El nombre del miedo

El síntoma

Una palabra que volvió de entre los muertos

En julio de 2026, el presidente de Estados Unidos calificó de "comunista" al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani —que se define a sí mismo como socialista democrático—, y en un discurso en Mount Rushmore advirtió sobre un "resurgimiento de la amenaza comunista" en suelo estadounidense.1 El fenómeno no se limita al Norte: en varios países de América Latina, dirigentes de derecha recurren de nuevo a la palabra "comunista" para nombrar a sus adversarios. Un vocablo que muchos daban por enterrado tras 1991 ha vuelto al centro de la conversación política.

Este ensayo se pregunta por qué. Conviene decirlo desde el principio y sin adornos: lo que sigue es una hipótesis de trabajo, no una tesis que dé por demostrada. La hipótesis es que el envalentonamiento de los discursos de extrema derecha y el uso inflacionario del término "comunismo" para descalificar políticas progresistas pueden leerse, al menos en parte, como una reacción frente a la recuperación de demandas redistributivas y de derechos que incomodan posiciones consolidadas durante la etapa neoliberal. La cadena que voy a examinar —dejando abiertas otras explicaciones y aceptando que opera distinto según el país— es sencilla de enunciar y difícil de probar: nuevas demandas sociales, recuperación de posiciones redistributivas, reacción de los sectores dominantes, polarización, reactivación del anticomunismo, ofensiva política de la derecha. La someto a contraste histórico, teórico y empírico, y al final le dedico una sección entera a lo que no logra explicar.

Genealogía

Cómo se conquistó el Estado de bienestar

El Estado de bienestar que se consolidó en Occidente después de 1945 no fue una dádiva ni una victoria exclusivamente obrera: fue el producto de una correlación de fuerzas históricamente específica, y explicarlo exige varias causas a la vez. La Primera Guerra Mundial hizo trizas el orden liberal del siglo XIX. La Revolución rusa de 1917 introdujo, por primera vez, la amenaza creíble de una alternativa sistémica al capitalismo. Los movimientos obreros de entreguerras, el fortalecimiento sindical y la expansión del sufragio ampliaron el peso político de las clases trabajadoras. La Gran Depresión de 1929 desacreditó la fe en el mercado autorregulado, y la movilización total de la Segunda Guerra Mundial creó expectativas de reciprocidad social que ningún gobierno podía ignorar.

Karl Polanyi ofreció, en La gran transformación (1944), el marco más influyente para entender el proceso: su idea del "doble movimiento" describe cómo la expansión del mercado autorregulado provoca, casi mecánicamente, un contramovimiento social protector —leyes laborales, seguridad social, regulación— sin el cual la sociedad se destruiría a sí misma.3 El sociólogo Michael Mann lo dice de otro modo: liberales, socialdemócratas y democristianos de posguerra lograron "humanizar el capitalismo" mediante derechos de ciudadanía y una economía keynesiana de consumo de masas, antes de que aquella "breve edad dorada" cediera paso a regímenes neoliberales más duros.4

Hay una huella institucional precisa de todo esto. El 1 de julio de 1949, la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, en vigor desde el 18 de julio de 1951.2 El texto obliga a proteger a los trabajadores contra la discriminación antisindical y a promover la negociación colectiva. Que ese reconocimiento del conflicto entre capital y trabajo se volviera derecho internacional dice algo importante: el encauzamiento institucional de esa tensión no fue un accidente del orden de posguerra, sino uno de sus pilares.

La edad dorada

El capitalismo también aprendió a conceder

¿Por qué un sistema fundado en la propiedad privada aceptó impuestos altos, protección laboral, seguridad social, negociación colectiva y servicios públicos? Tres explicaciones operan a la vez y no se excluyen. La primera es la presión desde abajo: sindicatos fuertes, partidos de masas y sufragio ampliado convirtieron la redistribución en condición de gobernabilidad. La segunda es la necesidad de estabilidad del propio sistema: sostener la demanda, reducir la conflictividad, ampliar el mercado interno, reproducir la fuerza de trabajo, legitimar la democracia frente al bloque soviético y contener alternativas revolucionarias. La tercera es la negociación institucional de un reparto parcial del crecimiento entre capital, trabajo y Estado.

