Clases más nítidas, democracias más frágiles

Acumulación de poder, Estado deudor y disputa hegemónica en las plataformas digitales (2008-2026)

José Raúl Dubón Huezo

Sociólogo y analista político · San Salvador, El Salvador

Octubre de 2026

Resumen

El artículo examina si la concentración récord de la riqueza, el endeudamiento global, el repliegue del Estado social, la plataformización de la esfera pública y la erosión democrática son crisis paralelas o momentos de un mismo proceso. Su objetivo es reconstruir las relaciones entre esos fenómenos y contrastar la tesis de que las clases sociales son hoy más nítidas que en cualquier otro momento reciente. Desde una perspectiva relacional que combina teoría de clases (Marx, Weber, Wright, Bourdieu), teoría del Estado (Poulantzas, Jessop, Streeck) y teoría de la hegemonía (Gramsci, Laclau y Mouffe), el estudio adopta la forma de un ensayo analítico basado en investigación documental de estadísticas institucionales y literatura especializada para el periodo 2008-2026. Se propone la categoría de nitidez de clase, desagregada en distancia, cierre, visibilidad y traducción política, y se modela un circuito de reproducción ampliada del poder en el que la riqueza concentrada se convierte en poder político, modifica la selectividad del Estado, desplaza la redistribución hacia el endeudamiento y se legitima en infraestructuras comunicativas de propiedad concentrada. Los hallazgos indican que la nitidez de clase se produce sobre todo por arriba, en la cúspide extrema de la distribución, y coexiste con una opacidad subjetiva que desplaza el antagonismo hacia conflictos culturales. La erosión democrática afecta principalmente los componentes liberales e igualitarios de la democracia antes que su dimensión electoral. Se concluye que la disputa social contemporánea se libra a la vez en la distribución, en el Estado y en el sentido común.

Palabras clave: nitidez de clase; Estado deudor; hegemonía algorítmica; autocratización; acumulación de poder; desigualdad.

Sharper classes, more fragile democracies: accumulation of power, the debtor state and hegemonic struggle on digital platforms (2008-2026)

Abstract

This article examines whether record wealth concentration, global indebtedness, the retreat of the social state, the platformization of the public sphere and democratic erosion are parallel crises or moments of a single process. It reconstructs the relations among these phenomena and tests the claim that social classes are now sharper than at any other recent moment. Drawing on a relational perspective that combines class theory (Marx, Weber, Wright, Bourdieu), state theory (Poulantzas, Jessop, Streeck) and hegemony theory (Gramsci, Laclau and Mouffe), the study is an analytical essay based on documentary research of institutional statistics and specialized literature for 2008-2026. It proposes the category of class sharpness, broken down into distance, closure, visibility and political translation, and models a circuit of expanded reproduction of power in which concentrated wealth becomes political power, alters the selectivity of the state, displaces redistribution towards debt and is legitimized through communicative infrastructures under concentrated ownership. Findings indicate that class sharpness is produced mainly from above, at the extreme top of the distribution, and coexists with a subjective opacity that displaces antagonism towards cultural conflicts. Democratic erosion mainly affects the liberal and egalitarian components of democracy rather than its electoral dimension. The article concludes that contemporary social struggle unfolds simultaneously over distribution, the state and common sense.

Keywords: class sharpness; debtor state; algorithmic hegemony; autocratization; accumulation of power; inequality.

1. Introducción

En noviembre de 2006, Warren Buffett explicó a un columnista de The New York Times que pagaba, en proporción a sus ingresos, menos impuestos que las secretarias de su oficina, y cerró el argumento con una frase que se volvería célebre: la guerra de clases existía, pero era «mi clase, la clase rica, la que está haciendo la guerra», y la estaban ganando (Stein, 2006). Dos décadas después, aquella frase ha dejado de ser la ocurrencia de un inversor heterodoxo para convertirse en una descripción plausible de varias series estadísticas que convergen. En 2025, la riqueza de los milmillonarios creció 16.2 % hasta alcanzar 18.3 billones —millones de millones— de dólares, y por primera vez su número superó las 3000 personas (Oxfam Internacional, 2026). La deuda global, que suma la de gobiernos, empresas y hogares, superó los 365 billones de dólares en el primer semestre de 2026 (Institute of International Finance [IIF], 2026a). Al cierre de 2025, el 74 % de la población mundial vivía en autocracias y un récord del 41 % residía en países en proceso de autocratización (Nord et al., 2026). Y en 2026, por primera vez, las redes sociales y las plataformas de video superaron a la televisión y a los sitios de los propios medios como vía de acceso a noticias en el promedio de 48 mercados (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2026).

Estos datos suelen leerse por separado, cada uno dentro de su especialidad: la economía de la desigualdad, las finanzas públicas, la ciencia política comparada, los estudios de comunicación. El problema que motiva este artículo es esa fragmentación. Si la concentración de la riqueza, el endeudamiento, el repliegue del Estado social, la transformación de la esfera pública y la erosión democrática se tratan como crisis paralelas, se pierde de vista la posibilidad de que sean momentos de un mismo proceso cuyas partes se condicionan entre sí. La pregunta que orienta el análisis es, por tanto, de orden relacional: ¿cómo se articulan la acumulación de riqueza y de poder, la reconfiguración del Estado, el régimen global de deuda y la disputa por el sentido común en las plataformas digitales, y qué efectos produce esa articulación sobre la estructura de clases y sobre la democracia?

La tesis que se defiende es que esos fenómenos forman un circuito de reproducción ampliada del poder. La riqueza concentrada en la cúspide se convierte en poder político y mediático. Ese poder modifica la selectividad del Estado, que reduce su capacidad redistributiva y amplía su capacidad de disciplina. El endeudamiento público y privado sustituye a la redistribución como recurso para «comprar tiempo», según la expresión de Streeck (2016), y transfiere renta hacia los acreedores. El malestar resultante se procesa en infraestructuras comunicativas de propiedad concentrada, donde el antagonismo de clase tiende a desplazarse hacia conflictos culturales o hacia la demanda de autoridad. Y la erosión de los componentes liberales e igualitarios de la democracia protege, a su vez, las condiciones de la acumulación. El resultado es una estructura de clases objetivamente más nítida cuya traducción subjetiva y política permanece opaca. Esa brecha entre nitidez objetiva y opacidad subjetiva constituye, según se argumenta, el núcleo de la disputa social contemporánea.

El artículo somete además a examen una afirmación frecuente en el debate público y académico: que las clases sociales son hoy «más nítidas que nunca». La evidencia permite sostenerla con precisión en algunas dimensiones y obliga a matizarla en otras. Delimitar en cuáles se cumple y en cuáles no forma parte del argumento, porque una tesis que no distingue sus alcances queda expuesta a la refutación por el primer contraejemplo histórico.

La pertinencia de la pregunta no se apoya en una declaración de urgencia, sino en una coincidencia empírica verificable. Entre 2005 y 2025, la proporción de la población mundial que vive en países en autocratización pasó del 9 % al 41 % (Nord et al., 2026). En un intervalo casi idéntico, la deuda global pasó de unos 130 billones de dólares, equivalentes al 240 % del producto mundial, a más de 350 billones, alrededor del 305 % (IIF, 2026b), y la participación de los ingresos del trabajo en el ingreso mundial descendió cerca de 1.6 puntos porcentuales (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2024a). La simultaneidad no prueba causalidad, pero exige una explicación que no se limite a yuxtaponer tendencias.

El análisis se escribe desde Centroamérica, y esa localización tiene consecuencias. En la región, varios de los procesos que aquí se examinan a escala global se presentan de forma condensada: la desigualdad de ingresos de América Latina y el Caribe es la más alta entre las regiones del mundo, solo superada por una subregión africana (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2025), y el orden político se ha construido con frecuencia sobre la exclusión de las mayorías (Torres-Rivas, 2011). Mirar la crisis global desde esta periferia permite advertir que algunos rasgos que en el Norte aparecen como novedad —la coexistencia de elecciones con concentración del poder, el Estado que protege poco y vigila mucho— tienen en el Sur una historia larga. El artículo no se limita, sin embargo, al caso regional: lo utiliza como lente y como contraste.

El texto se organiza en once apartados. Tras esta introducción, el segundo presenta el marco teórico y el modelo analítico, y el tercero la estrategia metodológica. Del cuarto al noveno se desarrollan los seis ejes del análisis en un orden que no es arbitrario: avanza desde la estructura de clases hacia el poder político que la riqueza produce, de este hacia las instituciones estatales y los mecanismos financieros que lo sostienen, de allí a la producción del sentido común y, por último, al régimen político en el que todo ello se condensa. El décimo apartado discute la articulación de conjunto, sus contratendencias y sus límites, y el undécimo presenta las conclusiones y una agenda de investigación.

2. Marco teórico: categorías para un análisis relacional

El problema planteado exige categorías capaces de captar relaciones y no solo distribuciones. Por esa razón, el marco que sigue no reconstruye la obra de los autores, sino que selecciona herramientas conceptuales y las organiza en torno a cuatro nociones: clase, poder, Estado y hegemonía. Cada una se define en función del problema del artículo, y el apartado se cierra con el modelo que las articula.

2.1 La clase como relación y el problema de la nitidez

La tradición marxista define la clase por la posición en las relaciones sociales de producción, es decir, por la propiedad o la no propiedad de los medios de producción y por la apropiación del excedente (Marx, 1975). Weber desplazó el acento hacia las oportunidades de vida que se derivan de la posición en el mercado y distinguió la clase del estamento y del partido, lo que permitió separar analíticamente la desigualdad económica, el honor social y el poder político (Weber, 1964). Wright (2015) integró ambas tradiciones en un análisis de clase en el que la explotación y la dominación se combinan con mecanismos de acaparamiento de oportunidades, y en el que existen posiciones contradictorias —las de gerentes y expertos— que comparten rasgos de clases distintas. Bourdieu (1988), por su parte, entendió la clase como una región de un espacio social estructurado por el volumen y la composición del capital económico, cultural y social, y mostró que las diferencias de posición se traducen en diferencias de gusto y de estilo de vida que funcionan como signos de distinción.

Estas definiciones no se excluyen: operan en niveles distintos. Lo que interesa para este artículo es que ninguna reduce la clase a un tramo de ingreso y que todas permiten preguntar no solo cuánta desigualdad existe, sino cuán definidas son las fronteras que separan a unos grupos de otros. A esa propiedad se la denomina aquí nitidez de clase. El término no pertenece a la literatura establecida; se propone como categoría analítica para ordenar evidencia dispersa y se descompone en cuatro dimensiones. La primera es la distancia: la magnitud de la brecha de riqueza, ingreso y control de recursos entre posiciones. La segunda es el cierre: el grado en que esas posiciones se transmiten entre generaciones y se protegen de la movilidad, en el sentido weberiano de cierre social. La tercera es la visibilidad: la medida en que las diferencias de posición se exhiben y se reconocen en el espacio público, lo que Bourdieu trató bajo la noción de distinción. La cuarta es la traducción política: el grado en que la posición económica se convierte directamente en capacidad de decisión sobre lo común.

La categoría permite reformular un debate que ocupó a la sociología de los años noventa. Clark y Lipset (1991) preguntaron si las clases sociales estaban muriendo, y Pakulski y Waters (1996) respondieron afirmativamente al sostener que la estratificación se había vuelto cultural y fragmentada. Beck (1998), desde otra perspectiva, interpretó la individualización como la disolución de los vínculos de clase en biografías organizadas en torno al riesgo. La investigación posterior sobre la concentración del patrimonio y la herencia (Piketty, 2014; Savage, 2021) y los estudios empíricos de clase (Savage et al., 2013; Wright, 2015) cuestionaron ese diagnóstico. La noción de nitidez permite precisar el desacuerdo: es posible que las clases sean objetivamente más nítidas en distancia y cierre y, al mismo tiempo, menos nítidas como identidades vividas. Esa disyunción, y no la desaparición de las clases, es la hipótesis de trabajo.

