por eso no puede describirse como falsa conciencia. Las personas no se equivocan sobre la concentración del poder; lo que cambia es el modo en que esa concentración se vuelve políticamente representable.

La evidencia sugiere, además, que la delegación es condicional. La legitimación personal del gobernante se asocia con una menor percepción de captura en El Salvador y México, pero no en Venezuela, donde una legitimación personal y por desempeño alta coexiste con una percepción de captura del 77 % y con la eficiencia estatal percibida más baja de la región. La delegación que desactiva la percepción de captura parece requerir que la eficacia depositada en el gobernante sea confirmada por resultados percibidos. Si esa lectura es correcta, la delegación es inestable por construcción: su legitimidad depende de un desempeño que no siempre puede sostenerse, y cuando el desempeño falla, el antagonismo vuelve a flotar. La volatilidad de los sistemas de partidos y el voto pragmático que describe el informe de 2026 son compatibles con esa inestabilidad (Corporación Latinobarómetro, 2026, pp. 13, 19).

La delegación tiene también una relación con el cuarto eslabón que debe registrarse con cautela. En los dos países que combinan una legitimación personal muy alta con la percepción de captura más baja, El Salvador y México, V-Dem registra deterioros sustantivos entre 2008 y 2025 en el indicador de represión de las organizaciones de la sociedad civil y en el índice de democracia liberal, y en El Salvador también en el índice de sociedad civil. Los mismos deterioros se registran en países sin legitimación personal alta, como Perú, y con dieciocho países no es posible establecer si la delegación los produce, si los acompaña o si ambos responden a otros factores. El patrón es coherente con la observación de O'Donnell (1994) de que la democracia delegativa tiende a debilitar los controles horizontales, pero su verificación exige series más largas y comparaciones más finas.

10.3 Relación con la primera parte

La primera parte de esta investigación propuso un circuito de reproducción ampliada del poder en el que la riqueza concentrada se convierte en poder político, modifica la selectividad del Estado, desplaza la redistribución hacia el endeudamiento y se legitima en infraestructuras comunicativas de propiedad concentrada (Dubón Huezo, 2026a). Esta segunda parte permite precisar ese circuito en tres puntos.

El primero se refiere a su eslabón inicial. La conversión de la riqueza en poder no es automática: depende de la organización política. Allí donde los vínculos partidarios son programáticos, la riqueza se traduce menos en poder, y esa relación se observa entre países y dentro de ellos, mientras la concentración del ingreso por sí sola no la predice. El circuito tiene, por tanto, un punto de interrupción posible, que es organizativo. El segundo punto se refiere a su contraparte subjetiva. La primera parte describió la pérdida de capacidad del Estado social; esta segunda parte muestra que esa pérdida se registra en la experiencia ciudadana (el 73 % considera que el Estado hizo poco o nada por ella) y que no produce resignación, sino una expectativa de cambio que se desplaza hacia gobernantes capaces de prometer resultados. La delegación cierra el circuito por abajo: el deterioro del Estado alimenta la demanda de un liderazgo que lo sustituya. El tercer punto se refiere a las plataformas. El entorno informativo fragmentado y la participación gubernamental en la difusión de información engañosa contribuyen a que el antagonismo flote entre referentes, lo que lo vuelve disponible para la delegación.

La segunda parte obliga, también, a matizar una afirmación de la primera. La nitidez de clase no procede de un aumento de la distancia en el nivel del decil superior, cuya participación promedio descendió del 55.0 % al 51.9 % entre 2008 y 2023 en los once países con series propias, con descensos en nueve de ellos, sino de la persistencia de niveles muy altos de concentración y de la cúspide extrema. De las cuatro dimensiones de la nitidez, la visibilidad es alta, porque la concentración del poder es percibida por amplias mayorías, y la traducción política es la dimensión donde la nitidez se vuelve opacidad. El título de este artículo resume esa disyunción: las clases son nítidas en la estructura y en la percepción, y opacas en su forma política.

