Concentración de Riqueza
en El Salvador

Hay una diferencia fundamental entre un país que crece y un país que se desarrolla. El crecimiento mide cuánto produce una economía. El desarrollo mide cómo vive su gente. En El Salvador, esa diferencia tiene rostro, historia y estructura.

Durante los próximos diez días vamos a publicar una serie que examina uno de los fenómenos más determinantes y menos discutidos en la vida pública salvadoreña: la concentración extrema de la riqueza, su origen histórico, los mecanismos que la reproducen, y el impacto que tiene sobre la vida cotidiana de la mayoría de la población. No se trata de un ejercicio de resentimiento ni de un llamado a la envidia social: se trata de entender, con rigor empírico y honestidad intelectual, cómo se distribuye el poder económico en este país y por qué esa distribución importa para todo lo demás.

La concentración de riqueza en El Salvador no es un accidente ni una condición natural. Es el resultado acumulado de decisiones históricas, estructuras de producción, marcos legales y relaciones de poder que han favorecido sistemáticamente la acumulación en pocas manos. Desde la economía del café en el siglo XIX hasta la reconversión financiera de los años noventa, el hilo conductor ha sido siempre el mismo: un modelo económico que premia la posesión del capital sobre el trabajo, que privatiza las ganancias y socializa las pérdidas, y que ha encontrado en el Estado un aliado más frecuente que un árbitro.

A lo largo de esta serie exploraremos quiénes son los grandes grupos económicos del país, cómo se formaron y cómo operan; qué dice la evidencia sobre el grado de concentración; cómo funciona el sistema fiscal y por qué tiende a cobrar más a quienes menos tienen; qué relación existe entre el poder económico y la captura institucional del Estado; y qué consecuencias tiene todo esto sobre el empleo, la salud, la educación y las posibilidades reales de movilidad social. Mañana, Publicación 2.

La historia de la riqueza en El Salvador es también la historia de cómo un pequeño grupo aprendió a convertir cada crisis, cada reforma y cada cambio de régimen en una nueva oportunidad de acumulación.

El mito de las 14 familias que controlaban El Salvador es, en realidad, la simplificación de un fenómeno más complejo pero igualmente real: la existencia de una élite económica reducida, con vínculos endogámicos, que dominó primero la tierra, luego las exportaciones, y finalmente las finanzas y el comercio. Durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, el café fue el eje organizador de toda la economía nacional. El control de las tierras más fértiles —obtenido en gran parte mediante la abolición de las tierras comunales indígenas decretada en 1881— permitió a un pequeño grupo de familias convertirse en el centro de gravedad económico, político y social del país.

La guerra civil y las reformas de los años ochenta reonfiguraron pero no eliminaron este poder. Paradójicamente, la transición facilitó una mutación hacia un poder aún más concentrado y menos visible. Con la privatización de la banca en los años noventa, los grupos económicos supervivientes se apoderaron del sistema financiero, lo que les proporcionó una posición estratégica sin precedentes: quien controla el crédito controla, en buena medida, quién puede invertir, expandirse o quebrar en ese país.

Entre los grupos más documentados en la literatura académica figuran el Grupo Cuscatlán (44 empresas en banca, seguros, pensiones, bienes raíces, telecomunicaciones), el Grupo Banagrícola (36 empresas incluyendo cemento, transporte aéreo, licores, azúcar), y el Grupo Banco Salvadoreño (54 empresas en industria química, seguros y comercio). Las investigaciones de Alexander Segovia, Héctor Lindo-Fuentes y Harald Waxenecker documentan con detalle esta reconversión oligárquica, que fue de terratenientes a banqueros sin que cambiara la estructura de poder subyacente.

Medir la concentración de riqueza es técnicamente difícil y políticamente incómodo. Pero los datos disponibles, aunque imperfectos, apuntan en una dirección inequívoca: la brecha es estructural, persistente y más profunda de lo que los indicadores oficiales sugieren.

