Desplazamiento discursivo y culpabilización estructural: agricultura de subsistencia, deforestación y la construcción política del responsable ambiental en El Salvador

Resumen

La atribución de responsabilidad ambiental a la agricultura de subsistencia practicada por sectores populares constituye un argumento de circulación frecuente en el discurso político salvadoreño. Este artículo evalúa críticamente la validez empírica, económica y sociológica de dicho argumento a partir de tres ejes analíticos: la evidencia sobre los determinantes reales de la deforestación, la estructura socioeconómica que produce y reproduce las prácticas de subsistencia, y los mecanismos discursivos mediante los cuales se construye la responsabilidad ambiental de los sectores subalternos. Mediante una revisión sistemática de literatura científica, estadísticas oficiales nacionales e internacionales y teoría social contemporánea, se concluye que la agricultura de subsistencia opera como causa secundaria y dependiente de condicionantes estructurales más amplios: concentración de la tierra, expansión agroindustrial, regresividad tributaria, insuficiencia salarial crónica y ausencia de protección social suficiente. La construcción discursiva del pequeño agricultor como agente degradador del territorio constituye una forma de violencia simbólica que invisibiliza actores económicos con mayor capacidad objetiva de transformación territorial. Las implicaciones para la política pública son significativas: las intervenciones dirigidas a modificar las conductas de los hogares empobrecidos sin atender los condicionantes estructurales carecen de sustento empírico y reproducen patrones de estigmatización que comprometen la legitimidad del Estado.

Palabras clave: agricultura de subsistencia; deforestación; violencia simbólica; estructura fiscal; El Salvador

1. Introducción

En el segundo trimestre de 2024, una declaración pública de un funcionario salvadoreño atribuyó a la agricultura de subsistencia practicada por sectores populares una responsabilidad central en los procesos de deforestación y degradación ambiental del país, sugiriendo que dichas poblaciones deberían abandonar tales prácticas. La declaración fue difundida en redes sociales y generó un debate público notable. Al margen de la coyuntura inmediata, el argumento expresa una lógica más general que merece examen riguroso: la idea de que los hogares rurales empobrecidos son agentes activos de destrucción ambiental cuya conducta voluntaria explica procesos de degradación territorial.

La pregunta que organiza este artículo es la siguiente: ¿es empíricamente razonable atribuir a la agricultura de subsistencia de los sectores populares una responsabilidad significativa en los procesos de degradación ambiental cuando existen estructuras económicas, fiscales y productivas con mayor capacidad objetiva de transformación territorial? La pregunta no es retórica. Admite respuestas parcialmente afirmativas en ciertos contextos ecológicos y escalas de análisis, razón por la cual el análisis debe ser conducido con precisión metodológica y sin presupuestos ideológicos previos.

El artículo se organiza en ocho secciones. La segunda y tercera secciones establecen el marco teórico y el encuadre metodológico. Las secciones cuarta y quinta examinan la evidencia empírica sobre deforestación a escala global y específicamente salvadoreña. La sexta sección analiza la estructura agraria y la economía moral de la subsistencia. La séptima examina las condiciones fiscales y materiales que producen las estrategias de reproducción de los hogares populares. La octava discute los mecanismos de simplificación discursiva en el contexto de la comunicación política contemporánea. La conclusión sintetiza las implicaciones analíticas y de política pública.

La pertinencia del análisis no se agota en el caso salvadoreño. El desplazamiento de la responsabilidad ambiental hacia los sectores más vulnerables constituye un patrón recurrente en sociedades desiguales (Bourdieu, 1999; Harvey, 2004; Wacquant, 2009), y su examen contribuye a debates más amplios sobre justicia ambiental, legitimidad estatal y formulación de políticas públicas basadas en evidencia.