La lectura tiene raíces teóricas sólidas. Gøsta Esping-Andersen demostró que no hubo un único Estado de bienestar sino al menos tres regímenes —liberal, conservador-corporativo y socialdemócrata—, lo que basta para desconfiar de cualquier explicación de una sola causa. James O'Connor y Claus Offe mostraron, por su parte, que el Estado capitalista avanzado vive una tensión estructural: debe favorecer la acumulación privada y, a la vez, legitimarse ante la población, y ambas funciones tienden a chocar en el terreno fiscal.5 De ahí la formulación que me parece más honesta: el Estado de bienestar fue una construcción histórica de una correlación de fuerzas y fue compatible con las necesidades de acumulación del capitalismo de posguerra. Las dos cosas son ciertas a la vez, y quien pierde de vista cualquiera de ellas empobrece el análisis.

El punto de inflexión

Los años setenta y el giro neoliberal

El régimen de posguerra entró en crisis en la década de 1970: inflación, crecimiento estancado, los choques petroleros de 1973 y 1979, conflictos laborales intensos, apuros fiscales del Estado y presión sobre la rentabilidad empresarial. Sobre el diagnóstico convergen tradiciones muy distintas; la disputa es sobre su significado.

David Harvey interpreta la neoliberalización como un proyecto político para la "restauración del poder de clase", con punto de inflexión en 1979-1980, bajo Thatcher y Reagan.6 Conviene ser preciso, porque circula una frase —"el capitalismo se cansó de conceder"— que suena a Harvey pero no es suya: es una glosa divulgativa, no una cita, y no debe atribuírsele. Y su marco necesita un contrapeso. Para muchos economistas, la crisis de los setenta fue, ante todo, una crisis objetiva del régimen de acumulación: inflación con estancamiento, insostenibilidad fiscal de sistemas de bienestar en expansión, envejecimiento poblacional, globalización productiva y cambio tecnológico erosionaron el modelo keynesiano con independencia de cualquier "proyecto de clase" consciente.

Hubo una crisis objetiva del modelo de posguerra y, a la vez, una lucha política por quién pagaría sus costos. Reducir todo a una conspiración de élites es tan simplista como negar que el desenlace favoreció, sistemáticamente, al capital.

El terreno

El Estado no es un botín: es un campo de disputa

Conviene abandonar dos caricaturas: la que dice que el Estado "pertenece a la burguesía" y la que sostiene que "nos representa a todos por igual". El Estado es, más bien, un espacio institucional atravesado por relaciones de poder. El mismo Estado que garantiza la propiedad privada y protege la acumulación también cobra impuestos, redistribuye, financia educación y salud, protege derechos laborales, subsidia empresas e interviene en las crisis. No es un instrumento neutral ni un instrumento cautivo: es un terreno en disputa.

De ahí que la pregunta políticamente relevante no sea "¿cuánto Estado?", sino "¿para quién, con qué instrumentos, bajo qué reglas y con qué reparto de costos y beneficios?". La reformulación no es un juego retórico: desactiva el falso dilema entre "más Estado" y "menos Estado" que ordena buena parte del debate contemporáneo, y lo reemplaza por la pregunta por la orientación distributiva de la acción estatal. Como se verá, esa es justamente la pregunta que el discurso del "Estado mínimo" necesita impedir.

El arma

Cuando todo lo progresista se llama comunismo

El rasgo más llamativo del momento es la expansión del término "comunismo" como etiqueta de estigmatización. El rigor obliga a distinguir lo que el discurso confunde a propósito: el comunismo histórico —propiedad estatal de los medios de producción, partido único— no es lo mismo que la socialdemocracia, ni que el progresismo, ni que el socialismo democrático, ni que el Estado de bienestar, ni que las políticas redistributivas dentro de una economía de mercado.