10.4 Condiciones de recomposición

El análisis permite identificar, sin pretensión normativa, las condiciones bajo las cuales la cadena podría recomponerse. La primera es organizativa: la articulación de la clase requiere vehículos con vínculos programáticos, y los contracasos de la región indican que esos vehículos se consolidan cuando tienen raíces en organizaciones previas y cuando sus bases conservan capacidad de influencia (Anria, 2018; Levitsky et al., 2016). La segunda se refiere a la eficacia. La psicología social de la acción colectiva mostró que la identidad compartida es el puente entre la injusticia percibida y la eficacia (van Zomeren et al., 2008); la recomposición exige, por tanto, experiencias en las que la acción colectiva produzca resultados visibles, que devuelvan al colectivo la eficacia hoy depositada en el gobernante. La tercera se refiere a la voz: sin condiciones que permitan expresar públicamente el agravio con costos tolerables, ni la eficacia ni la organización pueden formarse. La cuarta se refiere a la información. La opacidad estadística de la cúspide, que en un tercio de la región impide medir con datos propios la participación de los ingresos más altos, limita la posibilidad de que la distancia entre posiciones se convierta en objeto de disputa pública documentada.

10.5 Límites

Los límites enunciados en el apartado 3 condicionan cada una de estas conclusiones. Las asociaciones entre países se estiman con diecisiete o dieciocho unidades y algunas descansan en dos casos. Los indicadores de V-Dem son juicios expertos que pueden compartir sesgos. Los datos de encuesta proceden de porcentajes publicados y no permiten estimar relaciones individuales, de modo que ninguna de las afirmaciones sobre mecanismos se ha verificado en el nivel en que esos mecanismos operan. La tesis de la delegación debe considerarse, por ello, una hipótesis respaldada por un patrón agregado consistente, y no un resultado establecido. Su principal virtud es que puede ser refutada: si los microdatos mostraran que la percepción de captura no varía con la confianza en el gobernante, o que la eficacia individual no se asocia con la delegación, la tesis tendría que abandonarse.

11. Conclusiones y agenda de investigación

El artículo partió de una disyunción que la primera parte de esta investigación había dejado formulada: la estructura de clases es nítida, pero sus expresiones colectivas son opacas. Para explicarla, descompuso el recorrido entre la posición de clase y el sujeto político en cinco eslabones y contrastó siete explicaciones rivales con los informes de Latinobarómetro, la literatura empírica y un análisis propio de datos abiertos de V-Dem, el WID y el Banco Mundial para dieciocho países latinoamericanos entre 2008 y 2025.

La primera conclusión es que la opacidad no reside en la percepción. Desde 2004, la proporción de latinoamericanos que considera que su país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio ha oscilado entre el 61 % y el 79 %, y en 2024 tres de cada cuatro juzgaban injusta la distribución del ingreso. El sesgo de ubicación existe, pero su expresión mejor documentada en la región es la subestimación de la propia posición en la parte alta de la estructura, y no impide que las mayorías reconozcan la concentración del poder. La segunda conclusión es que el juicio de injusticia sobrevive a la legitimación meritocrática, que opera en el margen, mientras la atribución es el punto débil del segundo eslabón: el antagonismo entre pueblo y poderosos tiene un referente que se desplaza con facilidad del poder económico al político y a la delincuencia.

La tercera conclusión es que la cadena se rompe en la eficacia y en la organización. La eficacia atribuida al Estado se ha deteriorado durante la última década y media, pero la expectativa de cambio no desaparece: se concentra en el voto y se deposita en el gobernante, con una disposición extendida a aceptar formas de gobierno menos democráticas a cambio de resultados. La organización presenta la ruptura mejor documentada: la confianza en los partidos es mínima, la cercanía partidaria descendió y la representación parlamentaria es rechazada por tres de cada cuatro personas. El análisis propio añade que, allí donde los vínculos partidarios son programáticos, la riqueza se traduce menos en poder político, tanto entre países como dentro de ellos, mientras la concentración del ingreso no predice esa traducción de manera mecánica. La cuarta conclusión es que la voz está debilitada de manera desigual: cerrada en algunos países según la codificación experta, ejercida sobre todo en el ámbito privado en toda la región y sustituida en parte por la salida en el norte de Centroamérica y en Nicaragua, donde las remesas equivalen a entre un quinto y un cuarto del producto.