2. Marco teórico: violencia simbólica, desplazamiento de responsabilidades y economía moral

2.1 La producción social del culpable ambiental

La atribución selectiva de culpa constituye un mecanismo central en la reproducción de las relaciones de dominación. Pierre Bourdieu (1984, 1999) demostró que los grupos dominantes disponen de capacidad para imponer clasificaciones sociales que naturalizan las posiciones de subordinación, haciendo que las causas estructurales de los problemas sociales aparezcan como resultado de defectos morales o cognitivos de los grupos dominados. Este proceso de violencia simbólica opera "con la complicidad de quienes la padecen" (Bourdieu & Wacquant, 1992, p. 167), no como producto de la conciencia, sino como efecto de una doxa —el conjunto de supuestos incorporados que hacen que el orden social parezca natural e inevitable.

Aplicado a la cuestión ambiental, este marco analítico ilumina cómo la atribución de responsabilidad degradadora a los agricultores de subsistencia puede funcionar simultáneamente como descripción del mundo (afirmación empírica, verificable o falsable) y como operación simbólica (construcción de un culpable social que desvía la atención de los actores con mayor capacidad de transformación territorial). Diferenciar ambas dimensiones es precisamente la tarea del análisis sociológico: no asumir que toda atribución de responsabilidad es ideológica, pero tampoco asumir que toda atribución es empíricamente correcta.

Loïc Wacquant (2007, 2009) extendió este análisis al describir la estigmatización territorial como un mecanismo mediante el cual los espacios habitados por poblaciones empobrecidas son construidos discursivamente como fuentes de peligro social, justificando intervenciones que recaen sobre los síntomas sin abordar las causas. Su concepto de sociodicia negativa —la legitimación del sufrimiento social presentándolo como resultado de fallas individuales— es particularmente relevante para el examen de discursos que construyen a los pequeños agricultores como destructores del territorio. Wacquant (2009) documenta extensamente cómo "el programa paternalista de penalización de la pobreza apunta a contener los desórdenes urbanos producidos por la desregulación económica" (p. 1), trasladando hacia los individuos la responsabilidad de procesos sistémicos.

James C. Scott (1976, 1985) ofrece una perspectiva complementaria desde la economía política campesina. Su análisis de la economía moral —el sistema de valores que guía las decisiones de los hogares campesinos— establece que las prácticas agrícolas de subsistencia responden a una racionalidad de minimización del riesgo de subsistencia, no a ignorancia o irracionalidad. Las familias que practican agricultura de autoconsumo no lo hacen por elección libre entre alternativas comparables, sino por restricciones estructurales que limitan el acceso a otras formas de reproducción. Scott (1985) documenta empíricamente que "los pobres se aferran a un modo de vida en desaparición, no porque sean incapaces de comprender las alternativas, sino porque las alternativas disponibles no garantizan la seguridad que el modo de vida existente proporciona" (p. 350).

Karl Polanyi (1944/2001) proporciona el encuadre histórico-estructural más amplio. Su análisis de la gran transformación —la subordinación de la tierra, el trabajo y el dinero a la lógica del mercado como mercancías ficticias— permite comprender por qué las poblaciones rurales quedan atrapadas entre la imposibilidad de reproducirse íntegramente mediante el mercado laboral y la necesidad de recurrir a formas de producción directa de alimentos. David Harvey (2004) actualizó este análisis bajo el concepto de acumulación por desposesión, describiendo cómo la expansión del capital agroindustrial reconfigura el territorio mediante la concentración de la tierra, desplazando a las poblaciones rurales hacia terrenos marginales donde la presión sobre los ecosistemas es mayor. Desde esta perspectiva, la relación causal entre agricultura de subsistencia y degradación ambiental es, en parte, un efecto de la concentración de la tierra, no una causa autónoma.