Los ejemplos abundan. En Estados Unidos, se ha calificado de "comunista" o "marxista" a figuras cuyo programa se limita a la sanidad pública, la congelación de alquileres o el apoyo al cuidado infantil —una agenda más cercana a la socialdemocracia europea que a cualquier comunismo—, según reconstruyeron medios como CNN, Time y el verificador PolitiFact.1 El propio Mamdani respondió sin rodeos: "No lo soy. Soy un socialista democrático. Lo he dicho una y otra vez". Con matices e intensidades distintas, el patrón se repite en varios países de América Latina, donde la etiqueta se aplica a agendas de política social o, sin más, a la oposición.

La paradoja salta a la vista: al llamar "comunismo" a políticas socialdemócratas corrientes, el discurso desplaza el centro de gravedad de lo pensable. Lo que hace medio siglo era el consenso de posguerra hoy se presenta como amenaza revolucionaria. El efecto no es describir al adversario, sino redibujar la frontera de lo que se puede siquiera proponer.

La paradoja

"Estado mínimo" para unos, Estado generoso para otros

El discurso de la reducción del Estado convive con una intervención estatal enorme a favor del capital. El argumento —que sostengo solo hasta donde los datos lo respaldan— es que el "Estado mínimo" para ciertos derechos sociales suele coexistir con un "Estado fuerte" para las funciones de mercado, propiedad y acumulación.

Los números permiten mostrarlo, con una advertencia necesaria sobre cómo se cuentan. El Fondo Monetario Internacional estimó que los subsidios a los combustibles fósiles alcanzaron 7 billones de dólares en 2022, el 7,1 % del PIB mundial. Pero conviene leer la letra chica: cerca del 82 % de esa cifra corresponde a subsidios implícitos —costos ambientales y sanitarios que no se cobran—, no a transferencias en efectivo. La porción de apoyo directo, la cifra rigurosa para este argumento, es de 1,3 billones, y esa sí más que se duplicó entre 2020 y 2022.7 En Estados Unidos, además, los gastos tributarios corporativos —exenciones y créditos fiscales a empresas— rondaron los 264.000 millones de dólares en el año fiscal 2025.8

El caso argentino ilustra la paradoja con claridad de manual. El gobierno de Javier Milei ejecutó en 2024 un recorte del gasto primario del 27,5 % en términos reales, con dura reducción de jubilaciones, obra pública y subsidios. Y, sin embargo, ese mismo gobierno creó por ley el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece a las inversiones superiores a 200 millones de dólares una rebaja del impuesto a las ganancias del 35 % al 25 %, amortización acelerada y estabilidad tributaria por treinta años.9 La motosierra cae sobre el gasto social mientras se levanta, a la vez, un andamiaje de incentivos para el gran capital. No prueba una intención maquiavélica universal, pero desmiente la idea de que el proyecto sea, sin más, "menos Estado": lo que cambia no es tanto el tamaño del Estado como para quién trabaja.

El mapa

El giro latinoamericano, con todos sus matices

Conviene resistir la tentación de proclamar un "giro a la extrema derecha" como verdad regional homogénea. Los datos muestran un desplazamiento real, pero desigual. El politólogo Andrés Malamud lo cuantifica: en la primera década del siglo, los candidatos de izquierda ganaron cerca del 60 % de las elecciones presidenciales de la región; en la siguiente, alrededor del 55 %; en la actual, esa proporción cayó a cerca del 40 %. Y añade un matiz decisivo: hoy los opositores ganan alrededor del 75 % de las elecciones, de modo que "el favorito es el que no está en el poder".10 Es decir: hay giro, pero puede deberse tanto a un desplazamiento ideológico como al simple castigo a los oficialismos.

La fotografía desmiente cualquier relato de bloque: Brasil, México y Uruguay siguen gobernados por la centroizquierda, y en Chile la candidata comunista Jeannette Jara obtuvo un 41,84 % nada despreciable. La explicación del giro es multicausal —inseguridad y crimen organizado, inflación y bajo crecimiento, corrupción, desencanto con gobiernos progresistas, crisis de representación, migración, polarización cultural, redes sociales y, en algunos casos, intervención externa— y ninguno de esos factores basta por sí solo. Varios, además —la inseguridad, la inflación—, no necesitan de ninguna "estrategia consciente de las élites" para producir alternancia.