2.2 Poder: fuentes, conversión y acumulación

Mann (1991) distinguió cuatro fuentes del poder social —ideológica, económica, militar y política— y sostuvo que las sociedades son redes superpuestas de poder antes que totalidades cerradas. Lukes (2007) añadió que el poder no se ejerce solo cuando una parte impone su voluntad en un conflicto abierto, sino también cuando controla la agenda de lo que puede discutirse y, en su forma más profunda, cuando moldea las preferencias de quienes lo padecen. Esta tercera dimensión conecta la teoría del poder con la teoría de la hegemonía.

El análisis de la acumulación de poder requiere, además, una teoría de la conversión. Bourdieu (1997) mostró que las distintas especies de capital pueden transformarse unas en otras a tasas de cambio que son, ellas mismas, objeto de lucha. Winters (2011) definió la oligarquía como la política de defensa de la riqueza practicada por actores que concentran recursos materiales extraordinarios, y distinguió esa defensa de la influencia ordinaria: los oligarcas no necesitan gobernar para que su riqueza esté protegida, aunque pueden hacerlo. En este artículo, acumulación de poder designa el proceso por el cual una misma fracción social concentra a la vez poder económico, poder político y poder sobre la producción de sentido, y en el que la conversión entre esas formas se vuelve más rápida y menos mediada. La novedad que se examina no es la existencia de élites, descritas por Mills (1957) a mediados del siglo XX, sino la reducción de las mediaciones institucionales entre la propiedad y la decisión.

2.3 El Estado como relación social y sus mutaciones

Poulantzas (1979) definió el Estado capitalista como la condensación material de una relación de fuerzas entre clases y fracciones de clase. La definición evita dos errores simétricos: tratar al Estado como un instrumento neutral o como un simple aparato de la clase dominante. El Estado tiene autonomía relativa, pero su estructura institucional privilegia ciertos intereses sobre otros. Jessop (2002) formalizó esa idea con el concepto de selectividad estratégica: las instituciones estatales no son igualmente accesibles para todas las fuerzas sociales ni igualmente receptivas a todas las estrategias.

La teoría de la crisis del Estado social formulada en los años setenta por O'Connor (1981), Offe (1990) y Habermas (1975) identificó una tensión entre las funciones de acumulación y de legitimación del Estado. Para sostener la acumulación, el Estado debe garantizar condiciones rentables para el capital; para sostener su legitimidad, debe redistribuir y proteger. Esping-Andersen (1993) añadió que los regímenes de bienestar se diferencian por el grado de desmercantilización que producen, es decir, por la medida en que permiten a las personas vivir con independencia del mercado de trabajo. Streeck (2016) actualizó esta tradición al describir una secuencia histórica en la que el Estado fiscal de posguerra, financiado con impuestos, dio paso a un Estado deudor, financiado con crédito, y luego a un Estado de consolidación, orientado a tranquilizar a los acreedores. En esa secuencia, el Estado responde ante dos públicos: el pueblo de los ciudadanos, que vota periódicamente, y el pueblo del mercado, que presta y evalúa de forma continua.

De estas contribuciones se derivan dos categorías operativas. La selectividad del Estado permite analizar el repliegue del Estado social no como reducción del Estado en general, sino como modificación de sus prioridades y capacidades. La dualidad de públicos permite analizar la deuda como relación política entre ciudadanos y acreedores, y no solo como variable macroeconómica.

2.4 Hegemonía, sentido común y campo de disputa

Gramsci (1981-2000) entendió la hegemonía como la capacidad de una clase o de un bloque social para ejercer dirección intelectual y moral además de dominación, de modo que sus intereses particulares se presenten como interés general. La hegemonía se construye en la sociedad civil, a la que describió como un sistema de trincheras y casamatas que protegen al Estado en los periodos de estabilidad; en ellas se libra una guerra de posición, distinta del asalto frontal. Gramsci describió también la crisis orgánica, situación en la que la clase dirigente pierde consenso y conserva sobre todo la coerción, y la caracterizó con la conocida imagen del interregno en el que lo viejo muere sin que lo nuevo pueda nacer (Gramsci, 1981-2000, Q3, §34).

Laclau y Mouffe (1987) radicalizaron la noción al sostener que las identidades políticas no derivan de manera automática de posiciones estructurales, sino que se constituyen mediante prácticas de articulación que fijan parcialmente el sentido de significantes en disputa. Hall (1979) mostró cómo el thatcherismo construyó un populismo autoritario capaz de enlazar malestares populares con un programa de mercado y de orden. Desde América Latina, Martín-Baró (1998) analizó el fatalismo como interiorización de la dominación, que hace aparecer como natural e inmodificable lo que es producto histórico.

En este artículo, la noción de campo de disputa hegemónica designa el espacio en el que se define qué malestares son nombrables, a quiénes se señala como responsables y qué soluciones aparecen como posibles. La hipótesis es que las plataformas digitales se han convertido en una de las principales trincheras de ese campo, con una particularidad que Gramsci no conoció: la trinchera es propiedad privada de actores que participan en la disputa.

2.5 Modelo analítico: el circuito de reproducción ampliada del poder

Las categorías anteriores se articulan en un modelo representado en la Figura 1. El modelo no postula una causalidad lineal ni un determinismo económico. Se inspira en la distinción entre niveles económico, político e ideológico propia de la teoría del Estado de Poulantzas (1979) y en la noción gramsciana de bloque histórico, según la cual la estructura económica y las formas políticas e ideológicas se condicionan recíprocamente. Cada relación del circuito se formula como hipótesis de condicionamiento sujeta a contrastación con la evidencia disponible.

Figura 1

Circuito de reproducción ampliada del poder

Nota. Elaboración propia. Las flechas representan relaciones de condicionamiento formuladas como hipótesis interpretativas, no relaciones causales demostradas. La numeración sigue la secuencia descrita en el apartado 2.5; el recuadro sombreado (6) señala el resultado observable que el apartado 4 contrasta con datos, y el centro indica las tres arenas de la disputa social.

El circuito contiene ocho momentos. La acumulación de riqueza en la cúspide se convierte en poder político y mediático. Ese poder modifica la selectividad del Estado en favor de una fiscalidad menos progresiva, de la austeridad social y de la expansión de funciones coercitivas. La insuficiencia de ingresos públicos y salariales se compensa con endeudamiento público y privado. La deuda transfiere renta hacia los acreedores y disciplina a gobiernos y hogares. La estructura de clases se vuelve más nítida y el malestar se acumula. Ese malestar se procesa en plataformas de propiedad concentrada, donde tiende a desplazarse hacia conflictos culturales o hacia demandas de autoridad. Finalmente, la erosión de los contrapesos democráticos protege las condiciones de la acumulación inicial y reduce la probabilidad de que sea revertida por vías institucionales.

El orden de exposición de los apartados 4 a 9 sigue la lógica del circuito, aunque no su secuencia exacta. Comienza por la estructura de clases porque es el resultado observable que el modelo pretende explicar y el punto donde la afirmación de mayor nitidez puede contrastarse con datos. Continúa con la conversión de la riqueza en poder y con la reconfiguración del Estado, que constituyen las mediaciones políticas e institucionales. Examina luego la deuda, que funciona como bisagra entre el plano fiscal y el plano de clase; aborda después las plataformas, donde se produce la gestión hegemónica del malestar; y termina con la democracia, el régimen político en el que convergen los procesos anteriores. La disputa social no es un eje adicional, sino el nombre del conjunto: un conflicto que se libra en tres arenas —la distribución del producto, el control del Estado y la definición del sentido común— y cuyos resultados no están determinados de antemano.

3. Estrategia metodológica

El artículo adopta la forma de un ensayo analítico basado en investigación documental. La elección responde al tipo de pregunta. Una pregunta sobre la articulación entre procesos de escala global no puede responderse con un único conjunto de datos ni con un diseño experimental, pero sí puede abordarse mediante la reconstrucción teórica de mecanismos y su contrastación con evidencia de fuentes heterogéneas. El procedimiento sigue la lógica de la explicación por mecanismos: para cada relación del modelo se identifica el mecanismo postulado, se reúne la evidencia que lo respalda, la que lo contradice o matiza y la que resulta ambigua, y se evalúa su plausibilidad. Por esa razón, los apartados analíticos comparten una estructura: enuncian una proposición, examinan la evidencia en varias direcciones y cierran con un balance.

El corpus se compone de tres tipos de fuentes. El primero reúne estadísticas e informes institucionales del World Inequality Lab, el Institute of International Finance, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización Internacional del Trabajo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la CEPAL, el Instituto V-Dem, Freedom House, la Corporación Latinobarómetro y el Reuters Institute for the Study of Journalism, así como de organizaciones de la sociedad civil como Oxfam. El segundo comprende literatura académica revisada por pares y obras teóricas de referencia. El tercero incluye documentos primarios de actores —declaraciones del G7, comunicados corporativos— y, para hechos institucionales recientes en El Salvador, cobertura periodística que informa sobre actos legislativos verificables. El periodo de análisis es 2008-2026, con antecedentes cuando la argumentación lo requiere, y los datos corresponden a la información disponible hasta octubre de 2026.

El texto distingue tres niveles de enunciación. Los datos son cifras o hechos atribuidos a una fuente identificada. Las inferencias son conclusiones que se derivan de la combinación de datos, con el razonamiento explícito. Las interpretaciones son lecturas teóricas que la evidencia hace plausibles pero no demuestra; cuando un enunciado pertenece a este nivel, el texto lo señala. La distinción responde a una exigencia de vigilancia epistemológica: en un análisis de escala global, la tentación de convertir coincidencias temporales en relaciones causales es permanente, y la defensa disponible consiste en hacer visible el estatuto de cada afirmación.

El estudio tiene limitaciones que conviene declarar. Las fuentes sobre riqueza emplean metodologías distintas —cuentas nacionales distributivas en el caso del World Inequality Lab, listas de grandes fortunas en el caso de Oxfam— y sus cifras no son estrictamente comparables. Los índices de democracia basados en juicio experto han sido objeto de una controversia metodológica reciente, que se examina en el apartado 9. Algunas cifras de 2026 provienen de comunicados y de la cobertura de prensa de los informes institucionales, y deben cotejarse con los documentos completos. La escala global, por último, oculta variaciones nacionales considerables. Estas limitaciones se contienen mediante la triangulación de fuentes, la atribución explícita de cada cifra y la formulación de las relaciones del modelo como hipótesis y no como leyes.

4. La nitidez de las clases: polarización objetiva y opacidad subjetiva

Este apartado examina la primera proposición del modelo: que la estructura de clases es hoy más nítida en sus cuatro dimensiones. Cada dimensión se evalúa por separado, y el apartado se cierra con la paradoja subjetiva y con un balance explícito de la fórmula «más nítidas que nunca».

4.1 Distancia: la cúspide se separa del resto

El World Inequality Report 2026 estima que el 10 % más rico de la población mundial posee el 75 % de la riqueza personal, mientras la mitad más pobre posee el 2 %. En ingresos, el decil superior recibió en 2025 el 53 % del ingreso global, el 40 % intermedio el 38 % y la mitad inferior el 8 % (Chancel et al., 2025). El 1 % más rico concentra el 37 % de la riqueza mundial, más de dieciocho veces lo que posee la mitad inferior de la humanidad. Para la noción de distancia, sin embargo, el dato más elocuente se encuentra en la cúspide extrema: el 0.001 % más rico, menos de 60 000 personas, posee tres veces más riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, y su participación en la riqueza global pasó de alrededor del 4 % en 1995 a más del 6 % en la actualidad (Chancel et al., 2025).