2.2 Capacidades, agencia y restricción estructural

Amartya Sen (1981, 1999) ofrece una herramienta analítica complementaria a través del enfoque de capacidades y su teoría de los derechos de acceso (entitlements). Sen demostró que las hambrunas y la inseguridad alimentaria no son producidas por déficits absolutos de alimentos, sino por fallas distributivas y por la incapacidad de ciertos grupos para ejercer derechos de acceso sobre los alimentos existentes. Aplicado a la cuestión de la subsistencia agrícola, el análisis de Sen sugiere que la práctica del autoconsumo refleja la insuficiencia de los derechos de acceso disponibles para los hogares pobres —salarios inadecuados, mercados laborales precarios, protección social insuficiente— más que una opción racional en igualdad de condiciones. Culpabilizar al agricultor de subsistencia sin examinar la estructura de derechos de acceso que lo produce equivale, en términos analíticos, a culpar a la víctima de la hambruna por no haber encontrado alimentos en el mercado.

3. Notas metodológicas

Este artículo adopta un diseño de análisis documental crítico-comparativo. El corpus empírico se compone de tres tipos de fuentes: estudios científicos revisados por pares sobre determinantes de la deforestación (con énfasis en revisiones sistemáticas y meta-análisis de cobertura global y latinoamericana); estadísticas oficiales salvadoreñas producidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de Hacienda, la Digestyc y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA); y estudios de organizaciones especializadas en política fiscal y desarrollo (ICEFI, FUSADES, CEPAL, Banco Mundial).

El procedimiento analítico combina revisión bibliográfica sistemática, análisis estadístico descriptivo de datos secundarios y análisis crítico del discurso. La limitación principal es la dependencia de datos secundarios, que impide establecer con precisión causal el peso relativo de cada factor en la deforestación salvadoreña específicamente. Esta limitación es reconocida y se indica explícitamente cuando la interpretación depende de extrapolaciones desde evidencia de otros contextos geográficos.

Una aclaración epistemológica es necesaria: el análisis no asume que la agricultura de subsistencia carece de toda incidencia ambiental. La evidencia disponible sugiere que sí tiene efectos sobre la cobertura forestal, especialmente mediante la práctica de la roza y quema en pendientes pronunciadas. El objetivo del análisis no es negar dicha incidencia, sino contextualizarla en relación con otros determinantes de mayor peso y examinar si la atribución de responsabilidad central a los pequeños agricultores encuentra sustento en la evidencia disponible.

4. ¿Qué dice la evidencia científica sobre los determinantes de la deforestación?

4.1 Escala global: agricultura comercial como vector dominante

La literatura científica sobre deforestación establece con consistencia que la expansión de la agricultura —especialmente la agricultura comercial a gran escala— constituye el principal determinante de la pérdida de cobertura forestal a nivel mundial. Pendrill et al. (2022), en una síntesis publicada en Science, establecen que entre el 90 y el 99% de la deforestación tropical durante el período 2011-2015 fue impulsada por la expansión agrícola. La agricultura es el vector dominante, pero la categoría "agricultura" incluye una amplia variedad de actores y escalas que requieren desagregación analítica.

Un meta-análisis reciente que incorpora 234 estudios empíricos en 63 países (ScienceDirect, 2025) encontró que la deforestación es causada principalmente por la agricultura comercial, incluyendo ganadería extensiva (presente en el 83% de los estudios como factor principal), seguida por la extracción maderera (52%) y la agricultura de subsistencia (50%). Este hallazgo requiere una lectura cuidadosa: que la agricultura de subsistencia aparezca como factor en la mitad de los estudios no significa que tenga el mismo peso explicativo que la agricultura comercial. El meta-análisis señala que "los factores subyacentes son fundamentalmente económicos, demográficos y políticos", y que las políticas deben abordar estos determinantes junto con las causas directas.

La diferenciación geográfica es crucial. En América Latina, donde se ubica El Salvador, la agricultura comercial es el principal motor de deforestación, responsable de aproximadamente dos tercios de la pérdida de bosques (FAO/ScienceDaily, 2012). Para el análisis del contexto centroamericano y salvadoreño, la evidencia señala que la expansión de los agronegocios —caña de azúcar, palma africana, ganadería extensiva, soja— constituye el vector principal, no las parcelas de autoconsumo de los hogares empobrecidos. La NASA Earth Observatory precisa la distinción: mientras los pequeños agricultores utilizan técnicas de roza y quema que generan impacto localizado, la producción de materias primas para el mercado global "implica tala rasa y tiene impactos significativos sobre los bosques" (NASA, 2022).