El caso salvadoreño ilustra bien esa pluralidad. La política de seguridad aplicada bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 ha ido acompañada de un amplio respaldo electoral, expresado en la reelección presidencial de 2024. Es un caso en el que la demanda de orden y seguridad —más que la disputa redistributiva— parece pesar de forma decisiva en el apoyo ciudadano, lo que refuerza, precisamente, la advertencia de este ensayo contra las lecturas de una sola causa.

La cautela

"Hondurasgate": lo que sabemos y lo que no

Hay casos que obligan a separar con pinzas cada plano, y el que se conoce como "Hondurasgate" es uno de ellos. Lo verificable es esto: desde el 30 de abril de 2026, una plataforma que opera desde Suiza, junto con el medio español Diario Red / Canal Red, comenzó a difundir una serie de audios —los reportes hablan de treinta y siete grabaciones— atribuidos a intercambios de mensajería fechados entre enero y abril de 2026. La difusión es un hecho; el contenido es materia de disputa.12

En las grabaciones, una voz atribuida al expresidente Juan Orlando Hernández —condenado en 2024 en Nueva York por narcotráfico y luego indultado en diciembre de 2025— describiría un plan para recuperar poder. Aquí es imprescindible el matiz: se trata de una acusación difundida por esos medios, no de un hecho probado judicialmente. Hernández lo negó en X: "Esa claramente no es mi voz". Sobre la autenticación, algunos medios reportaron un análisis de voz con "confianza moderada", lo que dista de una certeza pericial. Y conviene subrayar que la mayoría de los medios que amplifican el caso tienen una orientación ideológica marcada, algo que no invalida su reporte pero sí obliga a la prudencia.

Lo que no puede darse por confirmado con la evidencia pública disponible es tanto como lo que se insinúa: la autenticidad forense e independiente de los audios, la existencia probada de una coordinación política internacional formal, y las afirmaciones más graves atribuidas a las voces. Todo eso permanece en el terreno de la acusación y la hipótesis. Presentar una conspiración internacional como hecho establecido no sería audacia analítica: sería una falta de rigor.

La generación

Los jóvenes y el regreso de la cuestión económica

Sería simplista afirmar que "la Generación Z es de izquierda". Los datos son ambivalentes y, en las urnas, a veces apuntan en dirección contraria: en varios países latinoamericanos, el voto joven ha sido base de apoyo de candidatos de derecha y antisistema.13 La pregunta útil es otra: ¿emerge una generación que combina progresismo cultural con demandas económicas capaces de reabrir una agenda de derechos sociales?

En lo económico, la evidencia de malestar es robusta. Los miembros de la Generación Z tienen casi el doble de probabilidad de describir su situación financiera como mala (39 %) que como buena (21 %), mientras que el resto de las generaciones se evalúa en términos más positivos.14 Una encuesta del Pew Research Center a más de diez mil adultos halló que mayorías de todas las edades consideran que hoy es más difícil para los jóvenes encontrar empleo, comprar vivienda y pagar la universidad que para la generación de sus padres.15 Y el sondeo juvenil de Harvard encontró que apenas el 13 % de los jóvenes cree que el país va en la dirección correcta, frente a un 57 % que piensa lo contrario; su director de sondeos lo resumió así: "La inestabilidad está moldeando casi todos los aspectos de la vida de los jóvenes".16

Importa no confundir dos planos que suelen ir juntos, pero no siempre: el progresismo cultural —derechos civiles, igualdad de género, diversidad— y el posicionamiento económico —redistribución, protección social—. Un mismo joven puede ser culturalmente liberal y económicamente conservador, o al revés. La hipótesis defendible es acotada: una generación que ingresa al mercado laboral bajo precarización, endeudamiento y vivienda inaccesible podría formular un nuevo repertorio de reivindicaciones económicas. Eso no equivale a decir que "se volverá comunista".

La hipótesis

¿Un nuevo pliego petitorio?