Las estimaciones basadas en listas de grandes fortunas apuntan en la misma dirección, aunque con una metodología distinta. Según Oxfam Internacional (2026), la riqueza de los milmillonarios aumentó 16.2 % en 2025, un ritmo tres veces superior al promedio de los cinco años previos, acumuló un crecimiento del 81 % desde 2020 y alcanzó un volumen tal que los doce milmillonarios más ricos poseen más que la mitad más pobre de la humanidad. El informe preparado para la presidencia brasileña del G20 estimó que la riqueza de los milmillonarios equivalía al 13 % del producto mundial, frente al 3 % en 1987, y que esas fortunas tributan el equivalente a alrededor del 0.3 % de su valor (Zucman, 2024).

Estos datos deben leerse junto con evidencia que los matiza. La desigualdad entre países se redujo en las últimas décadas por el crecimiento de grandes economías asiáticas, lo que produjo el patrón conocido como curva del elefante: ganancias elevadas para los sectores medios de esas economías y para el 1 % global, y estancamiento para los sectores medios y bajos de los países ricos (Lakner y Milanovic, 2016; Milanovic, 2017). El propio World Inequality Report 2026 registra el desplazamiento de una parte considerable de la población china hacia el tramo intermedio de la distribución mundial (Chancel et al., 2025). En América Latina, la pobreza por ingresos alcanzó en 2024 su nivel más bajo desde que existen datos comparables, el 25.5 % de la población, aunque el 10 % más rico capta el 34.2 % del ingreso total y el 10 % más pobre el 1.7 % (CEPAL, 2025).

La combinación de ambos conjuntos de datos permite una inferencia precisa. La distancia de clase no aumenta porque la base se empobrezca en términos absolutos —en varias regiones ocurre lo contrario—, sino porque la cúspide se aleja del resto a una velocidad mayor que la del crecimiento general. En esta dimensión, la nitidez se produce por arriba. La consecuencia analítica es que el indicador pertinente para observar la polarización de clase no es la tasa de pobreza, que puede descender, sino la participación de la cúspide extrema en la riqueza y su ritmo de crecimiento relativo. Un análisis centrado solo en la pobreza puede registrar mejoras reales y, al mismo tiempo, pasar por alto el proceso que reorganiza la estructura.

4.2 Cierre: herencia, renta y retroceso del trabajo

La segunda dimensión remite a la reproducción intergeneracional de las posiciones. Piketty (2014) mostró que, cuando la tasa de rendimiento del capital supera de forma sostenida la tasa de crecimiento de la economía, el patrimonio heredado tiende a pesar más que el ingreso del trabajo en la determinación de las posiciones sociales. Savage (2021) llevó esa intuición a la sociología: la desigualdad contemporánea se explica cada vez más por la acumulación de ventajas a lo largo del tiempo, por el peso del pasado, y menos por las diferencias de remuneración en el presente. Corak (2013) documentó que los países con mayor desigualdad de ingresos presentan menor movilidad intergeneracional, relación conocida como curva del Gran Gatsby. La CEPAL organizó su Panorama Social de 2025 en torno a la trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social que caracteriza a la región (CEPAL, 2025).

El cierre se refuerza por la transformación de la base de acumulación. Christophers (2020) describió el capitalismo contemporáneo como un capitalismo rentista, en el que una proporción creciente de los ingresos proviene del control de activos escasos —tierra, propiedad intelectual, plataformas, infraestructuras, recursos naturales— antes que de la producción competitiva. La renta favorece la herencia por una razón sencilla: los activos se transmiten, mientras que las calificaciones laborales deben adquirirse de nuevo en cada generación.

Del lado del trabajo, la OIT estima que la participación de los ingresos laborales en el ingreso mundial cayó 0.6 puntos porcentuales entre 2019 y 2022 y se mantuvo estancada desde entonces, lo que prolonga un descenso de largo plazo; si se hubiera conservado el nivel de 2004, los ingresos laborales habrían sido 2.4 billones de dólares mayores solo en 2024 (OIT, 2024a). Karabarbounis y Neiman (2014) habían documentado una tendencia global descendente de la participación laboral desde la década de 1980, asociada al abaratamiento relativo de los bienes de capital. La precariedad de las inserciones laborales, que Standing (2013) conceptualizó como la formación de un precariado, añade al cierre una dimensión de inseguridad: no solo disminuye la porción del producto que va al trabajo, sino la estabilidad de las posiciones de quienes viven de él.

El cierre combina, así, dos movimientos. En la cúspide, los activos heredados rinden más de lo que crece la economía; en la base, el trabajo recibe una porción decreciente del producto y en condiciones más inestables. La frontera entre quienes viven principalmente de la propiedad y quienes viven de su trabajo, que la sociología de la segunda mitad del siglo XX había visto difuminarse con la expansión de las clases medias asalariadas, recupera centralidad analítica. No se trata de un regreso a la estructura del siglo XIX, sino de una recomposición en la que las clases medias profesionales quedan en lo que Wright (2015) llamaría una posición contradictoria: con ingresos superiores a la media, pero con patrimonios dependientes de la vivienda y del crédito, y con escasa capacidad de transmitir ventajas que no sean educativas.

4.3 Visibilidad: la distinción en la era de la exhibición

La tercera dimensión es la menos cuantificable y la que exige mayor prudencia. Bourdieu (1988) mostró que las clases se reconocen por sus estilos de vida y que el gusto funciona como un sistema de clasificación que clasifica también a quien clasifica. Therborn (2015) distinguió tres formas de desigualdad —vital, existencial y de recursos— y subrayó que la desigualdad existencial, la que niega reconocimiento y dignidad, es tan real como la de recursos. En una sociedad organizada por plataformas, los estilos de vida de la cúspide circulan con una exposición inédita y se convierten en contenido. Que esa exposición aumente la visibilidad percibida de las diferencias de clase es una interpretación plausible, no un dato medido en este estudio, y requiere investigación empírica específica.

Lo que sí está documentado es que una parte creciente de la población accede a la información y a las representaciones del mundo social a través de plataformas. En 2026, el 54 % de las personas encuestadas en 48 mercados utilizó redes sociales o plataformas de video para informarse, por encima de quienes acudieron a los sitios y aplicaciones de los medios (51 %) y, por primera vez, también de la televisión; el 77 % consume video informativo en línea cada semana (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2026). La visibilidad, por tanto, está mediada por los mismos dispositivos que se analizan en el apartado 8.

La visibilidad tiene un efecto ambivalente. Puede alimentar la percepción de injusticia, pero también la aspiración y la identificación con la cúspide, en la medida en que el éxito aparece como resultado del mérito individual, del talento o de la audacia empresarial. La distinción opera a la vez como frontera y como promesa, y esa doble función ayuda a explicar por qué una mayor exposición de la desigualdad no se traduce de manera automática en rechazo de la desigualdad.

4.4 Traducción política: la frontera de clase como frontera de decisión

La cuarta dimensión anticipa el apartado siguiente y se enuncia aquí como dato de estructura. Oxfam Internacional (2026) estima que los milmillonarios tienen 4000 veces más probabilidades que el resto de la población de ocupar un cargo político. En términos de la noción de nitidez, el dato indica que la frontera de clase no separa solo niveles de vida, sino también el acceso a la decisión pública. Cuando la posición económica se convierte sin mediaciones en posición de gobierno, la clase deja de ser una categoría analítica del observador y se vuelve un hecho institucional visible.

4.5 La paradoja: nitidez objetiva, opacidad subjetiva

Si las cuatro dimensiones apuntan a una estructura más definida, cabría esperar una politización de clase igualmente definida. No ocurre así de manera general. La interpretación que aquí se propone es que entre la posición objetiva y la identidad política media un trabajo de articulación, en el sentido de Laclau y Mouffe (1987), y que ese trabajo se realiza hoy en condiciones que favorecen la desarticulación del antagonismo de clase. Tres mecanismos lo hacen plausible. El primero es la fragmentación de las experiencias laborales, que dificulta el reconocimiento de intereses comunes entre trabajadores formales, informales, de plataformas y por cuenta propia (Standing, 2013). El segundo es la legitimación meritocrática y empresarial de la desigualdad, que traduce posiciones heredadas en méritos individuales y convierte a cada persona en empresaria de sí misma (Dardot y Laval, 2013; Piketty, 2019). El tercero, que se desarrolla en el apartado 8, es la organización algorítmica de la atención, que recompensa contenidos de alta carga afectiva y tiende a canalizar el malestar hacia antagonismos identitarios.

La tensión entre ambos planos tiene un antecedente en la reflexión latinoamericana. Martín-Baró (1998) mostró que el fatalismo no es un rasgo cultural de los pobres, sino una forma de adaptación a condiciones de dominación que parecen inmodificables. La opacidad subjetiva de las clases puede entenderse, en parte, como una versión contemporánea de ese mecanismo: la desigualdad se percibe, pero se vive como paisaje y no como relación. La diferencia con el fatalismo descrito por Martín-Baró es que hoy la naturalización no descansa solo en la experiencia de la impotencia, sino también en una oferta permanente de explicaciones alternativas del malestar.

4.6 Balance: ¿más nítidas que nunca?

La fórmula que da título a este apartado requiere un balance explícito. La evidencia sostiene que las clases son hoy más nítidas que en cualquier momento desde la segunda posguerra en dos dimensiones: la distancia en la cúspide y la traducción política. La participación del 0.001 % superior en la riqueza mundial crece de forma sostenida desde 1995 (Chancel et al., 2025), y la conversión directa de riqueza en cargos públicos, propiedad mediática y control de infraestructuras comunicativas carece de equivalente en la historia reciente de las democracias.

En cambio, la afirmación no se sostiene en términos absolutos para todas las dimensiones ni para todas las épocas. La reconstrucción histórica de Piketty (2014) muestra que en varias sociedades europeas la concentración del patrimonio en el decil superior era mayor en vísperas de la Primera Guerra Mundial que en la actualidad, y el World Inequality Report 2026 indica que el decil superior ha captado de forma persistente más de la mitad del ingreso mundial desde 1820 (Chancel et al., 2025). La desigualdad entre países, además, se redujo. La formulación precisa es, por tanto, otra: la estructura de clases es más nítida que en cualquier momento de la memoria de las generaciones vivas, alcanza registros sin precedente en la cúspide extrema y en la traducción política de la riqueza, y su traducción en identidades colectivas es más difusa que en el siglo XX. Esa formulación es menos espectacular que la original, pero resiste mejor la contrastación.

5. De la acumulación de riqueza a la acumulación de poder

La segunda proposición sostiene que la riqueza concentrada se convierte en poder político con una mediación institucional cada vez menor. El apartado examina tres vías de conversión —la influencia sobre las decisiones públicas, la propiedad de medios y plataformas y el ejercicio directo de cargos— y un proceso paralelo que las acompaña: la concentración del poder en el Ejecutivo.

5.1 Oligarquía y desigualdad de influencia

La literatura empírica sobre la relación entre desigualdad económica y desigualdad política se desarrolló con mayor intensidad en Estados Unidos. Bartels (2008) mostró que el comportamiento de los senadores respondía a las preferencias de los electores de ingresos altos y apenas a las de los de ingresos bajos. Gilens y Page (2014), con datos sobre 1779 cuestiones de política pública, concluyeron que las élites económicas y los grupos organizados de interés empresarial tienen un impacto independiente considerable sobre las decisiones, mientras que el ciudadano promedio tiene poca o ninguna influencia independiente. Hacker y Pierson (2010) explicaron la concentración del ingreso en la cúspide como resultado de decisiones políticas sostenidas en materia tributaria, financiera y laboral, y no de fuerzas impersonales del mercado. Winters (2011) generalizó el argumento: en toda sociedad con concentración extrema de recursos, la defensa de la riqueza constituye una forma específica de poder que puede operar con o sin democracia formal.