4.2 El caso salvadoreño: ciclos agroindustriales y degradación territorial

El Salvador presenta una historia de degradación ambiental que el Informe de Neutralidad de la Degradación de la Tierra (UNCCD, 2023) conecta directamente con sucesivos ciclos de monocultivos de exportación: añil (hasta finales del siglo XIX), café (desde 1838), algodón (desde 1950) y caña de azúcar (ciclo en curso). "El tipo de agricultura que se promovió en cada ciclo dependía de crecientes niveles de uso de agroquímicos y otras prácticas no sostenibles, lo que causó una degradación ambiental severa con grandes alteraciones del paisaje, caracterizada por una fuerte erosión y pérdida de suelo fértil" (UNCCD, 2023, p. 5).

La FAO registra que, según el MARN, únicamente el 7,06% del territorio nacional cuenta con cobertura boscosa natural primaria (FAO, s.f.). Según el Inventario Nacional de Bosques de 2018, la cobertura forestal total —incluyendo bosques secundarios y cafetales bajo sombra— alcanza el 37,9% del territorio (MARN, 2018). El estudio del MARN sobre la producción azucarera (2012) documenta que el área cultivada con caña de azúcar supera las 100.000 manzanas, y que "una parte de la ampliación de la caña en los últimos años está avanzando hacia zonas frágiles, cercanas a bosques salados" (MARN, 2012, p. 1). La región de Usulután, señalada como la zona más deforestada del país en las dos últimas décadas, alberga la Reserva de la Biosfera Xiriualtique-Jiquilisco y ha sido afectada directamente por el avance de los monocultivos de caña de azúcar que amenazan el 50% de los manglares de la costa del Pacífico norte (Bosques Latam, 2023).

Investigaciones periodísticas verificadas (Connectas/GatoEncerrado, 2025) documentan que estos monocultivos industriales han crecido "de forma descontrolada, ya que el MARN no registra la gestión de ninguna actividad agrícola en su base de datos de permisos ambientales en esta zona". La ausencia de regulación efectiva sobre los actores agroindustriales contrasta con la visibilidad discursiva atribuida a la agricultura familiar de subsistencia como factor degradador. El Banco Mundial (2020) señala que los productores de subsistencia cultivan en pendientes pronunciadas sin prácticas de conservación, contribuyendo a la erosión del suelo; sin embargo, contextualiza esta práctica en el marco de insuficiencia de acceso a tierras productivas y ausencia de asistencia técnica.

La síntesis disponible permite una conclusión provisional pero sostenida: en El Salvador, la transformación territorial más significativa ha sido producida por sucesivos ciclos de monocultivos de exportación respaldados por políticas estatales, no por las prácticas de autoconsumo de los hogares rurales empobrecidos. La agricultura de subsistencia genera impactos localizados que son reales pero secundarios en relación con los procesos de cambio de uso del suelo promovidos por actores agroindustriales con mayores recursos y alcance territorial.

5. Estructura agraria, concentración de la tierra y reproducción de la subsistencia

5.1 La estructura agraria como determinante del comportamiento ambiental

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, s.f.) documenta que El Salvador mantiene "una fuerte desigualdad en la distribución de la tenencia de la tierra, concentración y cierta inflexibilidad en su transferencia entre los distintos estratos de explotaciones". Este contraste entre un subsector moderno y tecnificado y un amplio subsector con baja eficiencia productiva "provoca una incapacidad para cubrir las necesidades en alimentos de la población, acelera el ritmo de degradación de los recursos naturales, genera desempleo y eleva los indicadores de pobreza rural" (CEPAL, s.f.). El análisis de la CEPAL establece una conexión explícita entre estructura agraria desigual y degradación ambiental: no es la pobreza per se la que degrada el territorio, sino la estructura desigual de acceso a recursos que produce simultáneamente pobreza e impactos ambientales.