Propongo un nombre para lo que quizá esté gestándose: un nuevo pliego petitorio generacional, no necesariamente escrito con las categorías del marxismo clásico. Sus posibles renglones: vivienda accesible, empleo digno, menos precariedad, salarios suficientes, educación y salud públicas, derechos laborales para quienes trabajan en plataformas, regulación de las grandes tecnológicas, protección ambiental, impuestos a los grandes patrimonios y conciliación entre trabajo y vida.

La evidencia sobre concentración de riqueza da sustento a esa agenda. Thomas Piketty documentó que, en Estados Unidos, el 10 % más rico posee alrededor del 70 % de todo el capital, y la mitad de eso pertenece al 1 % más rico.17 La tesis es que el conflicto político por venir podría no organizarse en torno a la vieja dicotomía "capitalismo o comunismo", sino en torno a quién asume los costos de una economía concentrada y quién recibe los beneficios de la productividad y la automatización.

Aquí es imprescindible Antonio Gramsci. El capitalismo, mostró, se sostiene no solo por la coerción, sino por la hegemonía: por el hecho de que los valores de la clase dominante se vuelven el "sentido común" de todos.18 La pregunta gramsciana es, entonces, quién define lo que resulta políticamente posible, razonable, deseable o inaceptable. Leído así, el uso inflacionario de la palabra "comunismo" cumple una función muy precisa: correr la frontera de lo aceptable para expulsar de ella cualquier demanda redistributiva antes incluso de que llegue a discutirse.

La honestidad

Lo que esta lectura no explica

La honestidad intelectual pide poner las explicaciones rivales en su versión más fuerte, no en la más cómoda. La primera es el fracaso de los gobiernos progresistas: en muchos casos, el giro a la derecha se explica menos por una ofensiva de las élites que por malos resultados económicos, corrupción, ineficacia e inseguridad sin resolver bajo administraciones de izquierda. El voto de castigo es una explicación parsimoniosa que no necesita ninguna conspiración —y el dato de Malamud sobre la ventaja sistemática del opositor la respalda—.

Hay más. El cambio cultural —migración, inseguridad, identidad nacional, reacción frente a agendas identitarias— moviliza electorados con independencia de la cuestión redistributiva. La crisis de representación explica buena parte del ascenso de outsiders como rechazo a los partidos tradicionales, más que como desplazamiento ideológico coherente. La demanda de orden, en contextos de altísima inseguridad, da cuenta de fenómenos electorales mejor que cualquier teoría sobre la redistribución. Y los factores económicos objetivos —inflación, desempleo, bajo crecimiento— producen alternancia por pura insatisfacción material.

Estas explicaciones no refutan la hipótesis central, pero la limitan con severidad. La conclusión más sólida que puedo sostener es modesta: la reacción anticomunista es uno de los mecanismos en juego, probablemente sobredeterminado por los demás, y con un peso que varía enormemente de un país a otro. Presentarla como la clave única sería caer en el mismo reduccionismo que este ensayo intenta evitar.

Coda

La disputa por lo posible

No: el comunismo no está regresando como proyecto histórico. Lo que parece regresar es algo más antiguo y más básico: la disputa por quién paga, quién recibe, quién accede a los bienes públicos, quién controla el Estado y quién fija los límites de lo políticamente posible. La palabra "comunismo" funciona hoy menos como descripción de un programa que como dispositivo para clausurar el debate; sirve para expulsar del campo de lo aceptable a demandas que, hace medio siglo, formaban el consenso de posguerra.

Durante el siglo XX, las clases trabajadoras construyeron un repertorio de derechos que luego fue parcialmente desmontado —o que nunca llegó a alcanzarse del todo en el Sur global—. La pregunta que dejo abierta, porque este ensayo no pretende cerrarla, es qué ocurrirá cuando una nueva generación descubra que muchas de sus dificultades económicas no son fracasos individuales sino problemas estructurales, y vuelva a convertirlas en demandas colectivas. La cuestión decisiva no será si "la Generación Z se hará comunista", sino si volverá a politizar la economía. Y si lo hace, el nombre que sus adversarios elijan para el miedo —"comunismo" u otro— importará menos que la correlación de fuerzas que consiga construir.