Los mecanismos de esa influencia incluyen el financiamiento de campañas, el cabildeo, la circulación de personal entre empresas y organismos reguladores y el control de los marcos de discusión mediante centros de pensamiento y medios. En contextos de institucionalidad débil, la literatura del Banco Mundial describió una forma más radical: la captura del Estado, en la que empresas o grupos moldean las reglas mismas del juego mediante pagos o vínculos con funcionarios (Hellman et al., 2000). La diferencia entre influencia y captura es de grado, pero el resultado converge: la regla se diseña desde la posición de quien será regulado.

5.2 Propiedad de medios y control de plataformas

La segunda vía de conversión es la propiedad de los medios de producción de sentido. Oxfam Internacional (2026) señala que más de la mitad de las mayores empresas de medios del mundo tienen propietarios milmillonarios y que nueve de las diez principales empresas de redes sociales están dirigidas por seis milmillonarios. La concentración no es solo patrimonial. Srnicek (2018) explicó que las plataformas se sitúan como intermediarias entre usuarios, anunciantes y productores, extraen datos de esa intermediación y tienden al monopolio por efectos de red. Zuboff (2020) describió la apropiación de la experiencia humana como materia prima para la predicción y la modificación de conductas, y Couldry y Mejias (2019) interpretaron ese proceso como una forma de colonialismo de datos. Desde perspectivas distintas, Durand (2021) y Varoufakis (2024) sostuvieron que el control de las plataformas produce rentas más parecidas a la extracción señorial que a la ganancia competitiva; la tesis del tecnofeudalismo es discutida, pero resulta útil para pensar la fusión entre poder económico y poder de intermediación.

Lo que distingue la situación actual es que los propietarios de estas infraestructuras actúan como actores políticos explícitos. El 7 de enero de 2025, Meta anunció el fin de su programa de verificación de datos por terceros en Estados Unidos y su sustitución por un sistema de notas comunitarias semejante al de X (Kaplan, 2025); el director ejecutivo de la empresa vinculó públicamente la decisión con el giro cultural que, a su juicio, expresaban las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 (Associated Press, 2025). El episodio interesa menos por su contenido que por lo que revela: la gobernanza de la conversación pública de miles de millones de personas se ajusta a los cambios en la correlación de fuerzas políticas por decisión de una empresa privada, sin deliberación pública ni mecanismo de rendición de cuentas.

5.3 Del cabildeo al gabinete: la traducción directa

La tercera vía, la ocupación directa de cargos, es la más visible. Oxfam Internacional (2026) documenta la presencia de varios milmillonarios en el gobierno de Estados Unidos durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump y estima, como se indicó, que la probabilidad de que un milmillonario ocupe un cargo político es 4000 veces mayor que la de una persona común. La entrada directa reduce el costo de la conversión: ya no es necesario financiar a un intermediario cuando se puede ocupar la posición de decisión. En términos de la tipología de Winters (2011), el movimiento puede interpretarse como un desplazamiento desde la oligarquía civil —en la que los grandes propietarios confían la protección de su riqueza a instituciones impersonales y a una industria profesional de defensa del ingreso— hacia formas en las que los oligarcas intervienen personalmente en el gobierno. La interpretación es tentativa y requiere estudios de caso que exceden los límites de este artículo.

La traducción directa tiene efectos que trascienden el plano nacional. Oxfam Internacional (2026) atribuye a las políticas de desregulación y al debilitamiento de los acuerdos para aumentar la tributación de las empresas un papel en el crecimiento reciente de las grandes fortunas. Un ejemplo de ese debilitamiento, que se analiza en el apartado siguiente, es el entendimiento alcanzado por el G7 en junio de 2025 para excluir a los grupos multinacionales con matriz estadounidense de las reglas principales del impuesto mínimo global (G7, 2025). La conversión de riqueza en poder se expresa, así, en el diseño de reglas internacionales que afectan la capacidad fiscal de todos los Estados.

5.4 La concentración del poder ejecutivo

La acumulación de poder no se limita a la conversión de la riqueza. Tiene también una dimensión institucional: la concentración de facultades en el Poder Ejecutivo a expensas de los contrapesos. Bermeo (2016) identificó el engrandecimiento del Ejecutivo como la forma predominante del retroceso democrático contemporáneo: gobiernos electos que debilitan gradualmente los controles sobre su poder mediante instrumentos legales. Scheppele (2018) denominó legalismo autocrático a la estrategia de usar mayorías electorales para reformar constituciones y leyes de modo que el poder concentrado quede blindado por la propia legalidad. El informe de V-Dem de 2026 describe el segundo mandato de Trump como una concentración rápida y agresiva de poderes en la presidencia y registra que las restricciones legislativas sobre el Ejecutivo perdieron un tercio de su valor en 2025 (Nord et al., 2026).

La concentración del Ejecutivo no es patrimonio de una orientación ideológica. El mismo informe califica a México como un caso infrecuente de autocratización impulsada desde la izquierda, describe la autocratización argentina bajo un gobierno populista libertario de extrema derecha, la de la India bajo un partido nacionalista hindú, y caracteriza a El Salvador y Nicaragua como autocracias electorales encabezadas por liderazgos personalistas (Nord et al., 2026). La convergencia de trayectorias ideológicamente distintas sugiere que la concentración del Ejecutivo responde a condiciones estructurales compartidas antes que a un programa doctrinal. Este artículo sostiene, como interpretación, que entre esas condiciones se encuentran la pérdida de capacidad redistributiva del Estado y la crisis de mediación de los partidos, que convierten la promesa de un liderazgo fuerte en sustituto de la promesa de bienestar.

5.5 Balance

La evidencia respalda la proposición en tres planos. La desigualdad de influencia está documentada por una literatura empírica consolidada; la concentración de la propiedad de medios y plataformas está cuantificada por fuentes independientes; y la ocupación directa de cargos por grandes fortunas es observable. Lo que la evidencia no permite afirmar es que exista una estrategia coordinada de la cúspide. Las fracciones de las élites compiten entre sí —financieras frente a industriales, tecnológicas frente a extractivas, orientadas al mercado global frente a orientadas al mercado interno— y esas fracturas forman parte de la disputa. La acumulación de poder es una tendencia estructural, no una conspiración, y precisamente por eso no requiere coordinación para producir efectos convergentes.

6. El repliegue del Estado social: no menos Estado, otro Estado

La tercera proposición sostiene que el poder acumulado modifica la selectividad del Estado. La formulación habitual —la pérdida del Estado de bienestar— requiere precisión, porque la evidencia agregada no muestra una disminución general de la protección social. Lo que muestra es una recomposición de las capacidades estatales. Harvey (2007) interpretó el neoliberalismo como un proyecto de restauración del poder de clase en el que el Estado abandona su papel de mediador de compromisos distributivos para garantizar los derechos de propiedad y las condiciones de la acumulación. Este apartado examina esa recomposición en cuatro planos: la protección social, la base fiscal, la austeridad y las funciones coercitivas.

6.1 Lo que los datos agregados no muestran

Según la OIT, por primera vez más de la mitad de la población mundial, el 52.4 %, estaba cubierta en 2023 por al menos una prestación de protección social, frente al 42.8 % en 2015 (OIT, 2024b). En América Latina, el gasto social del gobierno central alcanzó el 11.6 % del PIB en 2024, un nivel similar al de 2023 (CEPAL, 2025). Pierson (1994) ya había mostrado que, en los países centrales, el desmantelamiento frontal del Estado de bienestar resultaba políticamente costoso, de modo que el repliegue tendía a adoptar formas graduales e indirectas.

Estos datos impiden sostener que el Estado social haya desaparecido. Pero la cobertura agregada no informa sobre tres aspectos decisivos: la suficiencia de las prestaciones, su carácter universal o focalizado y la distribución de los costos de su financiamiento. La misma fuente advierte que 3800 millones de personas siguen sin protección alguna, que la cobertura en los países de ingreso bajo permanece en 9.7 % y que, al ritmo actual, la cobertura universal mínima no se alcanzaría antes de 2073; los países de ingreso alto destinan en promedio el 16.2 % del PIB a protección social, sin incluir salud, frente al 0.8 % de los de ingreso bajo (OIT, 2024b). La lectura que aquí se propone es que la expansión ha sido sobre todo extensiva y residual: más personas con alguna prestación, a menudo focalizada y de monto reducido, sin que ello implique mayor desmercantilización en el sentido de Esping-Andersen (1993).

6.2 La erosión de la base fiscal

El repliegue se observa con mayor claridad del lado de los ingresos. La tasa legal combinada promedio del impuesto sobre la renta de sociedades en las jurisdicciones del Marco Inclusivo de la OCDE descendió del 28.0 % en 2000 al 21.7 % en 2019 y se mantuvo estable desde entonces, con un 21.2 % en 2025; en ese periodo, 114 jurisdicciones redujeron su tasa, 15 la mantuvieron y 16 la aumentaron (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2025). El dato debe leerse con un matiz: la recaudación del impuesto de sociedades como proporción de la recaudación total aumentó en 2022, de 15.9 % a 17.8 % en promedio, lo que indica que la reducción de tasas coexistió con un aumento de los beneficios gravados (OCDE, 2025). La cuestión distributiva no se reduce, por tanto, a cuánto se recauda; incluye qué proporción de los beneficios y de la riqueza tributa efectivamente.

En el caso de la riqueza extrema, el informe de Zucman (2024) estimó que los milmillonarios pagan impuestos equivalentes a alrededor del 0.3 % de su patrimonio y que un impuesto mínimo coordinado del 2 % sobre unas 3000 personas recaudaría entre 200 000 y 250 000 millones de dólares anuales. Saez y Zucman (2021) mostraron que en Estados Unidos la tasa impositiva efectiva total de los cuatrocientos hogares más ricos llegó a ser inferior a la de la mitad más pobre de la población. Zucman (2015) estimó la magnitud de la riqueza financiera mantenida en paraísos fiscales y su efecto sobre la capacidad recaudatoria de los Estados.

La cooperación internacional para limitar la competencia fiscal avanzó en 2021 con el acuerdo sobre un impuesto mínimo global del 15 % para grandes grupos multinacionales, pero retrocedió en junio de 2025, cuando el G7 acordó avanzar hacia un sistema «paralelo» que excluiría por completo a los grupos con matriz estadounidense de las reglas de inclusión de rentas y de beneficios insuficientemente gravados, respecto de sus beneficios nacionales y extranjeros, en reconocimiento de los regímenes mínimos de Estados Unidos (G7, 2025). La propuesta de un impuesto mínimo a los milmillonarios, impulsada por la presidencia brasileña del G20 en 2024, encontró la oposición de Estados Unidos y Alemania en la reunión de ministros de finanzas de ese año (International Consortium of Investigative Journalists [ICIJ], 2024). Ambos episodios ilustran la noción de selectividad estratégica (Jessop, 2002): el Estado no carece de instrumentos para gravar la riqueza; sus instituciones y la correlación de fuerzas que las atraviesa hacen improbable que los use.

6.3 La austeridad como política de Estado

El tercer componente del repliegue es la austeridad. Blyth (2014) reconstruyó la historia intelectual de la idea según la cual la reducción del gasto público restaura la confianza y el crecimiento, y mostró su escaso respaldo empírico tanto en las crisis del siglo XX como en la eurozona después de 2010. Ortiz y Cummins (2022), a partir de las proyecciones fiscales del FMI para 189 países y de 267 informes de ese organismo, estimaron que 143 países, 94 de ellos en desarrollo, aplicaban medidas que reducían la capacidad de los gobiernos para proveer educación, salud y protección social, y que hasta 2025 alrededor del 75 % de la población mundial podría vivir bajo esas condiciones. Entre las medidas más frecuentes identificaron la reducción o el congelamiento de la masa salarial pública, la eliminación de subsidios, las privatizaciones, las reformas de pensiones, la flexibilización laboral y el aumento de impuestos indirectos al consumo.