La historia de la tenencia de la tierra en El Salvador es inseparable de la historia de sus ciclos de monocultivos. Entre 1881 y 1882, la extinción de las tierras comunales y ejidales transfirió esas tierras a la oligarquía terrateniente nacional para que constituyera la hacienda cafetalera (Albasud, 2021). Esta concentración histórica determinó que la agricultura campesina de autoconsumo quedara confinada a tierras de menor productividad, con mayor pendiente y mayor vulnerabilidad ecológica. La presencia de agricultores de subsistencia en terrenos frágiles no es el resultado de una elección libre; es el resultado de siglos de desposesión que los relegó a los espacios que la agricultura comercial no había ocupado. La disponibilidad de tierra por habitante rural era ya de apenas 0,3 hectáreas, lo que, unido al limitado trabajo estacional, "influye en los excesivamente limitados ingresos de la familia rural" (OEA, s.f.).

5.2 Tierra ociosa y subutilización

Un análisis riguroso de la presión ambiental generada por la agricultura de subsistencia requiere examinar no solo qué tierras están siendo cultivadas por pequeños agricultores, sino cuántas tierras aptas permanecen ociosas o subutilizadas en manos de grandes propietarios. La Reforma Agraria de los años ochenta estableció un límite de 245 hectáreas por persona natural o jurídica (artículo 105 de la Constitución), aunque la efectividad de este límite ha sido cuestionada y existe debate político reciente sobre su eventual eliminación (Albasud, 2021). [FUENTE REQUERIDA: estadísticas actualizadas sobre superficie de tierras ociosas o subutilizadas por estrato de tamaño de propiedad — Censo Agropecuario más reciente].

La ausencia de datos sistemáticos sobre tierra ociosa en El Salvador constituye en sí misma un indicador político relevante: la invisibilización estadística de la subutilización de grandes propiedades concentra el debate en la presión demográfica sobre los recursos naturales, omitiendo la pregunta sobre la asignación eficiente del territorio.

6. La economía de la subsistencia: por qué las familias practican agricultura de autoconsumo

6.1 Insuficiencia salarial crónica como determinante estructural

La agricultura de subsistencia no puede comprenderse como práctica autónoma desligada de las condiciones del mercado laboral. El análisis socioeconómico de la UCA (2024) establece que "el salario mínimo de El Salvador no ha sido suficiente en ningún año del siglo XXI para garantizar la sobrevivencia de las personas trabajadoras y sus familias". Para 2024, un hogar de cuatro personas dependiente del salario mínimo del sector Comercio y Servicios ($365.00 mensuales) disponía de apenas $54.36 al mes para cubrir gastos distintos a la alimentación básica, una vez descontadas las cotizaciones de seguridad social y el costo de la canasta básica alimentaria ($273.23) (UCA, 2024). Con $54 mensuales es materialmente imposible pagar alquiler, gastos de educación, salud y vestuario para una familia.

Este escenario de insuficiencia salarial estructural se ha agravado en el período 2021-2024. Desde la última actualización del salario mínimo en agosto de 2021, los alimentos y bebidas no alcohólicas acumularon una inflación del 16% y la canasta básica aumentó un 19,31% en el mismo período (El Salvador, 2024). El Salvador fue el único país de Centroamérica que no aumentó su salario mínimo entre 2021 y 2024, profundizando la brecha entre ingresos formales y costo de reproducción de la vida. Desde el análisis de la economía moral (Scott, 1976; Chayanov, 1966), la agricultura de subsistencia constituye una respuesta racional a esta estructura de restricciones: las familias que cultivan una parcela para el autoconsumo están garantizando el umbral de seguridad alimentaria que el mercado laboral no les proporciona.