El principal problema para medir la concentración de riqueza en El Salvador es que las encuestas de hogares —base de los indicadores oficiales— capturan muy mal los ingresos y patrimonios de los segmentos más ricos. Las élites económicas no responden encuestas, o si lo hacen, subreportan sus ingresos y su patrimonio. Esto significa que el Coeficiente de Gini oficial, calculado sobre la EHPM, no puede capturar la magnitud real de la concentración en el extremo superior de la distribución, que es precisamente donde la desigualdad es más pronunciada.

La concentración de la riqueza patrimonial —activos financieros, bienes raíces, capital empresarial— es aún más extrema que la concentración del ingreso anual. En economías donde los activos se heredan dentro de pocas familias, la desigualdad patrimonial tiende a ser mucho más alta que la de ingresos. En El Salvador, la ausencia de un impuesto al patrimonio, la debilidad del impuesto predial y la inexistencia de un impuesto a las sucesiones significativas hacen que esa riqueza se transmita intergeneracionalmente sin ninguna fricción redistributiva.

Un sistema fiscal justo debería reducir la desigualdad: cobrar más a quienes más tienen y usar esos recursos para financiar servicios que beneficien a todos. El sistema fiscal salvadoreño hace aproximadamente lo contrario.

La estructura fiscal de un país es, entre otras cosas, una declaración de valores políticos. Define quién financia al Estado y, por tanto, quién tiene mayor interés en que el Estado funcione. En El Salvador, esa estructura tiene tres características que, combinadas, producen un efecto profundamente regresivo: alta dependencia de impuestos al consumo, capacidad limitada de recaudación sobre el capital y las rentas altas, y una evasión concentrada en los segmentos de mayor ingreso y patrimonio.

El IVA del 13% se aplica por igual a todos, independientemente del nivel de ingreso. Su carga relativa es mucho mayor para los hogares pobres, que destinan casi todo su ingreso al consumo de bienes básicos. El impuesto sobre la renta, que podría corregir esta regresividad, enfrenta una evasión del 40–50% en personas jurídicas —documentada en estudios del propio Ministerio de Hacienda. La ausencia de impuesto predial efectivo, de impuesto al patrimonio y de gravamen a sucesiones hace que las grandes fortunas puedan crecer durante décadas sin contribuir proporcionalmente al Estado.

Una democracia funciona cuando el gobierno toma decisiones en nombre del bien común. Cuando un pequeño grupo tiene la capacidad de orientar esas decisiones hacia sus propios intereses, hay un nombre técnico para eso: captura del Estado. Y tiene mecanismos muy concretos.

La captura del Estado es el proceso mediante el cual actores privados logran que las instituciones públicas actúen en función de sus intereses particulares más que del interés general. En democracias formalmente consolidadas como la salvadoreña, este proceso opera a través de mecanismos más sutiles que la corrupción directa: el financiamiento de partidos políticos a cambio de acceso y favores regulatorios; la ocupación de cargos públicos por ejecutivos del sector privado y viceversa —la "puerta giratoria"—; el control de medios de comunicación que moldean la agenda pública; y la influencia sobre la formación de élites tecnocráticas mediante el financiamiento de universidades y centros de pensamiento.

La Fundación Heinrich Böll publicó en 2017 un estudio sobre élites políticas y económicas en El Salvador que concluye que hay un "continuum sistemático de coexistencia entre acumulación, impunidad y poder". Ese continuum se expresa en fenómenos verificables: la ausencia histórica de un impuesto predial efectivo —rechazado sistemáticamente en la Asamblea Legislativa—, la aprobación de exenciones fiscales a sectores con alto poder de lobbying, o la ausencia de marcos regulatorios que protejan la competencia en mercados oligopólicos.