La recomendación oficial mantiene esa orientación. El Monitor Fiscal del FMI de abril de 2026 sostiene que se requiere con urgencia un ajuste fiscal creíble y bien secuenciado en todos los grupos de países, en un contexto de deuda pública mundial cercana al 94 % del PIB y de presiones de gasto en necesidades sociales, defensa y autonomía estratégica (Fondo Monetario Internacional [FMI], 2026). La tensión es explícita: las mismas instituciones que reconocen las presiones sociales recomiendan ajustes que, en ausencia de reformas tributarias progresivas, tienden a recaer sobre el gasto.

6.4 Del Estado social al Estado penal y securitario

El repliegue de la función protectora coexiste con la expansión de la función coercitiva. Wacquant (2010) describió, a partir del caso estadounidense, la sustitución del tratamiento social de la pobreza por su tratamiento penal: menos asistencia y más encarcelamiento para gestionar las consecuencias de la inseguridad social. En América Latina, donde la violencia criminal es un problema de primer orden para amplios sectores de la población, las políticas de mano dura han ganado legitimidad electoral en varios países.

El Salvador ofrece el caso más extremo de la región. El régimen de excepción aprobado el 27 de marzo de 2022, tras un fin de semana en el que fueron asesinadas más de ochenta personas, suspende garantías como el derecho de defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones y amplía la detención administrativa a quince días; según los datos oficiales recogidos en los decretos de prórroga, bajo su vigencia se habían producido más de 91 300 detenciones a comienzos de 2026 (El Heraldo, 2026). La Asamblea Legislativa lo ha prorrogado de forma consecutiva; en mayo de 2026 aprobó la prórroga número 51 (El Diario de Hoy, 2026). El Gobierno atribuye a la medida la reducción de los homicidios, mientras la cobertura periodística recoge unas 6400 denuncias de violaciones de derechos humanos y estimaciones de más de quinientas muertes bajo custodia estatal (Revista Summa, 2026).

La relación con el argumento general es la siguiente. La securitización no se opone al repliegue del Estado social: lo complementa. Un Estado con baja capacidad redistributiva y alta capacidad coercitiva puede producir resultados de seguridad que generan legitimidad, y esa legitimidad puede convertirse en recurso para concentrar poder institucional, como se examina en el apartado 9. La interpretación no implica desconocer el valor que la reducción de la violencia tiene para la población que la padecía, sino situarla en la recomposición más amplia de las funciones estatales.

6.5 Balance

La proposición se sostiene si se formula con precisión. No hay evidencia de una retirada general del Estado; hay evidencia de una modificación de su selectividad: menor progresividad tributaria en la cúspide, persistencia de la austeridad como recomendación de política, expansión de una protección social residual y focalizada, y crecimiento de las funciones de seguridad. La fórmula que resume el hallazgo es que el Estado se repliega como garante de derechos sociales universales mientras se expande como administrador de la escasez y como aparato de orden. Esa recomposición deja un vacío de financiamiento que, como se muestra a continuación, se cubre con deuda.

7. La deuda como relación social de dominación

La cuarta proposición sostiene que la deuda ocupa el lugar de la redistribución y funciona como bisagra entre la reconfiguración del Estado y la estructura de clases. El apartado examina primero las magnitudes, luego la pertinencia del término crisis y, por último, los mecanismos por los cuales la deuda produce dominación.

7.1 Magnitudes de un mundo endeudado

La deuda global, que incluye la de gobiernos, empresas no financieras, hogares y sector financiero, superó los 350 billones de dólares a comienzos de 2026, equivalentes a cerca del 305 % del producto mundial, frente a unos 130 billones y el 240 % en 2005 (IIF, 2026b). En el primer semestre de 2026 aumentó en más de 10 billones y superó los 365 billones; la deuda de las economías emergentes rebasó los 110 billones (IIF, 2026a). Según la misma fuente, las economías avanzadas pagaron en el último año más de 3.3 billones de dólares en intereses sobre bonos soberanos negociados internacionalmente, una cifra superior al gasto mundial estimado en defensa.

La deuda pública mundial llegó a cerca del 94 % del PIB en 2025 y, según el FMI, alcanzaría el 100 % en 2029, un año antes de lo proyectado en 2025 y en niveles que solo se observaron en la segunda posguerra; los pagos de intereses pasaron de alrededor del 2 % a casi el 3 % del producto mundial en cuatro años (FMI, 2026). La UNCTAD estimó la deuda pública mundial en 102 billones de dólares en 2024, de los cuales 31 billones corresponden a países en desarrollo, cuya deuda pública creció desde 2010 al doble de velocidad que la de las economías desarrolladas. Esos países pagaron 921 000 millones de dólares en intereses netos en 2024; un récord de 61 países destinó al menos el 10 % de sus ingresos públicos al pago de intereses, y 3400 millones de personas viven en países que gastan más en intereses que en salud o en educación (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo [UNCTAD], 2025).

7.2 ¿Crisis de deuda? Crisis aguda y crisis crónica

El término crisis de deuda mundial requiere una distinción. No existe en 2026 una crisis aguda de impagos generalizados comparable a la latinoamericana de 1982 o a la de la eurozona después de 2010; el propio IIF señala que las condiciones de financiamiento de los mercados emergentes siguen siendo favorables, pese a que enfrentan vencimientos récord (IIF, 2026a). Reinhart y Rogoff (2011) mostraron que las crisis de deuda han sido recurrentes durante ocho siglos y que suelen desencadenarse cuando un endeudamiento elevado se combina con choques externos. El Banco Mundial identificó cuatro olas de acumulación de deuda desde 1970 y caracterizó la más reciente, iniciada en 2010, como la mayor, la más rápida y la más extendida (Kose et al., 2021). Tooze (2018) reconstruyó cómo la respuesta a la crisis de 2008 trasladó a los balances públicos y a los bancos centrales riesgos generados en el sector financiero privado.

Lo que sí existe es una crisis crónica, cuya forma no es el colapso sino la erosión. Su manifestación es el desplazamiento silencioso del gasto: cada punto del presupuesto destinado al servicio de la deuda deja de estar disponible para salud, educación o inversión. La crisis crónica es políticamente menos visible que la aguda, porque no produce un acontecimiento sino una condición, y por eso mismo es más difícil de disputar. Cuando 3400 millones de personas viven en países que gastan más en intereses que en salud o en educación, la deuda deja de ser un problema técnico de sostenibilidad y se convierte en un criterio de asignación de recursos sociales.

7.3 Del Estado fiscal al Estado deudor

Streeck (2016) interpretó el endeudamiento de las democracias capitalistas desde la década de 1970 como una sucesión de técnicas para comprar tiempo, es decir, para aplazar el conflicto entre las demandas de justicia social de las mayorías y las exigencias de rentabilidad del capital. Primero fue la inflación, luego el endeudamiento público, después el endeudamiento privado de los hogares y, finalmente, la expansión monetaria de los bancos centrales. En cada fase, la redistribución que no se realizaba mediante impuestos se sustituyó por crédito. Krippner (2011) llegó a una conclusión convergente desde otro ángulo: la financiarización de la economía estadounidense no fue el resultado de un plan, sino la consecuencia no buscada de los intentos estatales por eludir los conflictos distributivos de los años setenta, al trasladar al mercado financiero decisiones de asignación que antes exigían definiciones políticas.

El Estado deudor resultante responde ante dos públicos: el pueblo del Estado, que tiene derechos ciudadanos y vota periódicamente, y el pueblo del mercado, que tiene derechos contractuales y evalúa de forma continua la solvencia del deudor mediante las tasas de interés (Streeck, 2016). La consecuencia política es una asimetría. Las demandas ciudadanas se expresan en ciclos electorales y pueden ser postergadas; las de los acreedores se expresan en tiempo real y tienen sanción inmediata. Cuando el servicio de la deuda absorbe una proporción creciente del presupuesto, la competencia electoral se libra sobre un margen cada vez más estrecho. Mair (2013) describió ese vaciamiento como la conversión de los partidos en agentes de gobierno que responden más a restricciones externas que a sus electores. La deuda, en esta lectura, opera como mecanismo de despolitización: retira decisiones distributivas del ámbito de la deliberación y las somete a la disciplina de los mercados.

7.4 Deuda y clase: quién paga y quién cobra

La deuda pública es una relación entre contribuyentes y tenedores de títulos. Dado que la propiedad de activos financieros está altamente concentrada —el decil superior posee el 75 % de la riqueza personal mundial (Chancel et al., 2025)—, es razonable inferir que una parte desproporcionada de los intereses de la deuda pública fluye hacia los hogares de la cúspide, directamente o a través de fondos de inversión, aseguradoras y bancos. La inferencia es consistente con la estructura de la propiedad, pero su magnitud no puede establecerse sin datos sobre la distribución de la tenencia de deuda por estrato social, que la mayoría de los países no publica. Se trata de un vacío de investigación que las conclusiones retoman.

En la periferia, la relación adquiere una dimensión geopolítica. Desde 2020, los países en desarrollo se endeudan a tasas entre dos y cuatro veces superiores a las de Estados Unidos (UNCTAD, 2025). Hinkelammert (1988) describió, para la crisis latinoamericana de los años ochenta, un automatismo de la deuda: cuando la tasa de interés supera la capacidad de pago, la deuda crece por sí misma y su servicio se convierte en una transferencia permanente de excedente desde la periferia hacia los centros financieros, con independencia de la voluntad de los actores. El fenómeno contemporáneo no reproduce exactamente aquellas condiciones, pero el mecanismo de transferencia es reconocible.

La deuda de los hogares completa el cuadro. Crouch (2009) denominó keynesianismo privatizado al régimen en el que la demanda agregada se sostuvo mediante el endeudamiento de los hogares, en especial el hipotecario, en lugar del gasto público; ese régimen colapsó en 2008. Lazzarato (2013) sostuvo que la deuda no es solo una relación económica, sino una técnica de producción de subjetividad: el deudor debe gobernarse a sí mismo para honrar su promesa, y esa autodisciplina sustituye parcialmente a la disciplina del trabajo. Graeber (2012) mostró que la deuda ha sido históricamente un lenguaje moral que convierte relaciones de poder en obligaciones personales. Desde este ángulo, la deuda conecta la estructura de clases con la subjetividad: quien está endeudado tiene más razones para la prudencia que para la disputa.

7.5 Balance: la deuda como bisagra

La deuda articula los procesos analizados en los apartados anteriores. Sustituye a la redistribución que un Estado con base fiscal erosionada ya no realiza; transfiere renta hacia quienes poseen activos y refuerza así la distancia de clase; restringe el margen de la política democrática y alimenta la percepción de que votar no cambia nada; y produce sujetos disciplinados por la obligación de pagar. La tesis no es que la deuda cause por sí sola esos efectos, sino que es el mecanismo que permite que una estructura de alta concentración se reproduzca sin requerir una legitimación abierta de la desigualdad. Por eso puede llamarse bisagra: une el plano económico, el político y el subjetivo.

8. Las plataformas digitales como campo de disputa hegemónica

La quinta proposición sostiene que las plataformas se han convertido en una trinchera central de la disputa por el sentido común, con la particularidad de que su propiedad está concentrada en actores que participan de esa disputa. El apartado examina el desplazamiento de la esfera pública, la economía política de la atención, la evidencia empírica sobre los efectos de las plataformas y el desplazamiento del antagonismo.

8.1 De la esfera pública a la infraestructura privada

Habermas (1981) reconstruyó la formación de una esfera pública burguesa en la que personas privadas discutían asuntos comunes, y su posterior transformación por los medios de masas y la publicidad. En una revisión tardía, sostuvo que las plataformas digitales producen un nuevo cambio estructural: disuelven los filtros editoriales que regulaban el acceso a la discusión pública y fragmentan los públicos sin crear instancias de validación compartidas (Habermas, 2023). Castells (2009) había anticipado que en la sociedad red el poder se ejerce principalmente mediante la construcción de significados en la mente de las personas a través de redes de comunicación.