6.2 La estructura tributaria y la carga regresiva sobre los hogares populares

La estructura fiscal salvadoreña agrava las restricciones materiales de los hogares de bajos ingresos mediante un diseño tributario predominantemente regresivo. Según datos del ICEFI (2018), la carga tributaria de El Salvador es de 18,3% del PIB —la más alta de Centroamérica—, pero un 11,1% de ese porcentaje corresponde a impuestos indirectos (especialmente el IVA), mientras que solo el 7,1% proviene de impuestos directos sobre personas jurídicas. El IVA representa una proporción mayor del ingreso para las familias de menores recursos que para las familias con ingresos altos, dado que las primeras destinan una fracción más elevada de su presupuesto al consumo.

FUSADES, en su "Diagnóstico del sistema tributario salvadoreño", reconoció que el IVA como principal fuente recaudatoria ha contribuido a que el sistema tributario sea considerado regresivo (El Economista, 2018). El ICEFI confirmó esta regresividad mediante índices técnicos de análisis distributivo (Reynolds-Smolensky, Kakwani, Suits y Musgrave-Thin), concluyendo que los hogares con ingresos bajos pagan proporcionalmente más impuesto que quienes tienen ingresos mayores (ICEFI, 2018). La Universidad de El Salvador corrobora esta caracterización: "el sistema tributario salvadoreño es regresivo y la política tributaria del país ha contribuido poco en la función redistributiva del Estado" (UES, s.f.).

A esta carga tributaria regresiva se añaden los costos cotidianos de combustibles, tasas municipales, costos financieros del crédito informal y cargos semiobligatorios que reducen el ingreso disponible de los hogares más pobres. Max Weber (1919/1978) vinculó la legitimidad del contrato fiscal a la percepción de reciprocidad entre extracción de recursos y provisión de bienes públicos; Margaret Levi (1988) demostró que dicha legitimidad depende de cuasi-voluntariedad y reciprocidad institucional —ambas condiciones estructuralmente débiles en sistemas tributarios regresivos con baja provisión de bienes públicos de calidad.

6.3 Vivienda, deuda y acceso a bienes básicos

Las barreras de acceso a la vivienda formal constituyen otro determinante de las estrategias de reproducción de los hogares populares. Los requisitos crediticios del sistema financiero formal —demostración de ingresos estables, historial crediticio, garantías patrimoniales— son incompatibles con las condiciones de empleo informal o de salario mínimo de la mayoría de la población. Este bloqueo sistémico empuja a numerosas familias hacia asentamientos precarios en zonas de riesgo, donde la economía de subsistencia se convierte en una necesidad de primer orden.

En términos de economía de la reproducción social (Fraser, 2016 [FUENTE REQUERIDA]), la agricultura de subsistencia funciona como mecanismo de externalización del costo de la reproducción de la fuerza de trabajo hacia los propios hogares: las familias producen directamente parte de los alimentos que el salario no alcanza a comprar. Esta externalización beneficia indirectamente a los empleadores que pagan salarios inferiores al costo real de reproducción de sus trabajadores, sin que este beneficio sea reconocido ni compensado en el debate sobre la responsabilidad ambiental de dichos trabajadores.

7. Redes sociales, comunicación gubernamental y simplificación de la complejidad

7.1 La gramática de los mensajes simples en entornos digitales

La atribución de responsabilidad ambiental a los agricultores de subsistencia en redes sociales obedece a una lógica comunicacional específica que es analíticamente distinguible de su contenido empírico. Los mensajes que circulan en plataformas digitales se producen en condiciones estructurales que favorecen la simplificación: límites de caracteres, competencia por la atención, lógicas algorítmicas de amplificación del contenido con alta tasa de interacción, y ausencia de mecanismos de verificación institucional previos a la publicación.

La literatura sobre comunicación política documenta que los mensajes que atribuyen responsabilidades individuales a problemas sociales complejos tienen mayor viralidad que los análisis estructurales, porque operan sobre marcos cognitivos más accesibles y moralmente resonantes (Entman, 1993; Walsh, 2020). La narrativa del "agricultor que destruye el bosque" activa marcos de responsabilidad individual, culpa moral y amenaza a un bien colectivo, altamente eficaces en términos de comunicación emocional. La narrativa de la "agroindustria que expande monocultivos hacia zonas frágiles sin permisos ambientales" requiere mayor elaboración conceptual y activa marcos de conflicto institucional que generan más controversia.