Es importante distinguir este análisis de una narrativa conspirativa. La captura del Estado no requiere reuniones secretas ni acuerdos explícitos. Funciona como un proceso sistémico donde los tomadores de decisiones son reclutados de los mismos círculos sociales que los grandes empresarios, comparten universidades, clubes y visiones del mundo, y tienden a ver los intereses de los grupos económicos como coincidentes con el interés nacional. La ideología del "lo que es bueno para los negocios es bueno para el país" no necesita ser una conspiración para producir resultados que favorecen consistentemente a quienes ya tienen más.

La concentración de la riqueza no es solo una estadística abstracta. Se expresa en años de vida, en títulos universitarios que no se obtienen, en enfermedades que no se tratan, en oportunidades que se cierran antes de que existan. La desigualdad es también un fenómeno biológico.

La investigación sobre los efectos de la desigualdad en la salud y el bienestar produce consistentemente los mismos hallazgos: las sociedades más desiguales —independientemente de su nivel de ingreso promedio— tienen peores resultados en salud, mayor violencia, menor movilidad social y niveles más bajos de confianza institucional. Este fenómeno, documentado extensamente por Wilkinson y Pickett en "The Spirit Level" y por Branko Milanovic en múltiples trabajos sobre desigualdad global, no se limita a los pobres: afecta a toda la sociedad, porque la desigualdad extrema genera costos sistémicos que nadie puede evadir por completo.

En El Salvador, los mecanismos a través de los cuales la concentración de riqueza afecta la vida cotidiana se refuerzan mutuamente. Los sectores con mayor poder económico tienen acceso a salud y educación privadas de calidad, lo que reduce sus incentivos para presionar por mejoras en los servicios públicos. La trampa de la desigualdad se cierra así: los hogares pobres no pueden pagar educación de calidad, sus hijos acceden a escuelas con recursos insuficientes, lo que reduce sus posibilidades de empleos bien remunerados, lo que reproduce la pobreza en la siguiente generación. La concentración de riqueza no solo describe la distribución actual: determina quién tendrá acceso a los recursos en el futuro.

En teoría, el trabajo honesto debería ser suficiente para vivir bien. En la práctica, en El Salvador, el trabajo por sí solo rara vez basta para acumular. La diferencia entre quien trabaja y quien acumula está en quién posee el capital.

La distinción entre ingreso del trabajo e ingreso del capital es uno de los conceptos más importantes —y más ignorados— en el debate económico público. El ingreso del trabajo es el salario que recibe una persona por su tiempo y esfuerzo. El ingreso del capital es el rendimiento que genera un activo —una empresa, un edificio, un bono, una participación accionaria— simplemente por existir. En economías con alta concentración de la propiedad, una parte creciente del ingreso total corresponde a retornos sobre el capital, y ese ingreso va, por definición, a quienes ya poseen capital.

Thomas Piketty documentó a nivel global que cuando la tasa de retorno del capital supera la tasa de crecimiento económico —lo que ha ocurrido sostenidamente en la mayoría de las economías—, la desigualdad patrimonial tiende a aumentar automáticamente. En El Salvador, con tasas de crecimiento históricamente bajas (1.5–3% anual) y retornos del capital en sectores oligopólicos considerablemente mayores, la proporción de la riqueza nacional que corresponde a los dueños del capital tiende a crecer respecto a la que corresponde a los trabajadores. Es una mecánica, no una conspiración.

El Salvador es uno de los países con mayor proporción de emigrantes en el mundo respecto a su población. Esa emigración masiva no es una anomalía cultural ni una preferencia individual: es la respuesta racional de millones de personas ante una estructura económica que no les ofrece perspectivas.

La emigración masiva de El Salvador tiene una relación estructural con la concentración de riqueza que rara vez se articula en el debate público. En un país donde la propiedad de los activos productivos está muy concentrada, donde el salario mínimo es insuficiente para cubrir el costo real de vida, y donde la movilidad social ascendente es estructuralmente limitada, la emigración se convierte en la única estrategia viable de mejora económica para millones de personas. No migran porque quieran: migran porque la estructura económica interna no les deja otra salida razonable.