La tesis que articula esos resultados es que la delegación personalista es la forma política de la opacidad de clase. Cuando la eficacia y la organización fallan, el agravio de clase no se disuelve: es representado desde arriba por liderazgos que se presentan como intérpretes del pueblo frente a los poderosos. La comparación entre la evaluación experta y la percepción ciudadana es coherente con esa tesis en una versión condicional: la percepción de captura no sigue la evaluación experta de la captura, y desciende de forma marcada solo en los dos países donde la legitimación personal del gobierno coincide con una eficacia estatal percibida alta. La tesis descansa en un patrón agregado que depende de pocos casos y admite interpretaciones rivales, en particular la falsificación de preferencias en contextos donde expresarse se percibe como riesgoso y el sesgo de la evaluación experta. Por eso se presenta como una hipótesis con implicaciones precisas y no como un resultado establecido.

La agenda que se desprende tiene cinco componentes. El primero es el análisis de microdatos con el diseño de transiciones secuenciales del Anexo A, que permitiría estimar en qué eslabón se pierde la mayor parte de la población y si esa pérdida depende de la posición socioeconómica. El segundo es la inclusión, en las encuestas regionales, de preguntas sobre la atribución de responsabilidades por la desigualdad, que hoy no se formulan de manera sistemática y sin las cuales el segundo eslabón solo puede observarse de forma indirecta. El tercero es la aplicación de experimentos de lista en los países donde la percepción de riesgo al expresarse es alta, comenzando por aquellos donde la percepción de captura es baja, para estimar la magnitud de la falsificación en lugar de presumirla. El cuarto es el estudio de la relación entre remesas, migración y acción colectiva en Centroamérica, donde la salida tiene una escala macroeconómica y la evidencia disponible procede sobre todo de México. El quinto es la producción de datos sobre la cúspide de la distribución en los países con series imputadas, sin los cuales la distancia entre las posiciones no puede convertirse en objeto de disputa pública documentada.

La pregunta que orientó esta segunda parte, por qué una desigualdad visible no produce sujeto político, admite así una respuesta provisional. La desigualdad produce agravio y el agravio es visible. Lo que no produce de manera automática es la convicción de que el propio colectivo puede cambiar la situación ni los vehículos que permitirían intentarlo. Donde esos dos elementos faltan, el sujeto político no desaparece: se delega. La tarea que queda para la investigación es establecer bajo qué condiciones esa delegación se convierte en un obstáculo duradero para la formación de clase y bajo cuáles abre, cuando fracasa, la posibilidad de reconstruir la eficacia y la organización que la hicieron necesaria.

Referencias

Ahmed, F. Z. (2012). The perils of unearned foreign income: Aid, remittances, and government survival. American Political Science Review, 106(1), 146-165. https://doi.org/10.1017/S0003055411000475

Anria, S. (2018). When movements become parties: The Bolivian MAS in comparative perspective. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108551755

Banco Mundial. (2026a). Remesas personales, recibidas (% del PIB) [Indicador BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS, Indicadores del Desarrollo Mundial]. Consultado el 9 de octubre de 2026, de https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS

Banco Mundial. (2026b). Índice de Gini [Indicador SI.POV.GINI, Indicadores del Desarrollo Mundial]. Consultado el 9 de octubre de 2026, de https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI

Blair, G. e Imai, K. (2012). Statistical analysis of list experiments. Political Analysis, 20(1), 47-77. https://doi.org/10.1093/pan/mpr048

Bourdieu, P. (2001). ¿Cómo se hace una clase social? Sobre la existencia teórica y práctica de los grupos. En A. García Inda (Ed.), Poder, derecho y clases sociales (2.ª ed., pp. 101-130). Desclée de Brouwer.

Cameron, A. C., Gelbach, J. B. y Miller, D. L. (2008). Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. The Review of Economics and Statistics, 90(3), 414-427. https://doi.org/10.1162/rest.90.3.414

Castillo, J. C., Miranda, D. y Madero-Cabib, I. (2013). Todos somos de clase media: sobre el estatus social subjetivo en Chile. Latin American Research Review, 48(1), 155-173. https://doi.org/10.1353/lar.2013.0006

Chancel, L. y Piketty, T. (2021). Countries with regional income imputations on WID.world (World Inequality Lab Technical Note 2021/15). World Inequality Lab. https://wid.world/document/countries-with-regional-income-imputations-on-wid-world-world-inequality-lab-technical-note-2021-15/