Esta asimetría comunicacional no es neutral en términos de política pública. Cohen (1972) acuñó el concepto de pánico moral para describir episodios en los que ciertos grupos sociales son construidos como amenaza a los valores o intereses de la mayoría, provocando respuestas institucionales que se concentran en los grupos señalados mientras se desatienden las causas estructurales del problema. La construcción del pequeño agricultor como degradador ambiental tiene elementos estructurales similares: produce visibilidad e indignación sobre un actor social con escaso poder político, mientras mantiene fuera del debate a actores con mayor capacidad de transformación territorial pero también con mayor poder económico y político.

7.2 La tensión entre comunicación política y formulación basada en evidencia

La eficacia comunicacional de las narrativas simplificadas no valida su corrección empírica. Esta distinción tiene implicaciones prácticas significativas para la formulación de políticas públicas. Si la política ambiental se orienta por diagnósticos empíricamente incorrectos —construidos mediante la lógica de la comunicación viral más que mediante análisis de evidencia— sus intervenciones no producirán los resultados buscados. Peor aún, pueden producir efectos adversos: estigmatizar prácticas que son respuestas adaptativas a condiciones estructurales que la política no modifica, desincentivando la cooperación de las comunidades rurales con los programas de conservación.

La tensión entre comunicación política y política pública basada en evidencia no es resuelta por la denuncia moral de los comunicadores. Es resuelta, como señala Scott (1998) en Seeing Like a State, por la construcción de sistemas de conocimiento que hagan legible la complejidad del territorio sin reducirla a categorías administrativamente convenientes pero empíricamente inexactas.

8. Discusión: responsabilidad diferencial, estructuras de incentivos y justicia ambiental

Los hallazgos de este análisis convergen en torno a un argumento central: la atribución de responsabilidad significativa a la agricultura de subsistencia como causa principal de la degradación ambiental en El Salvador carece de sustento en la evidencia disponible. Esto no implica que dicha práctica sea ambientalmente neutra —la erosión de suelos en pendientes pronunciadas y la eliminación de cobertura arbórea en parcelas pequeñas son efectos documentados. Implica que su peso explicativo es secundario en relación con determinantes estructurales de mayor envergadura: la expansión de monocultivos agroindustriales sin regulación ambiental efectiva, la concentración de tierras aptas en pocas manos, y las políticas de incentivos que históricamente priorizaron la agricultura de exportación sobre la producción campesina sostenible.

La evidencia disponible sugiere tres proposiciones analíticas. Primera: la agricultura de subsistencia es un efecto de la estructura agraria desigual antes de ser una causa de la degradación ambiental. Los pequeños agricultores cultivan tierras frágiles y marginales porque han sido históricamente desplazados de las tierras productivas por ciclos sucesivos de acumulación agroindustrial. Segunda: las condiciones materiales que producen la agricultura de subsistencia —insuficiencia salarial, regresividad tributaria, precariedad laboral, ausencia de protección social suficiente— no son eliminables mediante la modificación de las conductas individuales de los agricultores, sino mediante transformaciones en las estructuras que generan dichas condiciones. Tercera: la construcción discursiva del pequeño agricultor como culpable ambiental tiene el efecto funcional de desviar la atención de actores económicos con mayor capacidad objetiva de transformación territorial, que operan en un entorno regulatorio frecuentemente permisivo.