La magnitud del desplazamiento es documentable. El Digital News Report 2026, basado en encuestas a casi cien mil personas en 48 mercados, registra que por primera vez las redes sociales y las plataformas de video son, en promedio, una fuente de noticias más utilizada que la televisión y que los sitios y aplicaciones de los propios medios; el 54 % las usa con ese fin, el 77 % consume video informativo en línea cada semana y el crecimiento de ese consumo ocurre en plataformas de terceros. El informe registra también el uso emergente de asistentes de inteligencia artificial como intermediarios informativos, que alcanza al 16 % de las personas menores de 35 años (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2026).

En términos gramscianos, el dato indica que una parte creciente de las trincheras de la sociedad civil ha migrado a infraestructuras que no pertenecen ni al Estado ni a las organizaciones sociales, sino a un número reducido de corporaciones. La escuela, la iglesia, el sindicato, el partido y el periódico siguen existiendo, pero comparten —y en ciertos públicos ceden— la función de producir sentido común con sistemas de recomendación cuyo criterio de selección es la maximización de la atención.

8.2 Economía política de la atención

Wu (2016) reconstruyó la historia de las industrias que venden atención humana a los anunciantes y mostró que su lógica empuja hacia contenidos capaces de capturarla con mayor eficacia. Zuboff (2020) añadió que el objetivo no es solo capturar atención, sino predecir y modificar conductas. van Dijck et al. (2018) analizaron cómo las plataformas reorganizan sectores enteros —noticias, transporte, educación— conforme a sus propios mecanismos de datificación, mercantilización y selección, desplazando valores públicos. Han (2022) caracterizó el resultado como infocracia, un régimen en el que la información se vuelve un flujo acelerado que dificulta la deliberación y favorece el impacto afectivo sobre el argumento. Bail (2021) sostuvo que las plataformas funcionan como un prisma que distorsiona la percepción de uno mismo y de los otros, sobrerrepresenta a los usuarios más extremos e invisibiliza a los moderados.

La consecuencia para la disputa hegemónica es que el criterio que organiza la visibilidad de los contenidos no es neutral respecto de su forma. Da Empoli (2020) describió cómo equipos de comunicación de distintos liderazgos populistas aprendieron a explotar esa lógica y convirtieron la provocación y el conflicto en estrategia sistemática. La afirmación de que las plataformas favorecen ciertos contenidos debe, sin embargo, contrastarse con la evidencia empírica disponible, que es más matizada de lo que suele suponerse.

8.3 Lo que la evidencia sostiene y lo que no

Vosoughi et al. (2018), en un estudio sobre unas 126 000 cascadas de rumores difundidas en Twitter entre 2006 y 2017, encontraron que las noticias falsas se difundían más lejos, más rápido y más ampliamente que las verdaderas, con un efecto más pronunciado en las noticias políticas; la diferencia se debía principalmente a usuarios humanos y no a cuentas automatizadas. Huszár et al. (2022), con datos de un experimento de gran escala de la propia plataforma, mostraron que el algoritmo de recomendación de Twitter amplificaba el contenido político más que la cronología inversa y que, en seis de los siete países estudiados, la derecha política dominante recibía mayor amplificación algorítmica que la izquierda dominante.

Los estudios realizados en colaboración con Meta durante la elección estadounidense de 2020 introducen matices. Guess et al. (2023) encontraron que reemplazar el algoritmo por un orden cronológico durante tres meses redujo el tiempo de uso y modificó la exposición a contenidos, pero no produjo cambios estadísticamente detectables en la polarización ni en las actitudes políticas. Nyhan et al. (2023) observaron que reducir la exposición a fuentes afines tampoco disminuyó la polarización afectiva. González-Bailón et al. (2023) documentaron una segregación ideológica asimétrica: la audiencia conservadora se encontraba más aislada y en ella se concentraba la mayor parte de la desinformación identificada por los verificadores externos.

La lectura conjunta de estos resultados permite una inferencia que modifica el planteamiento habitual. El poder de las plataformas no parece residir principalmente en la persuasión de corto plazo —cambiar actitudes en semanas mediante ajustes del algoritmo—, sino en tres capacidades estructurales: la organización prolongada del entorno de atención, la amplificación diferencial de ciertos actores y formatos, y la propiedad de la infraestructura misma, que permite modificar las reglas de circulación por decisión corporativa. Benkler et al. (2018) llegaron a una conclusión convergente para Estados Unidos: la desinformación no fue el resultado de una tecnología neutral, sino de un ecosistema mediático asimétrico en el que un polo construyó una red de medios y plataformas que se retroalimentaban. La hegemonía no se produce, entonces, mediante mensajes aislados, sino mediante la configuración del ambiente en el que los mensajes adquieren sentido.

8.4 El desplazamiento del antagonismo

Si la estructura de clases es más nítida y el malestar se acumula, la cuestión hegemónica es hacia dónde se dirige ese malestar. Hall (1979) mostró que el populismo autoritario no niega el malestar popular, sino que lo articula con un discurso de orden, nación y responsabilidad individual que identifica enemigos internos. Fraser (2017) explicó el ascenso de Trump en 2016 como respuesta a la crisis de un bloque hegemónico que denominó neoliberalismo progresista, que combinaba políticas económicas favorables a las finanzas con un reconocimiento cultural de la diversidad; la ruptura de ese bloque dejó disponible el malestar para una articulación reaccionaria. Brown (2019) sostuvo que la racionalidad neoliberal, al desacreditar lo social y lo político como ámbitos de acción colectiva, preparó el terreno para formas de política antidemocrática que combinan libertad de mercado, moralidad tradicional y autoridad. Mudde (2019) documentó la normalización de la extrema derecha en las democracias occidentales durante la década de 2010.

El mecanismo de desplazamiento puede describirse así. El malestar que tiene origen en la distancia y el cierre de clase —salarios estancados, vivienda inaccesible, servicios públicos deteriorados, endeudamiento— se nombra en el espacio público con otros vocabularios: la amenaza migratoria, la corrupción de la clase política, las disputas en torno al género, la inseguridad o el comunismo. En América Latina, la reaparición de esta última etiqueta para descalificar demandas redistributivas sugiere que el antagonismo de clase no desaparece del discurso, sino que se invierte: se presenta como amenaza la redistribución, no la concentración. La interpretación que aquí se propone es que la economía de la atención favorece estos desplazamientos porque los antagonismos identitarios generan mayor respuesta afectiva que los distributivos, cuya explicación requiere mediaciones abstractas como el sistema tributario o la estructura de la deuda. La afirmación es una hipótesis que requiere análisis comparado de contenidos, no un hallazgo de este estudio.

Fisher (2016) llamó realismo capitalista a la convicción extendida de que no existe alternativa al orden vigente. En términos gramscianos, esa convicción constituye el logro hegemónico más eficaz, porque no exige adhesión entusiasta, sino resignación. La disputa en las plataformas no se libra únicamente entre proyectos alternativos; se libra también entre la posibilidad de imaginar alternativas y la conversión del malestar en espectáculo.

8.5 Contrahegemonía, límites y balance

Las plataformas no son un terreno clausurado. Tufekci (2017) mostró que permitieron coordinar movilizaciones masivas con una rapidez inédita, pero también que esa facilidad debilitó la construcción de capacidades organizativas, de negociación y de permanencia, que en movimientos anteriores se formaban durante la preparación misma de la protesta. La fragilidad no es técnica sino política: la red permite expresar el desacuerdo, pero no sustituye la organización que convierte el desacuerdo en voluntad colectiva, en el sentido gramsciano. El Digital News Report 2026 dedica atención específica al peso creciente de creadores e influenciadores en el consumo informativo (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2026), lo que indica que la disputa se libra cada vez más entre personas con audiencias propias y no entre instituciones, y favorece a quienes cuentan con recursos para profesionalizar su presencia.

El balance de este apartado es doble. Las plataformas son un campo de disputa porque en ellas se definen los marcos de interpretación del malestar; y son un campo asimétrico porque sus reglas las fijan actores con intereses en el resultado. La propiedad privada de la trinchera constituye una novedad histórica para la teoría de la hegemonía y obliga a pensar la disputa por el sentido común también como disputa por la regulación de la infraestructura.

9. La amenaza a la democracia como síntesis de los procesos

La sexta proposición sostiene que la erosión democrática es el punto en el que convergen los procesos anteriores. El apartado presenta el diagnóstico empírico y su controversia metodológica, examina los mecanismos de la autocratización, discute la noción de posdemocracia y analiza el autoritarismo con consentimiento a partir del caso salvadoreño.

9.1 Diagnóstico: una gran reversión

El informe de V-Dem de 2026 registra, al cierre de 2025, 92 autocracias y 87 democracias. El 74 % de la población mundial vive en autocracias, solo el 7 % en democracias liberales, y hay más personas en autocracias cerradas (28 %) que en democracias electorales y liberales sumadas (26 %). Para el ciudadano promedio, el nivel de democracia ha regresado al de 1978, lo que borra casi por completo los avances de la tercera ola de democratización. Un récord del 41 % de la población mundial reside en los 44 países en proceso de autocratización, mientras solo el 5 % vive en los 18 que se democratizan. La libertad de expresión es el componente más afectado, con deterioro en 44 países, y la censura de medios es la táctica más frecuente entre los gobiernos que autocratizan (Nord et al., 2026).

Freedom House coincide en la dirección: la libertad global declinó por vigésimo año consecutivo en 2025, con 54 países que retrocedieron y 35 que mejoraron, y entre los mayores descensos anuales figuran Guinea-Bisáu, Tanzania, Burkina Faso, Madagascar y El Salvador (Freedom House, 2026). En América Latina, el informe de Latinobarómetro de 2024 registró un aumento de cuatro puntos en el apoyo a la democracia, hasta el 52 %, que interrumpió una tendencia descendente de más de una década, pero también que una proporción récord desde 1997, el 39 %, considera posible una democracia sin Congreso (Corporación Latinobarómetro, 2024). V-Dem sitúa a la región como la segunda más democrática del mundo, con el 71 % de su población en democracias, pero registra procesos de autocratización en Argentina, El Salvador, Haití, México, Nicaragua y Perú (Nord et al., 2026).

El diagnóstico no es indiscutido. Little y Meng (2024) sostuvieron que los indicadores objetivos de democracia, como el desempeño de los gobernantes en las elecciones, no muestran un declive global durante la última década, y atribuyeron la discrepancia con los índices de expertos a posibles sesgos de codificación o a formas sutiles de acción antidemocrática difíciles de medir. Knutsen et al. (2024) respondieron que la democracia es un concepto con dimensiones que exceden lo electoral y que los indicadores objetivos no capturan la erosión de la libertad de expresión, de los contrapesos o del Estado de derecho. La controversia es productiva para este artículo. El propio informe de V-Dem indica que, en el caso estadounidense, los componentes electorales se mantienen estables mientras se deterioran los demás (Nord et al., 2026). La inferencia que se desprende es que la amenaza contemporánea se dirige menos contra la existencia de elecciones que contra los componentes liberales e igualitarios de la democracia: los contrapesos, las libertades que hacen posible la deliberación y la igualdad política sustantiva.

9.2 Mecanismos de la autocratización contemporánea

Lührmann y Lindberg (2019) caracterizaron la tercera ola de autocratización por su gradualidad: a diferencia de los golpes militares del siglo XX, la mayoría de los procesos actuales son conducidos por gobernantes electos que erosionan las instituciones desde dentro y bajo apariencia de legalidad. Levitsky y Ziblatt (2018) describieron ese proceso como la captura de los árbitros, la marginación de los adversarios y la reescritura de las reglas. Levitsky y Way (2010) habían conceptualizado los autoritarismos competitivos, regímenes en los que existen elecciones reales, pero el terreno de juego está sistemáticamente inclinado en favor de quien gobierna. Guriev y Treisman (2022) añadieron que muchos autócratas contemporáneos gobiernan más mediante la manipulación de la información que mediante el terror masivo, aunque el informe de V-Dem advierte que el recurso a la tortura contra la oposición se deteriora de forma sustancial en 33 países (Nord et al., 2026), lo que indica que la represión abierta no ha desaparecido.