Coppedge, M., Gerring, J., Knutsen, C. H., Lindberg, S. I., Teorell, J., Altman, D., Angiolillo, F., Bernhard, M., Cornell, A., Fish, M. S., Fox, L., Gastaldi, L., Gjerløw, H., Glynn, A., Good God, A., Hicken, A., Kinzelbach, K., Krusell, J., Marquardt, K. L., . . . Ziblatt, D. (2026). V-Dem country-year dataset v16 [Conjunto de datos]. Varieties of Democracy (V-Dem) Project. https://doi.org/10.23696/vdemds26

Corporación Latinobarómetro. (2018). Informe 2018. https://www.latinobarometro.org

Corporación Latinobarómetro. (2024). Informe 2024: la democracia resiliente. https://www.latinobarometro.org

Corporación Latinobarómetro. (2026). Informe 2026: ¿la crisis de la democracia liberal? https://www.latinobarometro.org

Craig, S. C., Niemi, R. G. y Silver, G. E. (1990). Political efficacy and trust: A report on the NES pilot study items. Political Behavior, 12(3), 289-314. https://doi.org/10.1007/BF00992337

Cramer, B. D. y Kaufman, R. R. (2011). Views of economic inequality in Latin America. Comparative Political Studies, 44(9), 1206-1237. https://doi.org/10.1177/0010414010392171

Cruces, G., Pérez-Truglia, R. y Tetaz, M. (2013). Biased perceptions of income distribution and preferences for redistribution: Evidence from a survey experiment. Journal of Public Economics, 98, 100-112. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2012.10.009

De Leon, C., Desai, M. y Tuğal, C. (2009). Political articulation: Parties and the constitution of cleavages in the United States, India, and Turkey. Sociological Theory, 27(3), 193-219. https://doi.org/10.1111/j.1467-9558.2009.01345.x

De Rosa, M., Flores, I. y Morgan, M. (2024). More unequal or not as rich? Revisiting the Latin American exception. World Development, 184, Artículo 106737. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106737

Doyle, D. (2015). Remittances and social spending. American Political Science Review, 109(4), 785-802. https://doi.org/10.1017/S0003055415000416

Dubet, F. (2020). La época de las pasiones tristes: de cómo este mundo desigual lleva a la frustración y el resentimiento, y desalienta la lucha por una sociedad mejor. Siglo XXI.

Dubón Huezo, J. R. (2026a). Clases más nítidas, democracias más frágiles: acumulación de poder, Estado deudor y disputa hegemónica en las plataformas digitales (2008-2026) [Manuscrito no publicado].

Dubón Huezo, J. R. (2026b). Poder y transformación en Centroamérica (Vols. I-III) [Datos editoriales por completar].

Evans, M. D. R. y Kelley, J. (2004). Subjective social location: Data from 21 nations. International Journal of Public Opinion Research, 16(1), 3-38. https://doi.org/10.1093/ijpor/16.1.3

Felstiner, W. L. F., Abel, R. L. y Sarat, A. (1981). The emergence and transformation of disputes: Naming, blaming, claiming... Law & Society Review, 15(3-4), 631-654. https://doi.org/10.2307/3053505

Franetovic, G. y Castillo, J. C. (2022). Preferences for income redistribution in unequal contexts: Changes in Latin America between 2008 and 2018. Frontiers in Sociology, 7, Artículo 806458. https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.806458

Frye, T., Gehlbach, S., Marquardt, K. L. y Reuter, O. J. (2017). Is Putin's popularity real? Post-Soviet Affairs, 33(1), 1-15. https://doi.org/10.1080/1060586X.2016.1144334

Germani, G. (1962). Política y sociedad en una época de transición: de la sociedad tradicional a la sociedad de masas. Paidós.

Germano, R. (2018). Outsourcing welfare: How the money immigrants send home contributes to stability in developing countries. Oxford University Press.

Gethin, A., Martínez-Toledano, C. y Piketty, T. (Eds.). (2021). Political cleavages and social inequalities: A study of fifty democracies, 1948-2020. Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/9780674269910

Gethin, A., Martínez-Toledano, C. y Piketty, T. (2022). Brahmin left versus merchant right: Changing political cleavages in 21 Western democracies, 1948-2020. The Quarterly Journal of Economics, 137(1), 1-48. https://doi.org/10.1093/qje/qjab036

Gethin, A. y Morgan, M. (2021). Democracy and the politicization of inequality in Brazil, 1989-2018 (World Inequality Lab Working Paper 2021/07). World Inequality Lab.