Desde la perspectiva del contrato social (Weber, 1919/1978; Marshall, 1950; Levi, 1988; Offe, 1984), la carga fiscal regresiva que recae sobre los hogares de menores ingresos reduce la legitimidad del sistema tributario precisamente porque las prestaciones estatales correspondientes —bienes públicos de calidad, protección social efectiva, asistencia técnica agrícola, acceso a tierra productiva— son insuficientes. La percepción de extracción sin reciprocidad adecuada deteriora la confianza institucional, lo que a su vez dificulta la implementación de políticas ambientales que requieren la cooperación activa de las comunidades rurales.

Finalmente, la atribución de responsabilidad ambiental a los sectores más vulnerables tiene implicaciones distributivas específicas: si la política ambiental se concentra en regular las prácticas de subsistencia de los hogares pobres sin abordar los determinantes estructurales, el costo del ajuste ambiental recaerá desproporcionadamente sobre quienes menos contribuyeron al problema y tienen menor capacidad de absorber dicho costo. Esto constituye, en términos de justicia ambiental, una forma de regresividad ecológica análoga a la regresividad tributaria.

9. Conclusiones

Este artículo ha examinado críticamente el argumento que atribuye a la agricultura de subsistencia de los sectores populares una responsabilidad central en los procesos de degradación ambiental en El Salvador. El análisis de la evidencia disponible permite establecer las siguientes conclusiones.

En primer lugar, la evidencia científica global establece que la agricultura comercial —incluyendo ganadería extensiva, monocultivos de exportación e industria palmera y azucarera— constituye el principal determinante de la deforestación tropical, con una presencia dominante en el 83% de los estudios de meta-análisis recientes. En América Latina específicamente, los agronegocios son responsables de aproximadamente dos tercios de la pérdida de bosques. La agricultura de subsistencia genera impactos reales pero localizados que son empíricamente secundarios en relación con los efectos de la expansión agroindustrial.

En segundo lugar, el caso salvadoreño exhibe un patrón histórico de degradación territorial asociado directamente a ciclos de monocultivos de exportación respaldados por políticas estatales —añil, café, algodón, caña de azúcar— que transformaron el paisaje forestal salvadoreño antes de que la agricultura de subsistencia en tierras marginales adquiriera su escala actual. La expansión de la caña de azúcar sobre zonas frágiles y áreas protegidas sin permisos ambientales registrados constituye un problema ambiental verificado de primer orden.

En tercer lugar, las prácticas de subsistencia agrícola son respuestas funcionales a condiciones estructurales concretas: un salario mínimo que no alcanza para cubrir dos canastas básicas alimentarias durante dos décadas consecutivas, una estructura tributaria que concentra la carga fiscal en impuestos al consumo de carácter regresivo, y una estructura agraria históricamente desigual que confinó la producción campesina a las tierras de menor productividad.

En cuarto lugar, la construcción discursiva del pequeño agricultor como responsable ambiental opera como mecanismo de desplazamiento que concentra la visibilidad en el actor con menor capacidad política de respuesta, mientras mantiene fuera del debate a los actores con mayor capacidad objetiva de transformación territorial. Desde la perspectiva de la violencia simbólica (Bourdieu, 1984, 1999) y la estigmatización territorial (Wacquant, 2007), este mecanismo reproduce relaciones de dominación al naturalizar un diagnóstico que sirve los intereses de quienes más se benefician de la configuración territorial existente.

Las implicaciones para la política pública son claras. Las políticas ambientales eficaces requieren diagnósticos precisos que diferencien entre tipos de actores y escalas de impacto. La modificación sostenible de las prácticas de uso del suelo de los pequeños agricultores requiere atender simultáneamente las condiciones económicas que las producen. La regulación ambiental sobre los actores con mayor capacidad de transformación territorial —agroindustria, ganadería extensiva, desarrolladores inmobiliarios— es condición necesaria para cualquier política de conservación ambiental con pretensión de eficacia.

Finalmente, la investigación futura debería orientarse a producir datos desagregados por tipo de actor sobre tasas de cambio de uso del suelo en El Salvador para el período 2010-2025. La ausencia de esos datos no es metodológicamente neutral: es en sí misma un dato sobre las prioridades de la producción de conocimiento sobre el problema.

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