Estos mecanismos se conectan con los procesos analizados. La concentración de la riqueza y de la propiedad mediática facilita la manipulación informativa; la erosión fiscal y la deuda limitan las promesas que los gobiernos pueden cumplir, lo que favorece la sustitución de resultados materiales por resultados simbólicos o de orden; y las plataformas permiten a los liderazgos personalistas comunicarse sin la mediación de partidos o medios, con lo que debilitan las instancias intermedias que la teoría democrática consideraba indispensables.

9.3 Posdemocracia y democracia de acreedores

Crouch (2004) denominó posdemocracia a una situación en la que las instituciones democráticas siguen funcionando formalmente, pero las decisiones sustantivas se toman en espacios de negociación entre gobiernos y élites económicas, mientras las elecciones se convierten en un espectáculo controlado por profesionales de la persuasión. Wolin (2008) describió para Estados Unidos un totalitarismo invertido, en el que el poder corporativo, y no un partido o un líder, subordina la política. Mair (2013) documentó el vaciamiento de las democracias occidentales por el retiro simultáneo de los ciudadanos y de las élites partidarias de la arena de la participación. Brown (2016) argumentó que la racionalidad neoliberal deshace el demos al convertir al ciudadano en capital humano, de modo que la democracia pierde su sujeto antes de perder sus instituciones. Streeck (2016), como se vio, añadió la figura de la democracia de acreedores. Przeworski (2019) sostuvo que las crisis contemporáneas de la democracia combinan el estancamiento de los ingresos de amplios sectores, la erosión de los partidos tradicionales y la polarización, y que su peligro no reside en un quiebre súbito sino en un deterioro gradual difícil de identificar mientras ocurre.

Estas contribuciones convergen en una idea que el modelo de este artículo hace explícita: la democracia puede vaciarse por arriba, cuando las decisiones se desplazan hacia instancias no electivas, y por abajo, cuando el malestar que ese vaciamiento genera es capturado por liderazgos que prometen restituir la soberanía popular mediante la concentración del poder. Ambos movimientos son compatibles y, en ciertos casos, se refuerzan.

9.4 Autoritarismo con consentimiento: el caso salvadoreño

El Salvador ofrece un caso límite para observar esa combinación, y se analiza aquí con atención a los hechos institucionales verificables y a las posiciones atribuibles a cada actor. V-Dem clasifica al país como autocracia electoral y lo sitúa entre los casos con mayor caída en su índice de democracia liberal desde el inicio de su episodio de reversión; el informe menciona detenciones arbitrarias y encarcelamientos masivos, restricciones a la libertad de expresión, el reemplazo de magistrados de la Corte Suprema y la manipulación de los límites al mandato (Nord et al., 2026). Freedom House registró para 2025 una pérdida de cinco puntos, la tercera mayor caída del mundo, compartida con Madagascar (Freedom House, 2026).

En el plano institucional, el 31 de julio de 2025 la Asamblea Legislativa aprobó y ratificó en una misma jornada una reforma de los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución que suprimió la prohibición de la reelección presidencial, amplió el periodo presidencial de cinco a seis años, eliminó la segunda vuelta electoral y adelantó el fin del mandato en curso al 1 de junio de 2027 para unificar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales (Diario El Mundo, 2025). La aprobación y ratificación por una misma legislatura fue posible por una reforma previa del artículo 248, ratificada en enero de 2025 (Diario Constitucional, 2025). Los promotores justificaron la reforma en la necesidad de estabilizar los periodos electorales, reducir costos y aumentar la seguridad jurídica (Revista Estrategia & Negocios, 2025); la oposición parlamentaria la rechazó y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que debilitaba la separación de poderes y el Estado de derecho (Diario Constitucional, 2025).

En mayo de 2025, la Asamblea aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que obliga a las personas y organizaciones financiadas desde el exterior a inscribirse en un registro dependiente del Ministerio de Gobernación y grava con un impuesto del 30 % las transferencias y donaciones provenientes de mandantes extranjeros (El Espectador, 2025). El Gobierno la presenta como un instrumento de transparencia sobre los fondos internacionales; organizaciones no gubernamentales sostienen que ha provocado cierres, suspensión de proyectos y una reducción del espacio cívico (Diario El Mundo, 2026). Al mismo tiempo, el presidente obtuvo un segundo mandato consecutivo en 2024 (Nord et al., 2026), y la cobertura de prensa de 2026 atribuye al régimen de excepción el respaldo de cerca del 85 % de la población (Revista Summa, 2026).

El caso ilustra lo que puede llamarse autoritarismo con consentimiento: la concentración institucional del poder no se impone contra la mayoría, sino con su respaldo, obtenido mediante resultados en una dimensión —la seguridad— que el Estado nunca garantizó a los sectores populares. La figura se aproxima a lo que O'Donnell (1994) denominó democracia delegativa, en la que quien gana la elección se considera autorizado a gobernar según su criterio, limitado solo por la duración de su mandato; la supresión de los límites a la reelección modifica incluso esa última restricción. Desde la perspectiva del modelo, El Salvador muestra la articulación entre un Estado con capacidad redistributiva limitada que expande su capacidad coercitiva, una legitimidad de desempeño que se convierte en recurso para remover contrapesos y, como hipótesis que requiere documentación específica, una comunicación gubernamental que privilegia las plataformas digitales sobre las mediaciones tradicionales. La lectura no supone un juicio sobre la valoración que la ciudadanía hace de su seguridad, que es legítima, sino una descripción de la manera en que esa valoración se traduce en concentración del poder. El caso no es excepcional en su lógica, sino en su intensidad: V-Dem registra autocratizaciones conducidas por gobiernos con respaldo electoral en contextos tan distintos como Argentina, donde la coalición gobernante ganó las elecciones legislativas de 2025, o Hungría durante los gobiernos de Fidesz desde 2010 (Nord et al., 2026).

9.5 Balance: desigualdad y democracia

La relación entre desigualdad y erosión democrática no es mecánica. Existen democracias desiguales estables y autocratizaciones en países con desigualdad moderada. Lo que la literatura sostiene es un vínculo mediado: la desigualdad económica se convierte en desigualdad política (Gilens y Page, 2014), la desigualdad política reduce la capacidad de respuesta del sistema a las mayorías y esa falta de respuesta erosiona la confianza en las instituciones representativas. Foa y Mounk (2016) interpretaron la menor adhesión a la democracia entre las cohortes jóvenes como signo de desconsolidación, una tesis que Norris (2017) cuestionó al señalar que las tendencias en las actitudes eran menos uniformes de lo que esa lectura suponía. Oxfam Internacional (2026) denominó déficit político a la brecha creciente entre los más ricos y el resto, y advirtió que su ampliación es peligrosa e insostenible.

La hipótesis que se desprende del modelo es que la erosión democrática resulta de una doble pérdida: de capacidad de respuesta material, por el repliegue fiscal y la deuda, y de capacidad de deliberación, por la transformación de la esfera pública. Cuando ambas pérdidas coinciden, la promesa de un liderazgo fuerte aparece como respuesta razonable ante instituciones que no responden. El autoritarismo contemporáneo no necesita suprimir las elecciones; le basta con vaciar los contrapesos y ocupar el espacio que dejaron la redistribución y la deliberación.

10. Discusión: la disputa social como totalidad articulada

Este apartado relaciona los hallazgos con el marco teórico, presenta la matriz de articulación de los seis ejes, examina las contratendencias y delimita lo que el análisis puede y no puede afirmar.

10.1 El circuito a la luz de la evidencia

La evidencia reunida respalda la mayor parte de las relaciones postuladas en la Figura 1, con intensidades distintas. La conversión de riqueza en poder político está documentada por literatura empírica consolidada y por datos recientes sobre propiedad mediática y ocupación de cargos. La modificación de la selectividad estatal está respaldada por la evolución de las tasas impositivas, por la persistencia de la austeridad como recomendación y por la expansión de funciones coercitivas, aunque matizada por la ampliación de la cobertura de protección social. La sustitución de la redistribución por endeudamiento es consistente con las magnitudes de la deuda y con las reconstrucciones históricas de Streeck (2016) y Krippner (2011), si bien la distribución de los intereses por clase requiere datos que no existen de forma sistemática. El papel de las plataformas como trinchera hegemónica está respaldado en su dimensión estructural —propiedad, centralidad informativa, amplificación diferencial—, pero no bajo la forma de una manipulación de corto plazo de las actitudes. La erosión democrática está documentada por los principales índices, con una controversia metodológica que, lejos de invalidarla, precisa su objeto.

En relación con el marco teórico, los hallazgos confirman la utilidad de la noción poulantziana del Estado como condensación de relaciones de fuerza: el repliegue observado no es una pérdida de capacidad estatal en abstracto, sino una reorientación de esa capacidad conforme a una correlación de fuerzas alterada. Amplían la teoría gramsciana de la hegemonía al mostrar que las trincheras de la sociedad civil pueden ser propiedad de uno de los contendientes. Y matizan las tesis de la muerte de las clases, al mostrar que lo que se debilitó no fue la estructura de clases, sino su traducción en identidades colectivas.

La Tabla 1 sintetiza la matriz de articulación. Cada fila corresponde a un eje del análisis y explicita su proposición, el mecanismo que lo vincula con el eje siguiente, la evidencia principal y la evidencia que la matiza o contradice.

Tabla 1

Matriz de articulación de los ejes analíticos

| Eje | Proposición | Mecanismo de vínculo con el eje siguiente | Evidencia principal | Matiz o evidencia en contra | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Nitidez de clase | La estructura de clases es más definida en distancia, cierre, visibilidad y traducción política; la nitidez se produce por arriba. | La concentración en la cúspide provee los recursos que se convierten en poder político (eje 2). | El 10 % más rico posee el 75 % de la riqueza; el 0.001 % pasó de cerca del 4 % a más del 6 % desde 1995 (Chancel et al., 2025); caída de la participación laboral (OIT, 2024a). | Menor desigualdad entre países (Lakner y Milanovic, 2016); pobreza mínima histórica en América Latina (CEPAL, 2025); mayor concentración europea hacia 1910 (Piketty, 2014). | | 2. Acumulación de poder | La riqueza se convierte en poder político y comunicativo con menor mediación institucional. | El poder acumulado modifica la selectividad del Estado: fiscalidad, regulación y reglas internacionales (eje 3). | Influencia desigual sobre las decisiones (Gilens y Page, 2014); probabilidad 4000 veces mayor de ocupar cargos y propiedad de medios y plataformas (Oxfam Internacional, 2026). | No hay evidencia de una estrategia unificada de las élites; sus fracciones compiten entre sí. | | 3. Estado social | El Estado se repliega como garante de derechos universales y se expande como aparato de orden. | La base fiscal erosionada desplaza la redistribución hacia el endeudamiento (eje 4). | Tasa media del impuesto de sociedades de 28.0 % a 21.2 % (OCDE, 2025); austeridad en 143 países (Ortiz y Cummins, 2022); entendimiento para excluir a grupos estadounidenses del impuesto mínimo (G7, 2025). | Cobertura de protección social del 52.4 % (OIT, 2024b); aumento de la recaudación del impuesto de sociedades en 2022 (OCDE, 2025). | | 4. Deuda | La deuda sustituye a la redistribución, transfiere renta a los acreedores y disciplina a Estados y hogares. | Estrecha el margen democrático y produce sujetos disciplinados; refuerza la distancia de clase y el malestar (ejes 1 y 5). | Deuda global superior a 365 billones de dólares (IIF, 2026a); 3400 millones de personas en países que pagan más en intereses que en salud o educación (UNCTAD, 2025). | No existe una crisis aguda de impagos; la distribución de los intereses por clase no está medida. | | 5. Plataformas | Las plataformas son trincheras de propiedad privada en la disputa por el sentido común. | El malestar tiende a desplazarse hacia antagonismos identitarios o demandas de autoridad (eje 6). | Redes y video superan a la televisión y a los sitios de medios como fuente de noticias (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2026); amplificación algorítmica diferencial (Huszár et al., 2022). | Sin efectos persuasivos detectables en el corto plazo (Guess et al., 2023; Nyhan et al., 2023). | | 6. Democracia | La erosión afecta sobre todo los componentes liberales e igualitarios y protege la acumulación. | Menos contrapesos reducen la probabilidad de revertir la concentración: el circuito se cierra (eje 1). | El 74 % de la población vive en autocracias y el 41 % en países que autocratizan (Nord et al., 2026); veinte años de declive (Freedom House, 2026). | Los indicadores objetivos muestran menor declive (Little y Meng, 2024); existen giros en U (Nord et al., 2026). |

Nota. Elaboración propia con base en las fuentes citadas. La columna del mecanismo indica la relación que conecta cada eje con el siguiente en el circuito de la Figura 1.