Gimpelson, V. y Treisman, D. (2018). Misperceiving inequality. Economics & Politics, 30(1), 27-54. https://doi.org/10.1111/ecpo.12103

Gonzalez-Ocantos, E., de Jonge, C. K., Meléndez, C., Osorio, J. y Nickerson, D. W. (2012). Vote buying and social desirability bias: Experimental evidence from Nicaragua. American Journal of Political Science, 56(1), 202-217. https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2011.00540.x

Goodman, G. L. y Hiskey, J. T. (2008). Exit without leaving: Political disengagement in high migration municipalities in Mexico. Comparative Politics, 40(2), 169-188. https://doi.org/10.5129/001041508X12911362382751

Gramsci, A. (1981-2000). Cuadernos de la cárcel (V. Gerratana, Ed.; 6 vols.). Ediciones Era.

Hellmeier, S. y Bernhard, M. (2023). Regime transformation from below: Mobilization for democracy and autocracy from 1900 to 2021. Comparative Political Studies, 56(12), 1858-1890. https://doi.org/10.1177/00104140231152793

Hirschman, A. O. (1977). Salida, voz y lealtad: respuestas al deterioro de empresas, organizaciones y estados. Fondo de Cultura Económica.

Hirschman, A. O. (1978). Exit, voice, and the state. World Politics, 31(1), 90-107. https://doi.org/10.2307/2009968

Hirschman, A. O. (1993). Exit, voice, and the fate of the German Democratic Republic: An essay in conceptual history. World Politics, 45(2), 173-202. https://doi.org/10.2307/2950657

Jost, J. T. y Banaji, M. R. (1994). The role of stereotyping in system-justification and the production of false consciousness. British Journal of Social Psychology, 33(1), 1-27. https://doi.org/10.1111/j.2044-8309.1994.tb01008.x

Jost, J. T., Pelham, B. W., Sheldon, O. y Sullivan, B. N. (2003). Social inequality and the reduction of ideological dissonance on behalf of the system: Evidence of enhanced system justification among the disadvantaged. European Journal of Social Psychology, 33(1), 13-36. https://doi.org/10.1002/ejsp.127

Katznelson, I. (1986). Working-class formation: Constructing cases and comparisons. En I. Katznelson y A. R. Zolberg (Eds.), Working-class formation: Nineteenth-century patterns in Western Europe and the United States (pp. 3-41). Princeton University Press.

King, G., Keohane, R. O. y Verba, S. (2000). El diseño de la investigación social: la inferencia científica en los estudios cualitativos. Alianza.

Kitschelt, H. (2000). Linkages between citizens and politicians in democratic polities. Comparative Political Studies, 33(6-7), 845-879. https://doi.org/10.1177/001041400003300607

Kitschelt, H. y Wilkinson, S. I. (Eds.). (2007). Patrons, clients, and policies: Patterns of democratic accountability and political competition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511585869

Klandermans, B. (1984). Mobilization and participation: Social-psychological expansions of resource mobilization theory. American Sociological Review, 49(5), 583-600. https://doi.org/10.2307/2095417

Knutsen, C. H., Marquardt, K. L., Seim, B., Coppedge, M., Edgell, A. B., Medzihorsky, J., Pemstein, D., Teorell, J., Gerring, J. y Lindberg, S. I. (2024). Conceptual and measurement issues in assessing democratic backsliding. PS: Political Science & Politics, 57(2), 162-177. https://doi.org/10.1017/S104909652300077X

Kuran, T. (1995). Private truths, public lies: The social consequences of preference falsification. Harvard University Press.

Kuziemko, I., Norton, M. I., Saez, E. y Stantcheva, S. (2015). How elastic are preferences for redistribution? Evidence from randomized survey experiments. American Economic Review, 105(4), 1478-1508. https://doi.org/10.1257/aer.20130360

Laclau, E. (2005). La razón populista (S. Laclau, Trad.). Fondo de Cultura Económica.