Las remesas que envían los migrantes también funcionan como un mecanismo que atenúa la presión para transformar la estructura económica interna. Cuando las remesas financian el consumo de los sectores pobres y medios, se reduce la urgencia política de reformar el sistema fiscal, aumentar los salarios mínimos, o invertir en producción nacional. La economía puede crecer en términos de consumo sin que eso requiera ninguna redistribución de la riqueza interna, porque la redistribución llega desde afuera, procesada por el sacrificio de millones de migrantes.

El análisis de la desigualdad no tiene sentido si no va acompañado de la pregunta sobre qué puede hacerse. La evidencia comparada es clara: reducir la concentración de riqueza es posible, hay instrumentos probados, y ninguno requiere medidas "radicales". Requiere voluntad política.

La literatura académica sobre redistribución y desarrollo identifica un conjunto de instrumentos que, combinados, han demostrado ser efectivos para reducir la concentración de riqueza sin sacrificar el crecimiento económico. El primero y más fundamental es la reforma tributaria progresiva: aumentar la carga sobre el capital, el patrimonio y las rentas altas, mientras se reduce la dependencia de los impuestos al consumo. Un impuesto predial efectivo es especialmente importante en economías donde la riqueza está concentrada en bienes raíces —y es particularmente resistido por los grupos con mayor poder de lobby.

El segundo instrumento es el fortalecimiento de la administración tributaria para reducir la evasión y la elusión fiscal. Si la evasión del impuesto sobre la renta en personas jurídicas se estima en el 40–50% del potencial recaudable, combatirla equivaldría a crear una fuente de recursos comparable en magnitud a muchos programas de inversión social. El tercer pilar es la inversión pública en bienes comunes que aumenten la igualdad de oportunidades: educación pública de calidad universal, sistema de salud robusto, infraestructura y sistemas de protección social estructurales.

Hemos recorrido diez entregas sobre la concentración de riqueza en El Salvador: su historia, su dimensión, sus mecanismos de reproducción y su impacto sobre la vida cotidiana. Lo que queda claro es que la desigualdad extrema no es natural ni inevitable. Es el resultado de un sistema. Y los sistemas pueden cambiar.

La concentración de riqueza en El Salvador es el producto de decisiones históricas acumuladas a lo largo de más de un siglo: la apropiación de tierras comunales, la privatización de la banca, el diseño de un sistema fiscal que favorece al capital sobre el trabajo, la captura de instituciones reguladoras por parte de los grupos económicos, y la ausencia de políticas redistributivas efectivas. Ninguno de esos factores fue inevitable. Todos fueron el resultado de relaciones de poder concretas, decisiones políticas identificables y marcos ideológicos que naturalizaron la desigualdad como eficiencia y la acumulación como mérito.

Hablar de concentración de riqueza en El Salvador no es hacer demagogia ni promover el resentimiento social. Es reconocer que una economía donde el 0.002% de la población concentra riqueza equivalente al 87% del PIB no puede generar las oportunidades que su gente necesita simplemente dejando que el mercado funcione. El mercado es una herramienta poderosa, pero sin reglas que garanticen competencia real, sin fiscalidad que redistribuya y sin instituciones que protejan a los más vulnerables, tiende a concentrar y no a distribuir. Eso no es una crítica al mercado: es una descripción de lo que la evidencia muestra.

El futuro posible para El Salvador —crecimiento sostenido, movilidad social real, servicios públicos de calidad y una democracia que no esté capturada por intereses privados— no requiere destruir la iniciativa empresarial ni expropiar a nadie. Requiere reglas del juego más justas: un sistema fiscal que cobre proporcionalmente según la capacidad contributiva, instituciones que apliquen las leyes sin distinción de apellido, inversión pública suficiente en los bienes comunes que nadie puede proveerse individualmente, y una ciudadanía informada que exija rendición de cuentas. Esta serie fue una contribución pequeña a esa ciudadanía. El debate continúa.