La matriz permite responder a la exigencia de mostrar por qué se trata de un análisis y no de una yuxtaposición de diagnósticos. Un análisis articulado se distingue de una suma de diagnósticos por tres rasgos: cada parte se define por su relación con las demás, cada relación tiene un mecanismo identificable y el conjunto produce efectos que ninguna parte produce por sí sola. En el modelo propuesto, el efecto de conjunto es la reproducción ampliada: el circuito no solo se repite, sino que en cada vuelta tiende a aumentar la concentración inicial, porque la erosión de los contrapesos democráticos reduce la probabilidad de que la acumulación sea revertida por vías institucionales. La Tabla 2 reúne los indicadores principales empleados en el análisis, con su fuente, para facilitar su verificación.

Tabla 2

Indicadores seleccionados de los procesos analizados

| Proceso | Indicador | Valor | Fuente | | --- | --- | --- | --- | | Distribución | Riqueza personal mundial en manos del 10 % más rico y de la mitad más pobre | 75 % y 2 % (2025) | Chancel et al. (2025) | | Distribución | Participación del 0.001 % más rico en la riqueza mundial | De cerca del 4 % (1995) a más del 6 % (2025) | Chancel et al. (2025) | | Distribución | Riqueza de los milmillonarios | 18.3 billones de dólares en 2025 (+16.2 % anual) | Oxfam Internacional (2026) | | Trabajo | Ingreso laboral que se habría percibido en 2024 con la participación laboral de 2004 | 2.4 billones de dólares | OIT (2024a) | | Poder | Probabilidad de ocupar un cargo político (milmillonarios frente al resto) | 4000 veces mayor | Oxfam Internacional (2026) | | Estado | Tasa legal media del impuesto sobre sociedades (Marco Inclusivo) | 28.0 % (2000); 21.2 % (2025) | OCDE (2025) | | Estado | Población con al menos una prestación de protección social | 42.8 % (2015); 52.4 % (2023) | OIT (2024b) | | Estado | Gasto social del gobierno central en América Latina | 11.6 % del PIB (2024) | CEPAL (2025) | | Deuda | Deuda global total | Más de 365 billones de dólares (primer semestre de 2026); cerca del 305 % del PIB mundial | IIF (2026a, 2026b) | | Deuda | Deuda pública mundial | Cerca del 94 % del PIB (2025); 100 % proyectado (2029) | FMI (2026) | | Deuda | Personas en países que gastan más en intereses que en salud o educación | 3400 millones | UNCTAD (2025) | | Plataformas | Uso de redes sociales y video para informarse en la última semana (48 mercados) | 54 %, por encima de la televisión y de los sitios de medios | Reuters Institute for the Study of Journalism (2026) | | Democracia | Población mundial en autocracias / en países que autocratizan | 74 % / 41 % (2025) | Nord et al. (2026) | | Democracia | Años consecutivos de declive de la libertad global | 20 (hasta 2025) | Freedom House (2026) | | Democracia | Apoyo a la democracia en América Latina | 52 % (2024) | Corporación Latinobarómetro (2024) |

Nota. Elaboración propia. Las cifras de distintas fuentes no son estrictamente comparables por diferencias metodológicas (véase el apartado 3). «Billones» equivale a millones de millones.

10.2 Contratendencias

Un modelo de reproducción que no incluyera contratendencias sería una descripción del destino y no un análisis. La evidencia registra al menos cuatro. La primera es la expansión de la protección social, que, aun siendo residual, ha llevado por primera vez la cobertura a más de la mitad de la población mundial (OIT, 2024b). La segunda es la reducción de la pobreza por ingresos en América Latina, que muestra que la concentración en la cúspide no impide mejoras en la base (CEPAL, 2025). La tercera son los procesos de democratización posteriores a episodios autocráticos, que V-Dem denomina giros en U, como los de Brasil, Polonia, Bolivia y Guatemala, y que indican que la autocratización puede revertirse (Nord et al., 2026). La cuarta es la emergencia de una agenda internacional de justicia fiscal, cuya expresión más visible fue la propuesta de impuesto mínimo a los milmillonarios elaborada para la presidencia brasileña del G20 (Zucman, 2024).

Polanyi (2003) denominó doble movimiento a la reacción de la sociedad frente a la expansión del mercado autorregulado, y mostró que esa autoprotección podía adoptar formas democráticas o autoritarias, como ocurrió en la Europa de entreguerras. Las contratendencias descritas pueden leerse como manifestaciones parciales de un contramovimiento cuya orientación política no está decidida. Revelan, además, un rasgo de la coyuntura: las mejoras en la base y las reversiones democráticas coexisten con la intensificación de la concentración en la cúspide, lo que sugiere que el núcleo de la disputa no se encuentra en la pobreza, sino en la riqueza y el poder. Las fracturas dentro de las élites, entre fracciones con intereses divergentes en la globalización, la transición energética o la regulación tecnológica, constituyen otra fuente de contratendencia cuyo examen excede los límites de este artículo.

10.3 Lo que el análisis no puede afirmar

El modelo es una reconstrucción interpretativa apoyada en evidencia, no una demostración causal. No permite afirmar que la concentración de la riqueza cause la erosión democrática en cada país, ni que las plataformas determinen los resultados electorales, ni que la deuda sea la causa única del repliegue del Estado social. Permite sostener que estos procesos coexisten, que existen mecanismos plausibles que los vinculan y que la evidencia disponible es consistente con esos mecanismos. La falsación del modelo exigiría observar, por ejemplo, casos de alta concentración de riqueza con fortalecimiento sostenido de los contrapesos democráticos, o expansiones de la deuda acompañadas de mayor progresividad fiscal y mayor desmercantilización. La búsqueda sistemática de tales casos es una tarea empírica abierta y constituye la prueba más exigente a la que puede someterse el argumento.

10.4 La disputa social: tres arenas y una pregunta

La disputa social contemporánea se libra en tres arenas que se corresponden con los niveles del modelo. En la arena de la distribución se disputa la apropiación del producto: salarios, impuestos, intereses y rentas. En la arena del Estado se disputa su selectividad: qué intereses privilegian sus instituciones y qué capacidades desarrolla. En la arena del sentido común se disputa la interpretación del malestar: a quiénes se nombra como responsables y qué soluciones aparecen como posibles. La pregunta que atraviesa las tres es si la nitidez objetiva de las clases se traducirá en una articulación política que la reconozca como relación social, y por tanto como transformable, o si seguirá desplazándose hacia antagonismos que dejan intacta su base. Mouffe (2018) sostuvo que la respuesta democrática a esa situación exige construir una voluntad colectiva en torno a demandas igualitarias, en lugar de abandonar la lógica populista a la extrema derecha; la propuesta es objeto de debate, pero identifica con precisión el problema de articulación que este artículo describe.

La coyuntura presenta rasgos del interregno gramsciano, en el que lo viejo muere sin que lo nuevo pueda nacer (Gramsci, 1981-2000, Q3, §34), con una diferencia respecto de crisis anteriores: la desigualdad está hoy mejor medida y documentada que en cualquier periodo previo, mientras las condiciones para su articulación política resultan particularmente adversas. Esa combinación define el terreno de la disputa social del presente.

11. Conclusiones

El artículo partió de la pregunta por la articulación entre procesos que suelen analizarse por separado. Su principal resultado es mostrar que la concentración de la riqueza, la conversión de la riqueza en poder, la reconfiguración del Estado, el régimen de deuda, la plataformización de la esfera pública y la erosión democrática pueden comprenderse como momentos de un circuito de reproducción ampliada del poder, cuyas relaciones tienen mecanismos identificables y respaldo empírico de intensidad variable.

Tres contribuciones conceptuales se desprenden del análisis. La primera es la noción de nitidez de clase y su descomposición en distancia, cierre, visibilidad y traducción política. La categoría permite superar la alternativa entre la tesis de la muerte de las clases y la de su retorno, al mostrar que las clases pueden ser objetivamente más nítidas y subjetivamente más opacas al mismo tiempo, y que esa brecha es el objeto central de la disputa hegemónica. Permite también precisar la fórmula según la cual las clases son más nítidas que nunca: lo son en la cúspide extrema y en la traducción política directa de la riqueza, no necesariamente en todas las dimensiones ni respecto de todas las épocas. La segunda contribución es la caracterización de la deuda como bisagra entre el plano económico, el político y el subjetivo, que permite que una estructura de alta concentración se reproduzca sin requerir una legitimación abierta de la desigualdad. La tercera es la tesis de que, para la teoría de la hegemonía, la novedad de las plataformas digitales no reside en su capacidad de persuasión inmediata, sino en que convierten las trincheras de la sociedad civil en propiedad privada de actores que participan en la disputa.

En el plano empírico, el análisis indica que la amenaza democrática contemporánea se dirige principalmente contra los componentes liberales e igualitarios de la democracia y no contra la existencia de elecciones, y que el autoritarismo con consentimiento, del cual El Salvador constituye un caso límite en la región, articula legitimidad de desempeño, capacidad coercitiva y debilitamiento de contrapesos.

La agenda de investigación que se desprende es precisa. Es necesario operacionalizar la nitidez de clase mediante la combinación de datos de cuentas nacionales distributivas con encuestas de identificación de clase, de modo que la brecha entre nitidez objetiva y subjetiva pueda medirse y compararse entre países. Se requieren estudios sobre la distribución de los pagos de intereses de la deuda pública según los estratos que poseen los títulos, un vacío que hoy impide cuantificar la transferencia que aquí se infiere. Es pertinente auditar la amplificación algorítmica de contenidos políticos en los ecosistemas digitales de habla hispana, en particular en Centroamérica, donde la evidencia es escasa. Y es necesario estudiar comparativamente los casos de autoritarismo con consentimiento en la región, con atención a las condiciones de seguridad en que se realiza la investigación social.

En el plano de las políticas públicas, y con la cautela que exige un análisis interpretativo, el modelo sugiere que las intervenciones aisladas tienen eficacia limitada si no actúan sobre las relaciones entre los ejes. La tributación coordinada de la riqueza extrema (Zucman, 2024), la reforma de la arquitectura internacional de la deuda en la línea propuesta por la UNCTAD (2025), la regulación de las plataformas con criterios de transparencia algorítmica e interés público y la protección del espacio cívico se refuerzan entre sí del mismo modo en que lo hacen los procesos que pretenden contrarrestar. La disputa social contemporánea no se resolverá en una sola arena. Su desenlace depende de que la desigualdad, hoy mejor documentada que en cualquier periodo anterior, sea reconocida como relación social susceptible de transformación y no como un paisaje inmodificable.

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