Levitsky, S., Loxton, J., Van Dyck, B. y Domínguez, J. I. (Eds.). (2016). Challenges of party-building in Latin America. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781316550564

Lindert, P. H. (2004). Growing public: Social spending and economic growth since the eighteenth century (Vol. 1). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511510717

Little, A. T. y Meng, A. (2024). Measuring democratic backsliding. PS: Political Science & Politics, 57(2), 149-161. https://doi.org/10.1017/S104909652300063X

Lukács, G. (1975). Historia y consciencia de clase (M. Sacristán, Trad.). Grijalbo.

Luna, J. P. (2014). Segmented representation: Political party strategies in unequal democracies. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199642649.001.0001

Lupu, N. (2016). Party brands in crisis: Partisanship, brand dilution, and the breakdown of political parties in Latin America. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139683562

MacKinnon, J. G. y White, H. (1985). Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305-325. https://doi.org/10.1016/0304-4076(85)90158-7

Maerz, S. F., Edgell, A. B., Hellmeier, S., Ilchenko, N. y Fox, L. (2026). vdemdata: An R package to load, explore and work with the most recent V-Dem (Varieties of Democracy) dataset [Paquete de R, versión 16.0]. https://github.com/vdeminstitute/vdemdata

Mainwaring, S. (Ed.). (2018). Party systems in Latin America: Institutionalization, decay, and collapse. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316798553

Mare, R. D. (1980). Social background and school continuation decisions. Journal of the American Statistical Association, 75(370), 295-305. https://doi.org/10.1080/01621459.1980.10477466

Martín-Baró, I. (1998). Psicología de la liberación (A. Blanco, Ed.). Trotta.

Marx, K. (2015). El dieciocho brumario de Luis Bonaparte (E. Chuliá, Trad.; 2.ª ed.). Alianza.

Meltzer, A. H. y Richard, S. F. (1981). A rational theory of the size of government. Journal of Political Economy, 89(5), 914-927. https://doi.org/10.1086/261013

Mijs, J. J. B. (2021). The paradox of inequality: Income inequality and belief in meritocracy go hand in hand. Socio-Economic Review, 19(1), 7-35. https://doi.org/10.1093/ser/mwy051

O'Donnell, G. (1994). Delegative democracy. Journal of Democracy, 5(1), 55-69. https://doi.org/10.1353/jod.1994.0010

Pérez-Armendáriz, C. y Crow, D. (2010). Do migrants remit democracy? International migration, political beliefs, and behavior in Mexico. Comparative Political Studies, 43(1), 119-148. https://doi.org/10.1177/0010414009331733

Pfutze, T. (2012). Does migration promote democratization? Evidence from the Mexican transition. Journal of Comparative Economics, 40(2), 159-175. https://doi.org/10.1016/j.jce.2012.01.004

Platt, J. R. (1964). Strong inference. Science, 146(3642), 347-353. https://doi.org/10.1126/science.146.3642.347

Portes, A. y Hoffman, K. (2003). Latin American class structures: Their composition and change during the neoliberal era. Latin American Research Review, 38(1), 41-82. https://doi.org/10.1353/lar.2003.0011

Przeworski, A. (1977). Proletariat into a class: The process of class formation from Karl Kautsky's The class struggle to recent controversies. Politics & Society, 7(4), 343-401. https://doi.org/10.1177/003232927700700401

Przeworski, A. y Sprague, J. (1986). Paper stones: A history of electoral socialism. University of Chicago Press.

Reyes, G. y Gasparini, L. (2022). Are fairness perceptions shaped by income inequality? Evidence from Latin America. The Journal of Economic Inequality, 20(4), 893-913. https://doi.org/10.1007/s10888-022-09526-w

Roberts, K. M. (2002). Social inequalities without class cleavages in Latin America's neoliberal era. Studies in Comparative International Development, 36(4), 3-33. https://doi.org/10.1007/BF02686331

Roberts, K. M. (2014). Changing course in Latin America: Party systems in the neoliberal era. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511842856

Robinson, D. y Tannenberg, M. (2019). Self-censorship of regime support in authoritarian states: Evidence from list experiments in China. Research & Politics, 6(3). https://doi.org/10.1177/2053168019856449

Rosenfeld, B., Imai, K. y Shapiro, J. N. (2016). An empirical validation study of popular survey methodologies for sensitive questions. American Journal of Political Science, 60(3), 783-802. https://doi.org/10.1111/ajps.12205

Scott, J. C. (2000). Los dominados y el arte de la resistencia: discursos ocultos. Era.

Solano-Silva, D., Guadalupe, C. y Sam-Castañeda, E. (2025). Ni justo ni legítimo: The role of social status and neoliberal context on perceived social justice in Latin America and its political consequences. British Journal of Social Psychology, 64(3), Artículo e12894. https://doi.org/10.1111/bjso.12894

Stokes, S. C., Dunning, T., Nazareno, M. y Brusco, V. (2013). Brokers, voters, and clientelism: The puzzle of distributive politics. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781107324909

Tannenberg, M. (2022). The autocratic bias: Self-censorship of regime support. Democratization, 29(4), 591-610. https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1981867

Tannenberg, M., Bernhard, M., Gerschewski, J., Lührmann, A. y von Soest, C. (2021). Claiming the right to rule: Regime legitimation strategies from 1900 to 2019. European Political Science Review, 13(1), 77-94. https://doi.org/10.1017/S1755773920000363

Thompson, E. P. (2012). La formación de la clase obrera en Inglaterra. Capitán Swing.

Trump, K.-S. (2018). Income inequality influences perceptions of legitimate income differences. British Journal of Political Science, 48(4), 929-952. https://doi.org/10.1017/S0007123416000326

van Zomeren, M., Postmes, T. y Spears, R. (2008). Toward an integrative social identity model of collective action: A quantitative research synthesis of three socio-psychological perspectives. Psychological Bulletin, 134(4), 504-535. https://doi.org/10.1037/0033-2909.134.4.504

V-Dem Institute. (2026). V-Dem methodology v16. https://v-dem.net/documents/71/methodology\_v16.pdf

Weyland, K. (2001). Clarifying a contested concept: Populism in the study of Latin American politics. Comparative Politics, 34(1), 1-22. https://doi.org/10.2307/422412

World Inequality Database. (2026). WID: World Inequality Database [Conjunto de datos, descarga masiva]. Consultado en octubre de 2026, de https://wid.world/bulk\_download/wid\_all\_data.zip

Wright, E. O. (1997). Class counts: Comparative studies in class analysis. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511488917

Anexo A. Protocolo para contrastar el modelo con microdatos

A.1 Propósito y datos

Este anexo especifica, antes de disponer de los datos, cómo debería contrastarse el modelo del artículo con microdatos de encuesta. Su propósito es doble: permitir que otros investigadores repliquen o refuten la tesis, y fijar de antemano qué resultados la debilitarían. Los microdatos de Latinobarómetro y del Barómetro de las Américas pueden obtenerse en los sitios de ambos proyectos, con las condiciones de acceso que cada uno establece. En esta investigación no se procesaron. El protocolo se acompaña de un archivo de código en R (protocolo_microdatos.R) que se ejecutó de principio a fin con datos simulados, con el único propósito de verificar que el código funciona; los resultados de esa ejecución no constituyen evidencia y no se reportan como tales.

A.2 Constructos e ítems

La Tabla A1 vincula cada eslabón con los ítems que permiten observarlo, transcritos según su formulación en los informes publicados de Latinobarómetro e indicando la página donde aparece. Los códigos de pregunta de cada ola no se consignan, porque cambian entre años y deben tomarse del libro de códigos correspondiente. Dos constructos requieren verificación adicional: la autoclasificación de clase social, cuyos resultados publica el informe de 2018 sin transcribir la pregunta, y la evaluación de lo que el Estado ha hecho por la persona, cuyas categorías agrupadas publica el informe de 2026. La pregunta sobre la intención de emigrar se publicó en 2018 y su presencia en olas posteriores debe confirmarse.

Tabla A1

Constructos, ítems y fuentes para el análisis con microdatos

Nota. Elaboración propia. LB: informe de Corporación Latinobarómetro del año indicado. Las formulaciones se transcriben como aparecen en los informes; los códigos de pregunta de cada ola deben tomarse del libro de códigos correspondiente. Los nombres de variable coinciden con los del archivo protocolo_microdatos.R.

A.3 Plan de análisis

El análisis tiene cinco componentes. El primero es descriptivo: la proporción ponderada de personas que cumple cada eslabón, por país y por clase subjetiva. El segundo adapta el modelo de transiciones secuenciales que Mare (1980) propuso para la continuidad escolar. Cada transición se estima, mediante un modelo logístico multinivel con interceptos aleatorios por país, solo entre quienes cumplieron el eslabón anterior: la percepción de captura en toda la muestra, el juicio de injusticia entre quienes perciben captura, la eficacia electoral entre quienes además juzgan injusta la distribución, la expresión de opiniones entre quienes además creen que el voto puede cambiar las cosas, y la cercanía partidaria entre quienes además expresan sus opiniones. Cada explicación rival predice que la pérdida de población y el gradiente socioeconómico se concentran en una transición distinta, según la Tabla 1. La ordenación de los eslabones es teórica y debe someterse a prueba comparando especificaciones alternativas.

El tercer componente contrasta la tesis de la delegación con tres hipótesis. Según la primera, la confianza en el presidente reduce la probabilidad de percibir captura, con independencia de la posición socioeconómica y de la clase subjetiva. Según la segunda, esa reducción es mayor en la parte baja de la estructura socioeconómica. Según la tercera, es mayor en los países donde V-Dem codifica una legitimación más intensa por la persona del líder. El modelo incluye pendientes aleatorias de la confianza en el presidente por país y la interacción con el indicador de V-Dem en el nivel nacional. El cuarto componente estima un modelo de ecuaciones estructurales con dos factores latentes: la eficacia propia, medida por la eficacia electoral, la comprensión de la política y la representación parlamentaria, y la delegación, medida por la confianza en el presidente, la aceptación de un gobierno no democrático que resuelva los problemas y el apoyo a la mano dura. Los indicadores se tratan como ordinales y el modelo se estima con mínimos cuadrados ponderados robustos; antes de comparar países debe verificarse la invariancia de la medición. El quinto componente es un experimento de lista para estimar la falsificación de preferencias. La lista de control incluye tres afirmaciones no sensibles y la de tratamiento añade el apoyo al gobierno en funciones; la diferencia de medias entre ambas estima la prevalencia del apoyo, que se compara con la respuesta a la pregunta directa en la misma muestra (Blair e Imai, 2012).

A.4 Reglas de decisión

Tres resultados debilitarían la tesis del artículo. El primero sería que la percepción de captura no se asociara con la confianza en el gobernante una vez controladas la posición socioeconómica y la clase subjetiva, o que esa asociación no variara con la legitimación personal codificada por V-Dem. El segundo sería que la mayor pérdida de población en las transiciones se concentrara en la percepción o en el juicio, y no en la eficacia y la organización. El tercero sería que, en los países donde la percepción de captura es baja, los experimentos de lista estimaran un apoyo al gobierno muy inferior al declarado; en ese caso, la falsificación de preferencias y no la delegación explicaría el patrón observado en el apartado 9. Un resultado intermedio, con una brecha moderada entre la estimación indirecta y la directa, indicaría que ambos mecanismos operan a la vez y obligaría a reformular la tesis en esos términos.

A.5 Especificaciones principales

El fragmento siguiente reproduce las especificaciones centrales del archivo de código. Las variables armonizadas se describen en el encabezado del archivo y en la Tabla A1.

# Transiciones secuenciales: cada eslabón entre quienes cumplen el anterior

glmer(e2_injusta ~ ses + clase_subj + edad_c + mujer + urbano + (1 | pais),

      data = subset(d, e1_captura == 1), family = binomial)

# Delegación: confianza en el presidente y percepción de captura

glmer(e1_captura ~ conf_c * ses + conf_c * leader_v + clase_subj + edad_c +

        mujer + urbano + (1 + conf_c | pais), data = d, family = binomial)

# Eficacia propia frente a delegación (indicadores ordinales, WLSMV)

modelo <- '

  EFIC  =~ e3_voto + e3_entiende + e5_repr

  DELEG =~ del_conf_pres + del_nodem + del_manodura

  e1_captura ~ DELEG + ses

  e4_expresa ~ EFIC + DELEG + e1_captura + e4_riesgo + ses

  e5_partido ~ EFIC + DELEG + e4_expresa + ses '

sem(modelo, data = d, ordered = ordinales, estimator = "WLSMV")

# Experimento de lista: diferencia de medias entre tratamiento y control

mean(L$y[L$trat == 1]) - mean(L$y[L$trat == 0])